El primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que en el sector salud no siempre se rinden cuentas, existe falta de medicamentos, incumple en tiempos de espera y le sobran quejas de usuarios. Estas deficiencias evidencian un mala rectoría, además que provocan sufrimiento, otras enfermedades o la muerte de los pacientes, denunciaron organizaciones civiles.
Por: Sergio Rincón, SinEmbargo.mx
El sistema de salud en México carece de buen servicio y de acceso efectivo para la ciudadanía, dijeron hoy asociaciones civiles. Hacen falta medicinas, equipo y se requieren de horas de espera en el caso de una consulta y meses para una cirugía; hechos que contrastan los informes oficiales. ¿Cuántas personas mueren por culpa de esas deficiencias? No se sabe. Y tampoco se sabe qué es lo que pasa con el dinero de la cuenta corriente, porque un tercio de las unidades médicas no rinde cuentas en sus indicadores de calidad, de acuerdo con una investigación.
El primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que la información que ofrece el sector salud sobre sus servicios está incompleta, no es consistente y presenta errores. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud indica que el tiempo de espera para una consulta es de de 22 minutos en zonas urbanas; sin embargo, en la realidad una persona espera en promedio 1.32 horas.
Ante este panorama, 21 organizaciones ciudadanas hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se incluyan obligaciones de evaluación y rendición de cuentas que garanticen que los recursos se transparenten hasta su destino final, “puesto que el incremento recibido en estos años no se ha reflejado en un incremento equivalente en número de médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, camas de hospital y consultorios”.
La observación que hicieron voluntarios en unidades médicas de 17 entidades del país, arrojó que:
• Una tercera parte de las unidades de salud (32.6 por ciento) no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan en los últimos 4 años (2011-2014); entre ellos el Hospital General Xoco, en la Ciudad de México.
• Las Cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son: Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.
• Casi la mitad de las unidades de salud (46.2 por ciento) no reportaron información en el último periodo de 2014.
• Casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano (63.4 por ciento) y seis de cada diez de las del área rural (59.5 por ciento) tienen fallas en el surtimiento completo de medicamentos.
• Una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan. 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio.
• Un 61 por ciento de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.
• Una de cada diez unidades reporta más de un mes de espera para cirugía (9.6 por ciento).
• El 42.3% por ciento de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.
• Más de la cuarta parte de las unidades de primer nivel (27.8 por ciento) y casi tres cuartas partes de las unidades de urgencias, tienen quejas de los usuarios (73.5 por ciento).
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del equipo operativo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que la demanda de obligar al sector salud de transparentar los recursos y su calidad en el servicio no es un tema menor, pues la deficiencias afectan directamente a la ciudadanía y provoca sufrimiento y la muerte de los pacientes.
“Lamentablemente no lo sabemos [ cuántas personas mueren por las deficiencias]. Pero hay algo claro: todo retraso en atención salud y toda atención no prestada como se debe médicamente tiene un costo de sufrimiento para las personas, un incremento de riesgo para la enfermedad y otras que se relacionan y, por supuesto, puede llevar a la muerte. Es decir, el surtimiento de medicamentos no sólo es un problema económico: dónde están quedando esos recursos si no lo hay, sino que la falta de medicamentos provoca que haya tratamientos incompletos, que no curan. Y todo retraso en salud aumenta el costo y sufrimiento del siguiente paso”, aseveró Gómez Hermosillo.
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza resaltó que hay más de 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud por lo que insistió en que la Cámara de Diputados debe tomar cartas en el asunto y destinar recursos para ampliar la afiliación al Seguro Popular y lograr la cobertura universal en los próximos tres años.
Asimismo hicieron un llamado a que no se recorte el presupuesto para la salud en 2016 y se amplíe la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para lograr la cobertura universal, como estaba estipulado en la reforma a la Ley General de Salud, lo cual debió cumplirse en 2010.
Las organizaciones civiles informaron que seguirán adelante con este tipo de ejercicios involucrando más organizaciones y ciudadanos, a fin de establecer un sistema de observación y contraloría ciudadana que impulse a las autoridades responsables de los servicios de salud a mejorar la atención y a aplicar los recursos con mayor efectividad.
TENDENCIA A LA PRIVATIZACIÓN
Las 21 organizaciones que impulsan esta iniciativa adelantaron que pedirán a la Secretaría de Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a más autoridades que se investigue el destino del dinero, pues, advirtieron, “no existe la gobernanza que se requiere para que el país cuente con un sistema de calidad que garantice el acceso efectivo a la salud”.
Hicieron énfasis en que en el presupuesto federal para 2016 se prevé asignar 75 mil 437 millones de pesos en el Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 millones de pesos a través del Ramo 33, para atender a población sin seguridad social, por lo que insistieron, es imprescindible garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales.
“A pesar de que en los últimos 12 años el presupuesto federal en salud para población sin seguros social pasó de 108 mil millones de pesos en 2004 a 236 mil millones en 2015, esos recursos no se han traducido en mejores servicios y acceso efectivo a la salud, pues no se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos”, detalló la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Lucila Servitje Montull, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), opinó que la tendencia del Estado es “dividir y vencer” en el sector salud apunta que se quiere privatizarlo.
“Hay una tendencia a privatizar en todos los niveles. Es como un divide y vencerás. Lo vemos en el nivel más básico, donde después de las horas de espera y la falta de medicamentos la cuestión es irse a una farmacia, éstas de consultorio. Es lo que haríamos todos en la cuestión práctica. Pero esa tarea de resolver nuestro día a día, es defender nuestro bien público, defender aquello que es entregado a la Federación para que se reparta para todos. Ahí hay una doble tarea. Tenemos que resolver, como podamos, nuestros problemas inmediatos, pero también tenemos que saber qué pasa con esto que entregamos al Gobierno para que nos lo devuelva en forma de servicio”, refirió Servitje Montull.
Los representantes de esta iniciativa agregaron que la propuesta de dar vales de despensa, “es un caminito a la corrupción. Efectivamente, porque no hay transparencia”.
En el reporte de la a Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, se detalla que los resultados requieren atención urgente y medidas por parte de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 se incluyan candados que impidan que la situación en el sector persista.
En esa dinámica las organizaciones proponen que se contemple en el Artículo 34 del PEF que:
Las autoridades de los Servicios Estatales de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud presentarán información detallada y accesible en formato de datos abiertos, sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos y aportados para la prestación de los servicios estatales de salud desglosada a nivel de cada establecimiento de salud, identificado con la Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES), de tal manera que permita la trazabilidad de los recursos hasta su destino final..
La Secretaría de Salud establecerá un sistema de monitoreo de indicadores de acceso efectivo a la salud de cumplimiento obligatorio por parte de los Servicios Estatales de Salud, que permita conocer datos periódicos sobre surtimiento de medicamentos, tiempos de espera en cirugías y estudios, servicios negados, desglosado por establecimiento de salud identificado por la CLUES.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL) establecerá los lineamientos a fin de que el monitoreo y la evaluación del Sistema de Protección Social en Salud considere al conjunto de los afiliados y que se incluyan variables que permitan medir el acceso efectivo a la salud, tales como el surtimiento completo de medicamentos, la posposición o negación de estudios, tratamientos o cirugías, los cobros por servicios o la solicitud de aportar material o insumos para recibir un tratamiento o intervención.
El Consejo Nacional de Salud, integrado por las autoridades responsables de las instituciones de seguridad social y por las autoridades de salud de las 32 entidades federativas, deben dar seguimiento a las evaluaciones y al monitoreo de los indicadores para establecer las medidas correctivas necesarias para mejorar la atención y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.
Fuente: http://www.sinembargo.mx/09-11-2015/1545262
