2025: ¿el año del adiós a la transparencia?

Por Shanik David @chaneke9

Los últimos meses han sido complejos. Se veía venir la aprobación de la eliminación del INAI, era bola cantada como se diría coloquialmente, pero una parte de mí se mantuvo en negación. Fue hasta ese 20 de diciembre que fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación que al fin no quedó más que aceptar la realidad: 2025 será un año complejo en temas de derecho a la información y transparencia en México.

Esto ha generado una sensación de incertidumbre en cuanto al destino de los millones de documentos que están albergados en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues se desconoce qué pasará en sí con este portal, además que no sabemos cómo serán los procesos para los recursos de revisión, quién se encargará de la protección de los datos personales en posesión de particulares, así como muchos aspectos operativos que están en el aire.

Y es que una cosa es la reforma constitucional, y otra es la creación y ajustes de la normatividad secundaria necesaria para poner en marcha este nuevo marco constitucional. Al momento que se escriben estas líneas no tenemos la menor idea de cuántas leyes federales tienen que ser reformadas; de forma preliminar, considerando el alcance de lo que ahora establece el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podríamos estar hablando de las leyes general y federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las leyes orgánicas de la administración pública federal, así como de los poderes legislativo y judicial, por mencionar algunas, pero el listado será más amplio, eso es un hecho, porque falta considerar a partidos políticos, sindicatos, organismos autónomos y otros sujetos obligados.

¿Y por qué no sabemos qué se viene? Porque el Congreso de la Unión se encuentra en periodo de receso, y será hasta que retomen actividades ordinarias en febrero que se empezarán a trabajar estas reformas secundarias. 

Esto plantea un panorama complejo porque, con base en lo establecido en los artículos transitorios del decreto publicado el 20 de diciembre, el Congreso de la Unión tiene un periodo de 90 días naturales para realizar las reformas secundarias necesarias. Esto da un periodo de menos de dos meses para que ambas Cámaras realicen estas modificaciones, considerando que el periodo ordinario de sesiones arranca en los primeros días de febrero. 

Sin embargo, hay que recordar que no sólo se eliminó al INAI, sino que dentro de estos 90 días se tienen que ajustar todas las leyes que regulaban a este organismo, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. 

Esto limitará el proceso de análisis y discusión legislativa, en el cual sería fundamental la participación de la sociedad civil a manera de garantizar que dentro de la nueva legislación se protejan los mecanismos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Es decir, una vez más se hará una reforma a las prisas sólo para cumplir con compromisos políticos, sin tomar en cuenta el impacto que esta tendrá en la ciudadanía, a pesar de que fue derivado de luchas sociales que se construyó el modelo de transparencia y acceso a la información pública que tenemos en México.

Lo que de por sí ya es un panorama poco alentador, se vuelve aún más oscuro cuando recordamos que todas estas reformas que se hagan a nivel federal deberán replicarse en las entidades federativas, pero será hasta que se publiquen los decretos correspondientes a todas estas reformas que los congresos locales podrán empezar a trabajar al respecto. Es decir, la incertidumbre existente a nivel nacional se agrava en lo local.

Un ejemplo de esto se observa en un comunicado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), en donde se señala que el 7 de enero de 2025 el pleno designó a Rita Balderas Huesca como la presidenta del organismo “para el periodo comprendido del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2026, o hasta en cuanto se cumplan las condiciones establecidas en el artículo Transitorio Sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2024”, o como dice el dicho “hasta que Dios nos dé vida”. 

Mientras más se retrasen las reformas en el Congreso de la Unión, más tardaremos en saber qué nos espera en lo local, porque la discusión se ha centrado en la desaparición del INAI, lo cual ya es grave en sí mismo, pero si a esto sumamos la extinción de los organismos estatales y, posiblemente, la modificación de estructuras municipales para ajustarse a un nuevo modelo de transparencia, la situación se vuelve más compleja. 

El problema es que, por la forma en cómo se buscó sacar la reforma constitucional, no se dimensionó lo que se venía, pues no es sólo eliminar a un organismo nacional, sino que sus repercusiones en lo local tendrán impactos que afectarán de forma importante a todas las instituciones públicas. Pero hasta que no se tengan las iniciativas y leyes secundarias no tendremos claridad de qué se nos viene. Es como cuando tu pareja te dice “tenemos que hablar” y no sabes si es para bien o para mal, y mientras tanto la incertidumbre te carcome. 

Reitero, el escenario es poco alentador, pero no todo está perdido. Primero, hay que recordar que el hecho de que desaparezcan las instituciones no implica que ya no podamos ejercer nuestros derechos, estos siguen vigentes y podremos seguir haciendo solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales, aunque los procedimientos puedan volverse un poco más complejos (no lo sabremos hasta que no tengamos las leyes secundarias).

Esto va de la mano con los pronunciamientos que hicieron las personas integrantes del pleno del INAI en la sesión que tuvieron el pasado 8 de enero, en donde las comisionadas y el comisionado presidente aprovecharon para hablar acerca de los retos que se tienen en puerta frente a la inminente extinción del órgano garante. Particularmente me movió una frase, tal vez muy sencilla, de la comisionada Josefina Román Vergara, quien al inicio de su posicionamiento dijo: “La verdad es que yo no me despediré, quiero, por favor, insistir en que este es un año nuevo, lleno de retos y de oportunidades”.

La frase me hizo sentir identificada, porque en efecto, la sociedad en general y, en particular quienes estamos metidos en estos temas de la defensa del derecho a la información, la transparencia y la protección de datos personales, tenemos enfrente nuevos retos y oportunidades para reorganizarnos y buscar estrategias para la defensa de nuestros derechos, porque esto no se acaba hasta que se acaba. 

De ahí que no nos despedimos, porque esto apenas empieza…


Publicado originalmente en http://Lado B