Gran controversia en la sociedad y rechazo por parte de la comunidad LGBT+ causó la noticia de que la oficina jurídica del Gobierno del Estado de Sonora impugnó la resolución del juez del décimo tercero, misma que ordena al ejecutivo y al legislativo modificar el “Código de Familia para el Estado de Sonora”, para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio sin mayor obstáculo.
En la actualidad, dos personas del mismo sexo sí pueden contraer matrimonio en el Estado, pero el Registro Civil lo acepta hasta después de tramitar y ganar un amparo ante un juez federal, cosa que puede demorar meses con un costo financiero. Por otro lado, según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda normativa que niegue el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional.
El 02 de agosto, un nuevo amparo solicitado por los abogados Jessica Estefanía Román y Jesús Manuel Herrera tuvo éxito, pues el juez décimo tercero de distrito dictó sentencia enarbolando principios de igualdad y no discriminación. Es el juicio de amparo número trece promovido por los abogados y activistas, todos los demás habían sido rechazados, aunque siguen en proceso de impugnación.
“En caso de que la gobernadora no hubiera interpuesto el recurso de revisión, el ejecutivo y el legislativo estarían obligados a reformar el Código de Familia a favor del matrimonio igualitario a más tardar el 15 de diciembre”, dice en entrevista radiofónica Jesús Manuel Herrera, “pero ayer nos notificaron que el 18 de agosto la gobernadora promovió la impugnación, en la que solicita enérgicamente que un tribunal colegiado revise dicha sentencia y revoque el sentido de la misma”.
A decir de colectivos LGBT, Pavlovich sería la primera gobernadora que presenta una impugnación en contra de los derechos humanos de la comunidad, pues en otras entidades lo ocurrido en casos similares es que se acató la resolución del juez.
“La oficina jurídica del gobierno dice que promovieron el recurso porque no es facultad legislar, pero sí lo es la de presentar una reforma al Código para que el Congreso la legisle y después sancionarla y publicarla, son facultades constitucionales expresas del ejecutivo. Pero es ilógico, lo que están pidiendo es que se aplace y se remita el proceso a la Suprema Corte, entonces lo único que quieren es aplazar, que lleve más tiempo para que se ejecute”, abunda Herrera.
El recurso de revisión detiene temporalmente la ejecución del fallo entre un mes a 1 año, pues depende de la carga del trabajo del Tribunal Colegiado que lo revise. Sin embargo, el próximo gobernador puede desistirse una vez tomado el poder, lo que dejaría sin efecto la impugnación
“La sentencia del juez es una sentencia, legítima, fundamentada en derechos humanos, por eso pensamos que si llega al colegiado su fallo también será favorable. Existen otros amparos indirectos que se promovieron pero que se rechazaron, están en curso de revisión, fueron unos 12 amparos que promovimos. Es una cuestión de criterios, porque el amparo fue básicamente el mismo, lo único que cambiaba fue la persona, pero este último le cayó a un juez progresista. Los otros procesos abiertos que están a punto de dictaminarse, así que posiblemente alguno nos dé también un fallo favorable”, dice el abogado Herrera.
En una escueta respuesta, el Gobierno del Estado dice que “en virtud de la confusión que ha generado este tema, el encargado de despacho de la Consejería Jurídica precisa que el sentido del recurso interpuesto por el Estado es únicamente para que el Poder Judicial Federal aclare cuál es la omisión legislativa del Ejecutivo estatal. En ningún momento este recurso pretende vulnerar los derechos de las personas en torno al matrimonio igualitario que, incluso, el Juez salvaguarda en el mismo resolutivo”. El comunicado ha generado también rechazos, pues la intención del recurso de revisión está muy clara en su “Solicitud Especial”.
A 20 días de terminar su gobierno, Claudia Pavlovich Arellano también ha sido criticada en días recientes por su declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, misma que llegó muy tarde y con alto costo social, a decir defensoras de derechos de las mujeres.
