Por: Isabel Dorado Auz

En 1999, un grupo de profesores le presentó al Congreso del Estado una primera versión de una propuesta de nueva ley para la Unison, se pensaba que, dado el gran avance electoral del PRD en las elecciones de 1997, era el momento de desaparecer la ley 4 y regresarle a la Universidad Pública más importante del estado la Autonomía arrebatada en 1991.

En 2019, una parte de esos profesores rescataron aquella propuesta y la actualizaron para someterla nuevamente a la nueva legislatura, en tiempos en que la cuarta transformación venía mostrando una gran fuerza y se pensaba que, ¡por fin!, se le podría otorgar de nuevo el autogobierno a la máxima casa de estudios.

Hoy en día, está por abrirse un proceso de Consulta que debiera ser conducido por el Congreso del Estado, que es la instancia responsable de darnos un nuevo marco normativo, pero curiosamente los grupos beneficiados con la ley 4 quieren ser ellos los que conduzcan dicho proceso. Serían Juez y Parte si el Poder Legislativo lo permite y terminarían por parchar la ley que impuso Manlio Fabio Beltrones, misma que trajo consigo la consolidación de un solo grupo en la conducción política de la Unison, que generó una alta burocracia que absorbe un gran porcentaje del presupuesto universitario, que permitió la emergencia de un “liderazgo sindical” muy parecido al de Fidel Velázquez, que expulsó de la Universidad a muchas voces críticas que cuestionaron el proceder de los “químicos” quienes terminaron por extender su poder por cerca de 30 años. Debido a lo anterior, las “consultas” de la administración y de la dirigencia sindical solo buscan consolidar los intereses políticos de los grupos que quieren controlar los destinos de nuestra Alma Mater y están muy lejos de representar el sentir de la Comunidad Universitaria y más lejos aún de representar el interés de los sonorenses.

El presidente de la República le dijo al gobernador que no puede fallarle al Pueblo de Sonora. Bien haría Alfonso Durazo en tomar en cuenta a todas las voces y no inclinarse hacia uno de los grupos, tal y como parece hacerlo al hablar de reformar la ley 4 e ignore nuestra propuesta de nueva ley para la Universidad de Sonora. Lamentable, también, que el presidente del Congreso nos cite a una reunión y no nos reciba porque estaba muy ocupado, a pesar de que fue él quien propuso lugar, día y hora de la reunión. Los sonorenses votaron por una verdadera transformación de la vida política del estado y la vía no es favorecer a pequeños grupos de interés que tanto daño han hecho en los últimos años.

No hay ninguna razón coherente para que la ley 4, impuesta por el Neoliberalismo que tanto critica el presidente López Obrador, mantenga vigencia con una pequeña maquillada. Queremos autogobierno en la Universidad de Sonora y es momento de llevar a cabo una Verdadera Consulta para que el nuevo marco normativo sea el mejor regalo que le podamos ofrecer a nuestra querida Universidad de Sonora.

El centro educativo más importante del estado debe tener puertas abiertas a todos los sonorenses que quieran cursar una carrera universitaria. Deben desaparecer los exámenes de admisión, la educación debe ser verdaderamente gratuita y la comunidad universitaria debe tener la libertad de expresarse críticamente ante cualquier irregularidad. Debe terminarse esa perniciosa práctica de querer someter siempre a la Universidad Pública a los intereses de pequeños grupos de interés.