***Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur, un proyecto del Border Center for Journalists and Bloggers
En Chiapas el 8.1% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentra en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado, informó en noviembre de 2021 la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (REDIAS); este diagnóstico pasó de las cifras a la realidad en San Cristóbal de Las Casas, el “pueblo mágico”, la principal ciudad turística del estado; donde ahora grupos de jóvenes se pasean en pandillas motorizadas, vendiendo droga, robando vehículos, atacando y retando a la autoridad. ¿Qué les hizo vulnerables, la pobreza, el racismo, la desesperanza, la impunidad, la narcocultura o avance del crimen organizado? ¿O la suma de todas estas razones?
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Martin y su hermano eran buenos estudiantes, eran del cuadro del honor, bien chambeadores, ayudaban a su papá en la carpintería; pero se metieron a las drogas y las pandillas. Al rato, Martín andaba con un arma en la cintura y un kilo de mariguana. Se ahorcó cuando tenía 17, ya era líder de una pandilla, no sé si buscó la salida o simplemente no la encontró. A su hermano Agustín lo detuvo la policía y lo mataron a golpes, tenía como 18 años. Sus padres son de Chanal -municipio ubicado en Los Altos de Chiapas-, migraron a San Cristóbal de Las Casas, estudiaban en la José María Morelos y Pavón, la escuela más “cabrona” de la zona norte de esa ciudad.
San Cristóbal de Las Casas fue fundado en 1528, durante la época de la Colonia, por Diego de Mazariegos, el conquistador de indígenas. Esa ciudad se convirtió en el centro de la opresión y el racismo hacia los pueblos originarios, quienes han sido considerados forasteros en sus propias tierras.
“Mis seis hermanos, mi madre y yo tuvimos que ir de servidumbre (servicio doméstico) a San Cristóbal, es el peor recuerdo de mi vida, cuando dejamos Zinacantán”, recuerda Jesús, compañero de escuela de Martín y Agustín. Zinacantán es un municipio vecino de San Cristóbal de Las Casas, donde el 99 por ciento de sus habitantes es de origen Tzotzil-Maya.
“Llegamos a la casa de un señor de apellido Lescieur, su casa ocupaba toda una cuadra. El hijo del dueño me agarraba a patadas, yo tenía 6 años, una vez no le aguanté y le di un golpe, su papá me pegó una golpiza. Pensé: voy a crecer y lo voy a matar”, sigue contando Jesús.
“Nosotros vivimos en la galera en el patio trasero de la casa, el piso era de tierra, mi mamá guisaba en anafre y cuando llovía, entraba más agua adentro que afuera. Yo tenía que ir de noche a la escuela…Sentía división de clases muy culera, eran ellos contra nosotros”.
Al igual que Jesús, Martín y Agustín vivían en la periferia de San Cristóbal de Las Casas, particularmente la zona norte, lugar que se fue poblando con indígenas de los municipios cercanos, quienes buscaban mejores condiciones de vida en esa ciudad.
El censo de población y vivienda de 2020 indica que en esa ciudad colonial el 32.7 por ciento del cuarto de millón de personas que la habitan, son indígenas tsotsiles y tseltales; 6 de cada 10 viven en situación de pobreza.
“Miren ese chamula”
Juan Gómez también llegó a San Cristóbal de Las Casas siendo un niño, expulsado, junto a su familia, del municipio de San Juan Chamula. “Me fui de servidumbre, a hacer aseo, me emplearon también a vender algunos productos en la calle, algo que no me agradaba. Tenía vergüenza, me discriminaban, señalaban ‘miren a ese chamula’, decían. A mí me daba pena, negaba mis raíces, mi pueblo, yo decía que era de San Cristóbal”.
Al ingresar en la preparatoria, recuerda, “algo pasó, había otros compañeros de diferentes comunidades, de Chanal, de Oxchuc, Ocosingo, ya no me sentía sólo, me sentía como una manada de compañeros, pero la visión de las personas mestizas es cabrona, porque las burlas son directamente hacía los chamulas, sobre los indios. Así fuimos pasando los semestres, nos empezamos a juntar, a tomar, echar trago, fumar y consumir otras cosas”.
“En ese momento pensé que tenía dos caminos: unirme a mis tíos a ser pollero o traficante, o irme al norte, a Estados Unidos”, recuerda Juan. Se decidió por lo primero. Juan fue empleado de vendedor de droga, de ayudante en el tráfico de migrantes, y de ahí pasó al reclutamiento de otros jóvenes.
Abandono social
En el informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, publicado en septiembre de 2021, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), refiere que a nivel nacional, en México para 2018 había más de 460 mil, “y detrás de cada uno de ellos, hay una serie de condiciones estructurales y sociales desatendidas por el Estado mexicano, que son utilizadas por grupos familiares, pandillas y organizaciones delincuenciales en su beneficio”.
Juanita Zebadúa tiene 30 años de maestra en comunidades indígenas. “A las escuelas donde impartimos llegan jóvenes que no tienen ni para comer, algunos con una bolsa de pan y una coca pasan todo el día; empezamos a poner comedores, pero vimos que empezaron a consumir grandes cantidades de alcohol, después empezó el consumo de droga, de suicidios (…) poco a poco ha llegado a niveles que no imaginamos”, refiere.
En Chiapas la población indígena es muy vulnerable, el 84% de los niños vive en situación de pobreza, señala Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la organización Melel Xojobal, una asociación que desde hace 25 años trabaja a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes en San Cristóbal de Las Casas.
“Al no poder desarrollar los propios proyectos de vida y enfrentar las violencias estructurales y sociales, las niñas, niños y familias tienen que buscar otras opciones, algunas de estas son migrar o vincularse a actividades ilícitas (…) el surgimiento de grupos armados en San Cristóbal de Las Casas y la llegada de grupos delincuenciales a la entidad se vuelven una alternativa para esta población que busca resolver de una manera inmediata algunas situaciones inmediatas”, explica.
El resultado de estas condiciones, destaca “La Infancia Cuenta Chiapas 2021”, es que en el estado el 8.1% de los NNyA está en situación de vulnerabilidad para ser reclutado por el crimen organizado, por su entorno familiar, por la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la exclusión, la discriminación social y la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos.
“Sabemos que por disparar les pueden pagar 200, 300 pesos, disparos al aire. Todos estos grupos armados que andan en los vehículos, en las motos (…) Otro factor es el desarrollo de grupos y sentidos de pertenencia, con los cambios culturales que se viven a nivel local e internacional donde la figura de éxito se basa en hombres manejando armas, con la idea que, con eso eres alguien en la vida, para las y los jóvenes que están en esta vulnerabilidad puede ser una alternativa que está a mano, la cual ni siquiera se tiene que buscar, los grupos están buscando a quienes reclutar”, puntualiza la directora de Melel Xojobal.
De 2019 a la fecha, Melel Xojobal ha registrado la desaparición de 574 niñas, niños y adolescentes en Chiapas, no existe certeza de qué les sucedió, pero una hipótesis es que pudieran ser víctimas del reclutamiento forzad
Otro dato que revela está problemática, es que según los reportes de la Fiscalía de Justicia de Chiapas, de enero a agosto de 2021, se detuvieron a 27 mil 861 niñas, niños y adolescentes, acusados de diversos delitos; esto representa una cifra histórica de población menor de edad privada de su libertad.
“Motonetos”
“Putos policías, te va cargar la verga, te vamos a matar, acá nosotros mandamos, acá no tienen derecho de nada”, gritaron con fuerza mientras lanzaban piedras y palos hacia la base de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, el pasado 25 de diciembre del 2021. El grupo de jóvenes buscaba rescatar a tres de sus compañeros que protagonizaron un enfrentamiento armado en la zona Norte de San Cristóbal.
Manuel es policía municipal en San Cristóbal de Las Casas desde hace 10 años. Para él, en 2020 se detonó el reclutamiento de jóvenes, sobre todo indígenas de la zona norte de esa ciudad. Fue cuando empezaron a visibilizarse los jóvenes en motoneta, armados, disparando, robando, retando a la autoridad, los llaman Motonetos.
“El apodo de Motonetos se deriva porque todos se mueven en estos vehículos en par o viajan hasta tres en una misma motoneta, son jóvenes de entre 13 y 17 años, los cuales se han vuelto noticia nacional al ser protagonistas de agresiones con arma de fuego. Los Motonetos iniciaron con robos, asaltos, agresiones a transeúntes, a distribuir la droga en la ciudad, a hacerse de poder, a sentirse intocables”, explica el uniformado.
Niños en el narcomenudeo
Juan Gómez conoce de fondo el ambiente, “un primo (suyo) empezó a contratar primero a otros primos, jóvenes menores de edad, les compró motos y comenzó a abrir una ruta de entrega de drogas, ese fue como el comienzo, y varios imitaron el modelo de entrega con jóvenes; comenzaron a crecer por el incremento de la demanda de droga en la ciudad, entonces se necesitaban más distribuidores, les compraron mochilas, más motos; las entregas se hacen más fácil en motos, pasan los retenes más fácil, y no se ven en la necesidad de pasar por los retenes”, explica.
De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, en el estado de Chiapas en el año 2021 hubo un incremento del 187 % el número de carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo en comparación del año pasado.
Para enero del 2022 existe una variación del más 109.50 % en las carpetas de investigación en comparación con el periodo anterior.
Para Juan, “los Motonetos producto de todo lo malo de San Cristóbal (…) de ese rencor, ese odio cuando te dicen pinche indio, ahora ahí lo tienen, resulta que esos indios han cambiado las cosas, la juventud, elige ese camino”.
Reconoce otros factores, “es la pinche televisión , esos programas, series de narcotráfico, la música, entonces qué joven no quiere o desea eso, ahora los chamacos de 10 años están vendiendo drogas en San Cristóbal. Qué te digo, tengo primos que les va muy bien, a otros súper bien, tienen residencias, también sus hijos están en este negocio, no les hacen nada”.
Del 2020 a la fecha estos jóvenes han atacado en diez ocasiones la base de la Policía Municipal, localizada en el Barrio de San Antonio, han secuestrado a funcionarios para intercambiarlos por sus compañeros que son llevados a esta prisión preventiva. “Cuando son aprehendidos, amenazan, ‘no sabes con quien te estas metiendo, viene mi gente y te van a matar’, sentencian”.
“Nos ha tocado ver, como después de ser arrestados llegaba el líder se metía a la oficina del anterior jefe de la Policía y no pisaban la celda, se iban como si nada. Ha llegado, un extremo en que han perseguido a las patrullas y disparado contra las unidades, han atacado la base, han disparado fuera, la más recordada fue la del 25 de diciembre del 2021”, recuerda.
El informe sobre reclutamiento del REDIM destaca que para los grupos de la delincuencia organizada “la utilización de niñas, niños y adolescentes resulta particularmente benéfica y redituable debido a que, en caso de ser detenidos a) se les dota de asesoría jurídica gratuita especializada, b) los delitos prescriben prontamente, c) las sentencias tienen una duración máxima de cinco años y, como beneficio derivado, d) no existe una vinculación entre el Sistema de Justicia para Adolescentes y el Sistema Justicia para Adultos. Debido a ello, quienes entre los 12 y 18 años cometen un ilícito son sentenciados por un mínimo de tiempo”.
No criminalizar a las infancias y juventudes
La imagen de los jóvenes Motonetos de San Cristóbal de Las Casas ha permeado en la opinión pública, medios de comunicación nacional han dado cuenta de hechos en los que han participado.
La fotografía de uno de ellos con un arma en las manos apuntando y mirando directo a la cámara de Ana Paula Ruiz de los Santos segundos antes de que le disparara y muriera el pasado 20 de febrero, indignó y cimbró a la sociedad.
En un comunicado, Melel Xojobal hizo un llamado a la reflexión de fondo. “Hacemos un llamado a la sociedad en general a no naturalizar la violencia que con frecuencia estamos viviendo en la ciudad, y a la no criminalización de las infancias, adolescencias y juventudes, quienes son las víctimas principales de estas situaciones y han sufrido las mayores consecuencias de las marcadas brechas de desigualdad”, refieren.
Jennifer Haza puntualiza: “Necesitamos saber en particular en el estado de Chiapas qué sucede, cómo sucede; el ejemplo de las desapariciones de las niñas, niños y adolescentes es claro, el gobierno no quiere reconocerlas, y es importante tener información adecuada, que nos permita poder generar explicaciones sobre las causas en particular del reclutamiento forzado, la desaparición, y que eso permita diseñar y mejorar las estrategias de atención y prevención”. Este sector, reitera, ha sido víctima de vulnerabilidades acumuladas, y las estrategias de prevención deben pasar por políticas públicas con un enfoque de derechos y justicia.
El informe de REDIM sobre reclutamiento, también plantea la necesidad de incluir en la legislación de México el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos armados y grupos del crimen organizado.
“En tanto no se desarrollen las modificaciones legislativas necesarias, el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el contexto de crimen organizado se realizan de manera libre y sin ninguna sanción por parte de las autoridades. Eso significa dejar a las niñas, niños y adolescentes en completo estado de indefensión y sin probabilidades de acceder a la justicia en México”.
En este escenario, existe una gran deuda del Estado mexicano hacia los miles de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados y utilizados por grupos delictivos, actividad que crece día con día sin que exista un genuino interés por llevar a los hechos las promesas, para ello se requiere iniciativas de justicia social.
