Extraída del Border Hub.
Empresas inexistentes, o personas físicas sin experiencia ni solvencia económica para ser contratadas, lograron obtener durante el periodo de pandemia de 2020 adjudicaciones por al menos 900 millones de pesos y sin necesidad de participar en una licitación pública en el estado de Baja California. Y es por estos hechos que la organización Iniciativa Sinaloa interpuso denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables, ante la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con la denuncia, los hechos se registraron en el Gobierno del Estado y en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, los cuales quedaron documentados en el reportaje Los millonarios de la pandemia: proveedores irregulares y sin solvencia económica, de la periodista Isabel Mercado. Ella escribe para el El Sol de Tijuana y para este proyecto recibió financiamiento del Border Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, una iniciativa del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
El 2020 fue el año en el que varias empresas aprovecharon el decreto publicado el 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación por el titular del Poder Ejecutivo Federal, derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19 y con el cual se autorizaron compras sin ningún tipo de licitación previa.
Gracias a las evidencias derivadas del trabajo periodístico, Iniciativa Sinaloa contó con los fundamentos para acusar la presunta comisión de faltas administrativas graves, entre ellas desvío de recursos públicos, actuación bajo conflicto de interés, tráfico de influencias y contratación indebida durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021). Por lo cual se exige una investigación pronta e imparcial que concluya en las sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con esta denuncia, Iniciativa Sinaloa busca inhibir los actos de corrupción en toda la frontera a través de las acciones legales que genere consecuencias para todas aquellas personas, funcionarios públicos o empresarios, que busquen lucrar de forma indebida del erario, sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria, cuando se abren los candados para las contrataciones públicas.
La denuncia, que fue presentada el pasado 18 de enero ante la SFP, expone de manera contundente cuatro casos que surgieron del análisis de 558 contratos otorgados por Isesalud. Ninguno se licitó. “Se trata de adjudicaciones directas que al carecer de sustento podrían ser anuladas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública”, señala el documento.
El primero es el caso que involucra a la empresa Valet Personalizado en Custodia Empresarial, compañía en la que Luis Javier Algorri Franco, actual secretario del Trabajo y Previsión Social en Baja California, fue socio mayoritario hasta finales de 2017. Para VAPE, 2020 fue uno de sus mejores años, ya que consiguió cuatro contratos con Isesalud, por los cuales cobró 42 millones de pesos.
También aparece el caso de Aplicaciones Médicas Integrales SA de CV, una empresa que renovó contratos con el Issesalud a pesar de tener en su contra una resolución emitida por la SFP a mediados de agosto de 2019, en la que prohibía a las dependencias federales y locales celebrar contratos con la empresa Aplicaciones Médicas Integrales durante 18 meses, por faltas administrativas.
De otro lado, el Grupo Comercial e Integral ONR de México, a la que bajo justificación de la pandemia se le adjudicaron cuatro contratos por un total de 28 millones por el suministro de consumibles en los hospitales generales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, Materno Infantil de Mexicali y UNEME Oncología.
Por último, se presenta el caso del empresario transportista Cristian Genaro Domínguez Cabriales, quien sin tener antecedentes en la proveeduría de insumos de lavandería obtuvo el 29 de mayo de 2020 un contrato por adjudicación directa por excepción con el gobierno de Jaime Bonilla, por 3.2 millones de pesos.
Iniciativa Sinaloa forma parte del Border Hub de Periodismo de la Frontera Norte, en alianza con el International Center for Journalists y el Border Center for Journalists and Bloggers, con la cual se busca incidir en políticas públicas que ayuden a combatir la corrupción en México.
Iniciativa Sinaloa ha interpuesto más de 20 denuncias administrativas con base en las investigaciones del Border Hub, la mayoría en proceso. Entre los casos concluidos, se logró la inhabilitación del servicio público por 12 años de Marcela Fimbres Ibarra, ex administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del IMSS por hechos relacionados al incendio ocurrido en la guardería ABC.
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