Voces de los Comités de Cuenca Río Sonora
PROMESAS INCUMPLIDAS
Seis años han pasado ya desde que Grupo México contaminara los ríos Sonora y Bacanu-chi, fuente de vida de 22 mil personas, con más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado. Seis años del peor desastre de la industria minera del país, protagonizado por la empresa de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México.
Aunque el agua ya no esté teñida de amarillo, eso no significa que la tragedia se haya di-luido. A seis años, las comunidades viven en la zozobra: sin evidencias confiables de la calidad del agua que consumen y del suelo en el que siembran; sin acceso a atención médica especializada y sin tener certeza sobre la seriedad de las enfermedades en sus cuerpos; en una crisis económica sin precedentes, que ha obligado a familias enteras a migrar y a inten-tar rehacer sus vidas “del otro lado”; con inseguridad alimentaria, que ha modificado sus hábitos de consumo, y con la angustia de que una tragedia similar, o peor, podría suceder en cualquier momento.
Las voces de las comunidades coinciden: han sido seis años de lucha en los que la justicia parece llegar a cuentagotas, para después desvanecerse en discursos y promesas.
En estos seis años, pasó una administración federal y llegó otra. Pasó un gobierno estatal y otro tomó su lugar. Pasaron gobiernos municipales. Todos han tenido en sus manos el caso Río Sonora, y todos han prometido lo mismo: traer justicia, remediación, agua limpia, salud, castigar a Grupo México, vigilar a las mineras y terminar con los privilegios de esas empre-sas. Todos, hasta ahora, han incumplido. Mientras tanto, Germán Larrea se hace más rico y poderoso año tras año, expande su proyecto “Gran Visión” en Cananea, para poder extraer más minerales, y sigue sin reconocer los daños causados por su empresa: “¿Vimos algún pájaro muerto, algún pez o algún animal en 200 kilómetros de río? Absolutamente ninguno. El río se ensució, no se contaminó”, dijo en la única entrevista que ha concedido en su vida, en septiembre de 2019. (1)
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado altas expectativas sobre el caso. “Puede ser que tarde la justicia, pero llega”, aseguró en una conferencia matutina de di-ciembre pasado, cuando Claudia Ocaranza, periodista de PODER, le preguntó directamente sobre qué iba a hacer sobre el caso Río Sonora.
Reuniones con autoridades federales han ido y venido, y en ellas las comunidades han repetido, una y otra vez, cuál es su situación y cuáles son sus demandas. El Gobierno Federal ha reconocido que Grupo México incumplió con la remediación efectiva en el Río Sonora; que existen más enfermos por la contaminación que los 381 “oficiales”; que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) fue “un fantasma”; que los recientes muestreos de algunos de los pozos de la región demuestran presencia de metales pesados en el agua más allá de la norma; y que el Fideicomiso Río Sonora no gastó 800 millones de pesos del pre-supuesto destinado a la remediación. Además, la Profepa se comprometió con la comunidad de Bacanuchi, en la reunión pública de información, a entregar, en octubre pasado, los resultados de las inspecciones de la nueva presa de jales de Grupo México.
En los discursos oficiales se han escuchado promesas de hospitales, monitoreos de agua y de salud, vigilancia a las actividades mineras, nuevos pozos, potabilizadoras, información, participación, pero a julio de 2020 nada de esto se ha cumplido.
Indudablemente, la pandemia por COVID-19 ha configurado una nueva realidad, en la cual muchos planes han quedado aplazados. Sin embargo, la emergencia no puede ser un pre-texto para suspender los derechos humanos; al contrario, se esperaría que justamente ahora se redoblaran esfuerzos para garantizar, en el Río Sonora, el acceso al agua limpia y a atención médica, la seguridad alimentaria, los caminos en buen estado, y la vigilancia a las actividades de las industrias extractivas que pueden afectar a las comunidades.
En el sexto aniversario del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, este documento reúne las voces de los Comités de Cuenca. Es una memoria que recoge seis años de lucha y seis años de promesas incumplidas de la empresa y de los gobiernos, pero que también retoma, de la propia voz de las comunidades, los temas urgentes en los que hay que enfocarse para que, de una vez por todas, lleguen la justicia, la remediación, la reparación de los daños y se asegure la no repetición de la tragedia de 2014 con la participación de las personas afectadas. No puede pasar más tiempo.
“Las comunidades del Río Sonora tienen memoria. Seguimos esperando el cumplimiento de todas sus promesas. Enviamos un recordatorio a los tres niveles de gobierno sobre cumplir las promesas que, hasta el día de hoy, sólo se han quedado en discurso.”
AGUA
A seis años del peor desastre de la industria minera del país, los habitantes del Río So-nora no tienen ninguna certeza sobre la calidad del agua que consumen. Todo lo que han recibido de Grupo México y de los gobiernos son promesas incumplidas sobre monitoreos, pozos y potabilizadoras. A finales de 2019, la em-presa aseguró que cumplió con la remediación y que durante estos años ha realiza-do constantemente estudios de metales pesados en el agua, sin dar más detalles. Sin embargo, los resultados de estos estudios, pagados por la empresa, ni siquiera se han puesto al alcance de las personas afectadas, salvo algunos datos, de forma aislada. Lo cierto es que las comunidades, en estos seis años, han sobrevivido a partir del consumo masivo de agua de garrafón para uso doméstico, combinado con el uso del agua de los pozos (de incierta calidad). Para la agricultura y la ganadería, se sigue utilizando (con muchas sospechas) el agua de los ríos Sonora y Bacanuchi.
El tener acceso a la información completa sobre la calidad del agua en el Río Sonora es un clamor de las comunidades, así como el garanti-zar, de todas las formas posibles, la seguridad hídrica de la región. Están pendientes la cancelación de pozos contaminados y la construcción de nuevos, con buena calidad del agua; la instalación de potabilizadoras que aseguren la filtración de metales pesados y el monitoreo constante de la calidad del agua para uso humano y para el campo. Todo esto, con la participación y vigilancia de las comunidades.
Según datos de la Conagua, se calcula que el derrame aportó una masa de 74.8 toneladas de metales al ecosistema, principalmente hierro, aluminio, manganeso y zinc. En 2016, los estudios de la UNAM y la Universidad de Sonora confirmaron alta contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así como del suelo y los sedimentos, flora y fauna silvestre, fauna doméstica y productos agropecuarios, y concluyeron que existen riesgos elevados para la salud de los habitantes.
Pero las evidencias han continuado a lo largo de estos años. En mayo de 2019, investigadores de la UNAM identificaron la presencia de contaminación residual, relacionada con el derrame, y apuntaron que las características del color y conductividad eléctrica del agua guardaban re-lación con altas concentraciones de arsénico, cobre, hierro y zinc. (2) Y apenas el pasado diciembre, el titular de la Cofepris informó que tras los muestreos de agua de los pozos de la región, encontró la presencia de metales pesados por arriba de la norma en varios de los 60 puntos del muestreo, sin dar más detalles. A partir de solicitudes de información, PODER tuvo acceso a los resultados de esos muestreos: encontró que todas las muestras de arsénico tienen valores por encima de los de referencia de la Organización Mundial de la Salud; en el caso del plomo cerca del 80% de las muestras excede la referencia, siendo el municipio de Hermosillo el que en promedio tiene los valores más altos de arsénico y plomo. Hay que tomar en cuenta que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son mucho más laxas que las nternacionales; aún así, 5 de las 44 muestras que tienen datos para plomo están por encima de la NOM en los municipios de Arizpe, Hermosillo y Ures, mientras que 48 de 54 muestras están por encima de la NOM en arsénico. (3) Si bien la Cofepris concluye que deben hacerse muestreos en 2020, no se sabe si éstos se han realizado.
De las 36 plantas potabilizadoras prometidas inicialmente a través del Fideicomiso Río So-nora (que luego pasaron a 27 y después a 9, por decisión de Grupo México) en julio de 2020 apenas funcionan dos (y ninguna de ellas garantiza la filtración de metales pesados): una en Banámichi y otra en La Capilla (Baviácora); esta última, intermitentemente. Ya no está en funcionamiento la de San Rafael, en Ures, que sí daba servicio el año pasado, y tampoco la de Bacanuchi, que está suspendida por falta de mantenimiento. Cabe anotar que la Cona-gua, a inicios de 2020, informó a los pobladores de Bacanuchi que ya no se harían responsa-bles de la planta; despidió a dos trabajadores y aseguró a la comunidad que el Ayuntamiento de Arizpe se había comprometido a atender la planta con personal y con mantenimiento. A la fecha de publicación de este documento, ni siquiera han aparecido funcionarios municipales a inspeccionar la planta.
Los pozos que abastecen de agua potable a la población no fueron reubicados después del derrame, a pesar de que algunos se encuentran a escasos 200 m del afluente del río. Una parte de las comunidades utilizan los mismos pozos que fueron cerrados durante la contingencia, a pesar de que no existe seguridad de que el agua no esté contaminada.
En la reunión de las autoridades federales con las personas afectadas del Río Sonora, en diciembre de 2019, éstas reconocieron que Grupo México incumplió con la remediación efectiva en el Río Sonora después del derrame y se comprometieron a una “verificación pe-riódica de la calidad del agua por parte de los laboratorios de Cofepris”. Sin embargo, a julio de 2020, no hay información disponible sobre la calidad actual del agua en la región.
“Cuando las promesas incumplidas terminan en que sigamos consumiendo agua contaminada, se está incurriendo en una violación de los derechos humanos. Queremos acciones, no palabras. De discursos estamos cansados.”
SALUD
El de la salud es uno de los temas que más incertidumbre genera entre las y los ha-bitantes del Río. Grupo México y el Gobierno, a través del Fideicomiso Río Sonora, no cumplieron con la promesa de realizar estudios completos a las personas afectadas, y tampoco dieron a conocer los resultados de las pruebas toxicológicas efectuadas por laboratorios pagados por la empresa. Los responsables del único consultorio en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el Río Sonora (UVEAS), creada por el Fideicomiso, reconocieron, en 2017, 381 casos de personas enfermas que estaban siendo atendidas, y esa cifra fue la que se manejó como oficial. Sin embargo, la nueva administración federal, a través del titular del Insabi, Juan Antonio Aguilar Ferrer, reveló, en diciembre de 2019, la existencia de más de mil enfermos no reconocidos por la empresa y las autoridades. Lo cierto es que en tanto no haya pruebas confiables y monitoreo permanente, mientras continúen las carencias de atención médica y la falta de provisión de medicinas, el acceso a la salud será un derecho negado a los habitantes del Río Sonora. Sumado a esto, la ausencia de reconocimiento, por parte de las autoridades y de Grupo México, de que las enfermedades han sido causadas por el derrame, han generado un escenario opaco, caracterizado por la falta de acceso a la información y al derecho a saber de las personas del Río.
A seis años del desastre, habitantes del Río Sonora reportan que el deterioro en la salud ha ido en incremento desde el derrame tóxico. Las comunidades refieren el aumento de casos de cáncer, problemas digestivos severos, afectaciones dermatológicas, enfermedades cardiovas-culares, respiratorias y problemas neurológicos, además de depresión y problemas de salud mental.
La historia de la UVEAS
La clínica especializada de la UVEAS, en Ures, es uno de los monumentos a la impunidad más notables de este caso. Fue una promesa del Fideicomiso Río Sonora que, como muchas otras, se diluyó, sin que nadie se hiciera responsable de su incumplimiento. Fue en octubre de 2014, que la Secretaría de Salud anunciara la construcción de “una clínica de primer nivel” que “pres-tará servicios con personal especializado y equipo técnico de las más avanzada tecnología”. Sería construida en 2015, con fondos del Fideicomiso, y empezaría a funcionar en el segundo semestre del año. Operaría por 15 años.
En septiembre de 2015 el delegado de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, declaró que la UVEAS llevaba “el 80%. Es un avance significativo y ya está en obra negra”. Sin embargo, no pudo comprometer una fecha de entrega del inmueble. Posteriormente a esas declaraciones, el mismo delegado dijo que Grupo México quería suspender la construcción de la clínica.
Y así fue. Desde entonces, la clínica quedó en obra negra. El Fideicomiso no dio ninguna explicación adicional.
Mientras tanto, siguió funcionando un consultorio pequeño, en Ures. En agosto de 2019 tras-cendió que también ese consultorio se cerraría, debido a que Grupo México y la Cofepris, en septiembre de 2014, habían firmado un convenio para que la UVEAS preste atención a las víctimas del derrame únicamente por 5 años, no por 15. El compromiso de monitoreo y atención a la salud a largo plazo no fue más que una simulación.
Y en noviembre de 2019, la UVEAS volvió a ser noticia, cuando Grupo México informó que los terrenos y los edificios construidos para la clínica serían entregados en comodato por 20 años a la Guardia Nacional.
Tras un firme pronunciamiento de los Comités de Cuenca en el que manifestaban su indigna-ción por la entrega de “las instalaciones de lo que sería para nosotros y todos los habitantes del río Sonora el lugar donde nos atenderían por problemas de salud”, y el repudio generali-zado de la ciudadanía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 12 de diciem-bre, declaró que ya había girado instrucciones para que el inmueble abandonado de la UVEAS no fuese ocupado por la Guardia Nacional y afirmó que iba a obligar a Grupo México a que construyera el hospital prometido. Unos días más tarde, el secretario de Salud, Jorge Alco-cer, en una reunión con habitantes del Río Sonora, prometió que se iba a habilitar un área en el Hospital General de Ures para la atención a las personas afectadas por el derrame, mientras que se concluye la UVEAS. Posteriormente, anunció la implementación de un plan de segui-miento a la salud a 15 años para las y los habitantes del Río. Más de siete meses después, no ha habido ningún avance al respecto, aun cuando la emergencia sanitaria por COVID-19 ha hecho todavía más urgente asegurar el derecho a la salud en el Río Sonora y ha reve-lado las necesidades apremiantes en la región.
“A las mujeres, el derrame nos afectó en la casa y en la economía, porque somos quienes también trabajamos la tierra. Nos afectó emocionalmente porque nuestros cuerpos representan el daño, porque nuestros hijos e hijas no disfrutan la vida.”
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El Fideicomiso Río Sonora encontró en la repartición de cheques la gran solución para las pérdidas económicas en la región y con eso dio por cerrado el tema de la reactivación económica. Para la entrega de dinero se establecieron límites máximos por actividad y cálculos promedios por ganancia; todo el proceso fue discrecional y arbitrario, sin la participación de las comunidades afectadas, y sin tomar en cuenta las particularidades, costumbres, formas de vida, ni los efectos futuros del derrame tóxico en las economías comunitarias. La asignación también fue opaca y tuvo muchas irregularidades. Propuestas de reactivación económica que parecían más integrales, anunciadas con bombo y platillo en su momento (como la de Sagarpa en 2014), quedaron en los cajones del Fideicomiso.
Las cantidades pagadas a cada productor no fueron suficientes para enfrentar la coyuntura, y menos previeron los impactos de los años siguientes. Una vez que se corrió el rumor de que los productos del Río estaban contaminados con metales pesados, el estigma se volvió permanente. Los productos de la región, tanto los que nacen de la milpa (caña de azúcar, chile, elote, ajo y cacahuate), los que elaboran los habitantes (jamoncillos, quesos, y dulces), y los de recolección (berros, pitahayas y quelites), no han logrado recuperar la capa-cidad de venta que tenían previo al derrame.
Las milpas y los terrenos, antes considerados espacios de tra-bajo que proveían de grandes oportunidades a sus habitan-tes, hoy están, por todo el Río, destinados a producir alimen-to para ganado, subarrendados a particulares con capital suficiente para pagar los altos gastos que implica el campo, o destinados a monocultivos de trigo, previo acuerdo con las molineras. Desde el derrame, producir alimentos para su circulación en el Río Sonora ya no es negocio.
Tampoco el turismo es una alternativa viable, ya que el Río Sonora justo estaba pasando por un proceso de crecimiento en los años del derrame de metales pesados. La contaminación mermó la confianza externa en el río. Peor aún, mermó la confianza interna.
La Zona Económica Especial
El Gobierno del Estado creó la Zona Económica Especial Río Sonora (ZEE-RS) “como una de las respuestas centrales” a la crisis que dejó el derrame de 2014 y como la principal estra-tegia para “impulsar el crecimiento sostenible de la región, reducir la pobreza, reactivar la economía y expandir las oportunidades para vidas saludables”. Una vez más, como sucediera con el Fideicomiso, la ZEE-RS se creó en la opacidad. Los Comités de Cuenca Río Sonora han cuestionado su creación y operación, así como la falta de participación de las co-munidades en el proyecto, y han denunciado que los beneficios del mismo, nuevamen-te, son para las grandes empresas, como Grupo México, mientras invisibiliza —e incluso puede llevar a la extinción— las diversas formas de producción tradicional, subsistencia y uso de recursos naturales del Río Sonora.
“Desde el privilegio no pueden decidir sobre nuestras tierras porque también deciden sobre nuestras vidas. Y la vida no es algo que se pueda reducir a un número anual.”
CAPTURA DEL ESTADO
Para los Comités de Cuenca cada vez está más claro que las promesas incumplidas, la opacidad y la falta de remediación del Río Sonora tienen poco que ver con la ne-gligencia o el mal desempeño de un funcionario en cuestión, y mucho más con cómo las empresas han influido abusivamente en los gobiernos para que éstos actúen de acuerdo a sus intereses y prioridades, y no a los de las personas afectadas.
Parece que existe un acuerdo tácito de beneficiar a las empresas sobre las comunidades. Ejemplos hay varios en la región. El Fideicomiso Río Sonora es uno de ellos. Un mecanis-mo que simuló dar soluciones y remediar la contaminación, pero que actuó para favorecer a Grupo México, con la venia de los gobiernos federal, estatal y municipales.
La dupla gobiernos-empresas mineras es ya una tradición en Sonora. Una dupla así puede ser problemática cuando relega a los pueblos de las decisiones que les conciernen, de forma que por vía de hechos la única participación de las comunidades en los asuntos públicos es sufriendo y teniendo que enfrentar por su cuenta las afectaciones, en medio de una maraña de responsabilidades diluidas entre lo público y lo privado. Otro efecto negativo se puede dar al propiciar la idea de que, ante la inacción de las autoridades, son las empresas las que van a abastecer de servicios y atender las necesidades que las personas requieren para llevar una vida digna. Esa lógica desdibuja las obligaciones del Estado y pretende transformar el goce de derechos en actos de propaganda empresarial. No se puede dejar la salud, la seguridad, y el futuro en manos de las empresas.
Tan sólo hay que ver cómo los municipios, o el propio Gobierno de Sonora, delegan a las mine-ras obligaciones públicas, como el cuidado de la salud para la población, la provisión de medi-cinas y alimentos, o el mantenimiento de caminos. A cambio, las mineras no sólo aprovechan esas actividades para promocionarse y aparecer como empresas socialmente responsables, sino que además, obtienen beneficios especiales de los gobiernos en turno: acceso al agua, permisos, información privilegiada, y nula o escasa vigilancia para sus actividades.
Así algunas comunidades se acostumbran a vivir de las dádivas de las mineras, mientras que el Estado no se ocupa de garantizar los derechos de todos y todas.
Los Comités de Cuenca Río Sonora han denunciado cómo Grupo México ha intentado suplir las funciones del Estado en varias ocasiones, para obtener diversos beneficios; el más obvio, lavar una imagen que, tras el derrame de 2014, entre otros desastres que ha protagonizado, le ha costado manejar.
El caso más reciente fue cuando intentó protagonizar, junto con las autoridades del municipio de Arizpe y del Gobierno de Sonora, la apertura del Centro de Salud de Bacanuchi, el 6 de junio de 2020. Este Centro, que había sido cerrado poco después de que Grupo México modificara los caminos de acceso de la comunidad para construir la nueva presa de jales, aislándola aún más, fue reabierto con la incorporación de personal médico para la atención de la comunidad gracias a la orden de un Tribunal. Un amparo interpuesto por los niños de la comunidad y de sus madres, como representantes legales, fue lo que obligó a las autoridades a responder por las violaciones al derecho a la salud. Sin embargo, en la inauguración, las mismas autoridades montaron un acto para agradecer a Grupo México por la remodelación del inmueble y la dota-ción de medicinas. No hubo ni una mención a la lucha de las mujeres y de sus hijos.
“Que las autoridades dejen de solapar las atrocidades de Grupo México. Necesitamos gobernantes con memoria.”
El Fideicomiso Río Sonora fue un mecanismo privado, creado en septiembre de 2014 bajo convenio entre Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., filial de Grupo México, y el Gobierno Federal, para canalizar los recursos necesarios —2 mil millones de pesos comprometidos por la empresa— con el fin de llevar a cabo la remediación ambiental y la reparación de los daños ocasionados por el derrame de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi.Se caracterizó por su falta de transparencia y participación de las personas afectadas, por las irregularidades en su operación, incluyendo nepotismo y gastos cínicos en publicidad; por no comprobar el destino de los recursos, y por no garantizar la reme-diación efectiva ni el acceso a la justicia de las comunidades.
En enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto el cierre del Fideicomiso y reconoció que las autoridades ambientales y la empresa Buenavista del Cobre (Grupo México), como firmantes del convenio que lo creó, debieron consultar a las comunidades para la implementación de este mecanismo, la aprobación de los programas de remediación y la extinción del mismo.
La sentencia de la Corte significó un triunfo enorme en la lucha de los Comités de Cuenca Río Sonora, que desde la creación del Fideicomiso señalaron las graves omisiones, falta de participación de las comunidades y las insuficientes acciones de remediación, que no fueron las prometidas a través de este mecanismo. Los Comités sostienen que el Fideicomiso fue una herramienta perfecta de opacidad y simulación creada por Grupo México y el Gobierno para no cumplir con las comunidades.
Como parte de la lucha legal de estos seis años, los Comités empujaron tres amparos relacionados con el Fideicomiso, que fueron atraídos por la SCJN y que tuvieron como resultado esta sentencia.
La Corte determinó que se debe realizar una reunión pública de información, que a agosto de 2020 aún está pendiente. En esa reunión, las autoridades ambientales deberán explicar a las personas afectadas firmantes del amparo las medidas de remediación realizadas en su momento por el Fideicomiso y desahogar pruebas. Darán oportunidad a las afectadas de manifestarse al respecto, y también escucharán a Grupo México. Las autoridades responsa-bles deberán, entonces, emitir nuevas medidas correctivas.
La solución de la Corte, a través de una reunión pública de información, no es una medida de justicia, sólo es un camino que podría llevar a la justicia en este caso, si las autoridades ambientales asumen su papel, reconocen que la remediación no ha sido efectuada, y diseñan un plan, junto con las comunidades afectadas, para lograrla.
“El Gobierno nos debe el reconocimiento de la lucha del Río Sonora, que es nuestra, y no de las empresas.”
PRESA DE JALES
La nueva presa de jales de Buenavista del Cobre (Grupo México) es un megaproyecto de 6,535 hectáreas (tan solo el vaso contenedor tiene 3,326 hectáreas), con una cortina de 175 metros de altura, ubicado aproximadamente a 20 kilómetros de la comunidad de Bacanuchi, en el Río Sonora. La presa, actual-mente en uso, sirve para concentrar los desechos de la extracción del mineral. Esta presa podría almacenar 50 mil veces más sustancias tóxicas que las derramadas a los ríos Sonora y Bacanuchi, por la misma minera, en 2014.
Buenavista del Cobre obtuvo, en agosto de 2013, la autorización, por parte de las autorida-des ambientales, del Informe Preventivo para poder construir y operar esta nueva presa de jales. Ni la Semarnat ni la empresa informaron sobre la realización de este proyecto a las comunidades.
La empresa ha admitido que Bacanuchi está ubicada en el área de impacto directo del proyecto. Sin embargo, aún así, construyó la presa sin ni siquiera informar a los 200 habitantes de la comunidad, que se dieron cuenta de que algo sucedía cuando la empresa cambió los caminos de acceso, a inicios de 2016, y dejó a Bacanuchi prácticamente aislada. Aún des-pués del derrame de 2014, a las autoridades no les pareció relevante que la misma empresa responsable del desastre que afectó a más de 22 mil personas estuviera construyendo un megaproyecto potencialmente mortal.
El historial de desastres causados por Grupo México es suficientemente amplio como para que las comunidades no confíen en la supuesta seguridad y altos estándares de la presa de jales, y menos aún cuando cada año aumenta la frecuencia y la severidad de las fallas de este tipo de presas en todo el mundo.
Desde 2016 no ha cesado la lucha de Bacanuchi por lograr la participación plena y la toma de decisiones respecto de esta megapresa que afecta directamente a la comunidad y que representa una amenaza latente. El 5 de septiembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia sentenció que, en efecto, se había violado el derecho a la participación de la comunidad en este proyecto, e instruyó a las autoridades ambientales a realizar una reunión pública de información, para explicar sus alcances e impactos.
La sentencia de la Corte es histórica: es la primera vez en México que se reconoce que una comunidad no indígena tiene derecho a la participación en temas medioambientales.
La reunión pública de información se llevó a cabo el 5 de julio de 2019, con la participación de funcionarias de la Semarnat federal y su delegación en el Estado, además de la presencia de la Conagua y la Profepa en una reunión adicional de seguimien-to el 6 de septiembre y otra, por orden judicial, el 24 de enero de 2020. En todas esas ocasiones, las comunidades exigieron que las autoridades vayan más allá de las presentaciones en Powerpoint y de simular una participación, únicamen-te para cumplir con la sentencia de la Corte. Demandaron un compromiso de la Semarnat y de la Profepa a inspeccionar la presa de jales e informar sobre su estado, además de certezas sobre el cumplimiento de los más altos estándares medioambientales y de seguridad, por parte de la empresa.
Además, exigieron mayor vigilancia a la actividad minera, que se mejoren los caminos de acceso a Bacanuchi y que se solucione el problema de acceso al agua limpia, todo esto con la participación de las comunidades. Finalmente, expresaron que la presa de jales debía cancelarse, para tranquilidad de Bacanuchi y de todo el Río Sonora.
La Profepa, que se comprometió con las comunidades a entregar la información detallada de las inspecciones de la presa de jales en octubre de 2019, ha hecho caso omiso de sus propias fechas de entrega. Al respecto, la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza, a pregunta expresa de PODER en la conferencia matutina del 12 de diciembre con autorida-des ambientales y con el presidente López Obrador, mencionó que “Grupo México goza de derechos fundamentales, uno de ellos el principio de presunción de inocencia”. El 23 de diciembre, Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, anunció que entonces la empresa tenía 15 días para responder sobre los hallazgos de las inspecciones realizadas por Profepa.
Para más información sobre la presa de jales de Grupo México, da clic en:
https://lanuevaamenazadegrupomexico.poderlatam.org/
Los caminos de Bacanuchi
Los caminos de acceso a Bacanuchi fueron el motivo por el cual la comunidad se amparó, en primer lugar, contra la presa de jales. Es un tema central para el cual los Comités de Cuen-ca Río Sonora, acompañados de PODER, han buscando distintas alternativas, incluyendo la estrategia legal. Con ello esperan resolver esta cuestión de primera importancia para la comunidad, pues con los caminos acceden a los servicios básicos de salud y alimentación.
Desde que Grupo México cambió los caminos de acceso a Bacanuchi a inicios de 2016, la comunidad se quedó prácticamente aislada:
• Las autoridades cerraron unila-teralmente el Centro de Salud, debido a la dificultad de transpor-te para el personal de salud, y la provisión de medicinas. El Centro de Salud apenas fue reabierto en junio de 2020, tras una batalla le-gal de los niños de la comunidad y de sus madres.
• Existe dificultad para comerciali-zar los productos de la zona.
• No existe transporte público (para llegar y salir hay que usar camio-netas 4 x 4).
• Hay mayor riesgo de accidentes.
• Es cada vez más tardado y com-plicado acceder a servicios bási-cos como provisiones, medicinas y trámites en general.
“Queremos la participación del pueblo en temas del territorio. Ya ni se siente nuestro.”
Todo el material elaborado por Proyecto Poder, publicado en https://www.projectpoder.org/es/2020/07/rio-sonora-6-anos-de-promesas-incumplidas/
Ver también:
https://share.mayfirst.org/s/7cJ9BTyjFZmBkiP#pdfviewer
https://share.mayfirst.org/s/aXgKfzk2yr923A6
(1) Entrevista a Germán Larrea realizada por Ignacio de Alba para Pie de Página: https://piedepagina.mx/la-mineria-moderna-cuida-el-ambiente-german-larrea/
(2) La investigación de la UNAM se puede ver aquÍ: https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2019.35.02.09
(3) PODER inició un recurso de revisión para ampliar la información de la Cofepris, que no se entregó completa. Solicitó los datos estatales de arsénico y plomo, la información sobre la procedencia de dichos metales en el Río Sonora, y las instrucciones que giró para informar, atender y/o dar seguimiento a la presencia de arsénico y plomo en el Río y en el Estado. El 27 de julio de 2020, el INAI ordenó a la Cofepris emitir una respuesta (aún pendiente).
