116 personas se buscan en el Valle desde 2010, su último rastro se registró en esta zona conformada por los municipios de Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y la zona rural de Ciudad Juárez; la mayoría de ellas llegaron con la intención de cruzar a Estados Unidos por esa región fronteriza que grupos del crimen organizado disputan por el control del tráfico de personas y de drogas

Ciudad Juárez– Laura sueña recurrentemente con su hijo y con su hermano: los ve entrar a su casa, caminar a la cocina, sentarse en la mesa. Los oye pedir comida. Los ve hambrientos, sucios y cansados, volviendo de trabajar como un día cualquiera. Laura sueña recurrentemente que Israel y José Luis vuelven a casa.

Israel Chávez Lozano y José Luis Lozano Mendoza desaparecieron en el Valle ­—zona que conforma parte de Ciudad Juárez así como los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe— lugar en el que actualmente se busca a por lo menos 116 personas y en el que se han encontrado restos de más de 280 personas que no se han podido identificar y en el que se han descubierto al menos 62 fosas clandestinas, desde 2010.

La disputa por el control del tráfico de personas y de drogas por esta zona fronteriza de Chihuahua mantiene en un riesgo constante a aquellos que buscan cruzar hacia Estados Unidos, de acuerdo con integrantes de organizaciones que acompañan a las familias de personas desaparecidas. 

“La mayoría de casos de desaparición en El Valle son perpetrados por grupos del crimen organizado. Se trata de personas que buscan llegar a Estados Unidos y de alguna manera no pagan a estos grupos del crimen organizado para que puedan acceder a través de esas vías a Estados Unidos y son desaparecidos”, dice

Carla Palacios, coordinadora general en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Pese a la cantidad de reportes de desaparición en este territorio integrado por la zona rural de Juárez y por los municipios de Guadalupe  y Praxedis G. Guerrero, solo se encuentran dos carpetas de investigación abiertas, ambas en este último municipio, ubicado a unos 50 kilómetros al oriente de Ciudad Juárez.

Tanto el fiscal general del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, como el fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, se negaron a dar una entrevista para esta investigación periodística. 

Frente al panorama, el presidente municipal de Guadalupe, Fausto González Pérez, dice que no tiene conocimiento del tráfico de personas ni de drogas en su pueblo; mientras que el alcalde de Praxedis, Celestino Estrada Villanueva, asegura que desconoce la cuestión de las desapariciones.

Ambos coinciden en que las dos comunidades son estigmatizadas por los medios de comunicación.

El 13 de noviembre de 2019 era miércoles. Laura terminó puntual su recorrido como chofer de transporte escolar, a las 7:30 de la mañana. Entonces pasó por su hijo Israel todavía en el camión que aún maneja para el traslado de estudiantes.

Hacía frío. Las bajas temperaturas llevaron al Gobierno Municipal a habilitar albergues en diversos puntos de la ciudad a manera de refugio. Sin embargo, ese día se mantuvo un poco por encima del promedio de esos días, cinco grados Celsius por la mañana.

A pesar de eso, Israel se puso una pantalonera azul debajo de su pantalón de mezclilla negro, una playera tipo polo azul con dos líneas a la altura del pecho, una azul y una roja, encima tres sudaderas y sobre las sudaderas una chamarra azul tipo cazadora, con cuatro bolsas grandes al frente. Se calzó sus tenis grises de botín y salió de su casa para subir al camión con su mamá.

Llegaron a la casa del tío José Luis en la colonia Ampliación de San Isidro, hacia el extremo oriente de la ciudad, al filo de las 8:00 de la mañana.

Laura recuerda que Israel tuvo un presentimiento incómodo que lo hizo dudar. Ella le dijo que no tenía que irse. Pero él ya había tomado la decisión: dejar Ciudad Juárez para cruzar hacia Estados Unidos.

Israel tenía entonces 29 años y la conciencia plena de que debía abandonar Juárez para vivir en mejores condiciones, cierta intuición de que el lugar que habitaba no tenía algo bueno para él.

Dejó su último trabajo en un supermercado luego de que agentes estatales lo levantaron saliendo de su jornada, le quitaron su dinero, su celular y sus pertenencias, todas, para abandonarlo golpeado en un paraje alejado de su casa.

En las noticias de esa semana quedaban estelas de la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón, ocurrida el 4 de noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua. También quedaban notas sobre el memorial que se hizo en Walmart de El Paso, Texas, donde tres meses antes un joven disparó contra la población civil matando a 23 personas.

Sobre el Valle de Juárez destacaba una noticia: el lunes 11 identificaron el cuerpo de una mujer de 20 años que murió estrangulada y cuyo cadáver dejaron en un parque de San Isidro, a un costado de la carretera Juárez-El Porvenir. A unos diez kilómetros de donde se encontraba Israel y por donde pasaría más tarde. Se trataba de Guadalupe Elvira Díaz López.

Laura acompañó a su hijo en la casa de José Luis hasta las 11:00 de la mañana en que debía dar su segundo recorrido en su camión escolar. Le dio un poco de dinero, le pidió que le marcara en cuanto estuviera en Estados Unidos, se despidió y se fue.

A las 12:40 Maricela Chacón escuchó que le gritaban a su esposo José Luis Lozano para que saliera.

Juan de Dios Robles Martínez es amigo de José Luis desde hace alrededor de 15 años, a él le dicen “El Cholo” y para ese momento tenía un mes que lo deportaron de Estados Unidos.

Juan de Dios conocía las brechas y el recorrido que se tiene que hacer por el Valle para atravesar la frontera hacia Estados Unidos por el municipio de Praxedis G. Guerrero, había cruzado varias veces. Y planeaba hacerlo de nuevo para volver a trabajar de aquel lado.

Por eso le ofreció a José Luis llevarlo y conseguirle empleo sin cobrarle nada, solo por ser su amigo. Por eso éste le dijo a su sobrino Israel. Por eso estaba Juan de Dios gritando afuera de la casa de José Luis el 13 de noviembre a las 12:40.

Subieron a la Cherokee negra de un familiar de Juan de Dios en la que iban otras tres personas y tomaron rumbo a la plaza Zaragoza, donde esperarían el único camión de transporte público que va hacia el Valle y que pasa entre la 1:00 y la 1:30 de la tarde por esa zona de la ciudad.

Las otras tres personas que estaban en la camioneta y pagaron a Juan de Dios para que los cruzara, se desconoce su identidad. Se habla de una familia, un hombre, una mujer y su hija menor de edad. Pero por ellos nadie hizo una denuncia, a ellos nadie los busca.

Un grupo de seis personas toma el único camión de transporte público que entra al Valle, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Toman la carretera federal 2, Juárez-El Porvenir, una ruta de alrededor de 70 kilómetros de largo. Y no vuelven a ser vistos.

“Ya no me contestó los mensajes mi hijo. Le hablaba a mi hermano y me mandaba a buzón, o sea que ya no tuvimos comunicación con ninguno. No sé qué pasaría, hasta dónde llegarían. Nos dijeron que los habían bajado del camión, pero no sabemos si fue hasta La Esperanza, en Praxedis, no sabemos exactamente en dónde los bajaron del camión”, dice Laura Irene Lozano, que busca a su hijo Israel Chávez Lozano y a su hermano José Luis Lozano Mendoza desde el 13 de noviembre de 2019.

Solo una carretera se interna al Valle. Solo un camión de transporte público sale a las 7:00 de la mañana del Porvenir con rumbo a Ciudad Juárez y regresa después del mediodía.

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DE CAMPOS DE CULTIVOS A TIERRA DE DESAPARECIDOS

El Valle no es propiamente valle, se compone de zonas desérticas que conectan con las dunas de Samalayuca, de sierras y faldas de sierra, de campos de cultivo, zonas verdes y zonas secas según se vea hacia uno u otro lado de la carretera.

Está conformado por tres municipios: primero por el extremo oriente de Ciudad Juárez, seguido de Guadalupe y, por último, Praxedis G. Guerrero, hasta El Porvenir. A su vez, estos municipios se conforman de diversos poblados que se enclavan, la mayoría, a un costado de la carretera Juárez-El Porvenir que corre paralela al río Bravo.

Destacan los poblados de Loma Blanca, San Agustín, El Millón, Juárez y Reforma, Doctor Porfirio Parra, Barreales, Guadalupe, Praxedis, La Esperanza y El Porvenir.

En total, de acuerdo con el INEGI, la población en esta zona es de 17 mil 361 habitantes. Guadalupe cuenta con 4 mil 237 habitantes, mientras que Praxedis registra 5 mil 111 habitantes; el resto pertenecen a los poblados del Municipio de Juárez, desde Loma Blanca hasta El Millón.

El Valle fue una pujante zona agrícola en las décadas de los 60 y 70, por eso al margen de la organización política municipal y sus divisiones, mantiene todavía la tradición ejidal, personas que cultivan alfalfa, algodón, sorgo, y en pocos casos trigo, a pesar de lo difícil que se ha vuelto mantener los campos debido a la falta de agua, el precio del diesel y de la electricidad para sacar agua de los pozos.

Cada vez el Valle tiene menos agricultores, me cuenta un hombre de más de 60 años que recuerda una época en que las cosas eran más fáciles.

“Fíjate, el diesel costaba 5 pesos el litro hace 30 años y el algodón lo vendíamos en 70 dólares el quintal (46 kilos). Ahorita se vende en lo mismo, pero el diesel cuesta 20 pesos o más”.

No solo los precios terminaron con la agricultura, cuenta el hombre de manos morenas y anchas que sostiene un sombrero sobre sus piernas, sentado en la plaza de Praxedis. La industria maquiladora se convirtió en la principal fuente de empleo. Los pobladores del Valle se trasladan hasta dos horas a Ciudad Juárez para trabajar en las maquiladoras jornadas de entre ocho y diez horas para hacer otras dos horas de regreso de camino a casa. 

Y la violencia, claro. Por eso el hombre pide que no mencione su nombre. No es bueno dar entrevistas en un pueblo tan pequeño, dice.

Pero no solo es que el Valle tenga cada vez menos agricultores, es que, en general, el Valle tiene cada vez menos población. La disputa entre cárteles por el territorio y los efectos de la “guerra contra el narcotráfico” que emprendió entre el 2006 y 2012 el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, sumieron al Valle en una dinámica de violencia tal que se asesinaron familias enteras y dos terceras partes de la población tuvo que irse.

Por ejemplo, Guadalupe, que tiene ahora 4 mil 237 habitantes, en 2006 contaba con más de 12 mil habitantes, recuerda el presidente municipal, Fausto González Pérez, que accede a dar una entrevista en su oficina.

“Yo lo que quisiera externar es una molestia de toda la comunidad, no solo mía como alcalde, de que se habla muy mal del Municipio de Guadalupe porque nos tienen estigmatizados como un pueblo o un municipio violento”, dice Fausto al inicio de la entrevista.

En cuanto al tráfico de drogas y de personas refiere: “Yo quiero comentar que no estoy informado del tráfico aquí en nuestra cabecera municipal”.

Unos kilómetros adelante nos recibe el presidente municipal de Praxedis, Celestino Estrada Villanueva, que replica la idea de Fausto: lo del Valle es un tema de comunicación y de imagen, una cuestión meramente mediática.

“Desgraciadamente los medios de Ciudad Juárez han manchado nuestras comunidades cuando no es así. Es la mala información que se tiene de los medios de comunicación, el municipio de Praxedis no es como lo pintan los medios de comunicación. Las cosas malas no pasan ni en Praxedis ni en Guadalupe, todo pasa del Millón para allá, que le pertenece a Ciudad Juárez, ese es el problema que tienen ustedes los medios de comunicación”, explica.

“En cuestión de la desaparición tenemos un desconocimiento en sí. Y de migración no nos han comentado nada”, agrega detrás de la mesa de la sala de juntas de la Presidencia municipal.

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¿CUÁNTAS PERSONAS HAN DESAPARECIDO?

Al día de hoy la Fiscalía General del Estado mantiene una búsqueda de 71 personas desaparecidas solo en el Municipio de Praxedis, y de otras 45 personas en el Municipio de Guadalupe, de acuerdo con información entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. De estos casos solo 7 son mujeres y 109 son hombres.

Es decir, se han interpuesto 116 reportes de personas que han desaparecido en estos municipios sin que a la fecha se les haya localizado, por lo que se mantiene su estatus de búsqueda “vigente”.  Sin embargo, a esas desapariciones hay que sumar las de los poblados del Valle de Juárez que pertenecen al Municipio de Juárez, como quedaron registrados José Luis Lozano Mendoza, Israel Chavéz Lozano y Juan de Dios Robles Martínez. Además de Erick Cuenca Mora y Ángel Eduardo de la Rosa Posada, en los poblados de San Agustín, San Ignacio, Loma Blanca o el Millón. El problema con esa información es que está mezclada con la de Ciudad Juárez y no con la del Valle.

A esto hay que sumarle los familiares que no denuncian por temor a represalias, los que no denuncian porque no están en el país y no conocen siquiera el punto de desaparición o por dónde buscaban cruzar la frontera sus familiares, de acuerdo con Carla Palacios, coordinadora general en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización civil desde donde acompañan casos de desaparición y tortura.

Actualmente el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva cinco casos de desaparición en el Valle, el de José Luis Lozano Mendoza, Israel Chávez Lozano y Juan de Dios Robles Martínez; el de Érick Cuenca Mora; el de José Antonio Chaparro Ledezma; de Ángel Eduardo de la Rosa Posada y el de Esteban Miramontes Rodríguez.   

Por esto es que la cifra de reportes es muy alejada de la realidad que se vive en el Valle, de acuerdo con Gabino Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, organización civil asentada en Chihuahua capital desde donde acompañan también a víctimas de violaciones a los derechos humanos en todo el estado. Y desde donde llevan la representación de alrededor de 30 casos de desaparición en la zona del Valle, hasta Ojinaga.

“Siempre hemos sabido de la desaparición de personas en esta región, particularmente migrantes. Pero desde un tiempo más reciente empezaron a buscarnos más familiares que desaparecieron personas rumbo a la frontera para cruzar hacia Estados Unidos. Yo no hablaría solo del Valle de Juárez, incluiría hasta Ojinaga (Municipio que colinda en el oriente con Guadalupe)”, dice Gabino Gómez, que puntualiza el incremento de denuncias por desaparición en esa zona recientemente.

Además, al problema de la desaparición hay que sumar el de la inhumación clandestina. Al margen de las 116 personas que se buscan en la zona, se han encontrado en el Valle restos de por lo menos 280 personas que no se han podido identificar. De 2010 a la fecha la Fiscalía General del Estado ha encontrado, solo en los municipios de Praxedis y Guadalupe, 62 fosas clandestinas con restos humanos, 21 en el primero y 41 en el segundo.

A esto hay que sumar que para investigar todos los crímenes cada Municipio cuenta con un solo agente del Ministerio Público. Uno para todos los delitos en Praxedis, desde un robo, asaltos, violencia familiar, hasta homicidios, secuestro, extorsión y desaparición. Y uno para Guadalupe.

“El pueblo está demasiado vacío, demasiado solo, no me imagino el dolor que debe tener la gente ahorita que nunca supo de sus familiares. Yo pienso que Guadalupe es un gran cementerio donde hay demasiada gente enterrada. Cuando la gente empezó a huir del pueblo se fueron adueñando de las casas y en cada casa dejaban cuerpos enterrados”, dice Elvira Archuleta desde Texas, estado norteamericano al que pidió exilio tras la persecución y homicidio de varios integrantes de su familia.  

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¿POR QUÉ DESAPARECEN?

El 25 de septiembre de 2021 un grupo de 13 personas atravesaba por Coyame del Sotol con rumbo a la frontera cuando fueron detenidos por integrantes de una célula del crimen organizado, de acuerdo con el relato del único sobreviviente, que fue abandonado en el desierto. Desde entonces, a casi un año, no se sabe nada de ellos.

De los trece, diez son de Chihuahua, uno de Durango, uno de Querétaro y uno del Estado de México. Se trata de uno de los grupos más grandes de los que se tenga registro de desaparición recientemente, de acuerdo con Gabino Gómez, y el móvil es el mismo que en gran parte de los casos: grupos del crimen organizado a los que se les tiene que pagar por cruzar su territorio.

“Se tiene la información que llegaron por esa zona de terracería hasta casi la frontera y hay una bifurcación de la brecha hacia mano derecha que se llega a Lomas de Arena, que es punto de paso para cruzar por el río Bravo, ese punto lo controla el cártel de Juárez y a mano izquierda se llega a Bosque Bonito y ese lo opera el cártel de Sinaloa, es otro punto de desapariciones.

“Para llegar a esos dos lugares hay tres rutas, la ruta que ya describí de Coyame y hay otra ruta que sale de Ojinaga, que bordea el río, y otra ruta que cruza todo el Valle de Juárez hasta El Porvenir y sigue más para allá. Toda esta ruta que cruza el Valle de Juárez es punto de desapariciones”.

De acuerdo con Gabino Gómez detrás de esta migración hay personas que cobran por cruzar personas, el problema de la desaparición se da cuando estas personas burlan el cobro de los cárteles o simplemente no cuentan con su aval o protección.

A pesar de esto, hay personas del Valle u otras áreas cercanas que conocen las rutas y que por mucho tiempo se han dedicado a cruzar personas, pero que no pertenecen al grupo que controla el narcotráfico en la zona, por lo tanto no cuentan con su permiso, de acuerdo con pobladores del Valle que piden anonimato para dar su testimonio.

Por ejemplo, apenas el 12 de agosto de este año se publicó una nota en diversos medios en la que daban cuenta del rescate de un hombre de 60 años que se encontraba retenido y que fue torturado en un rancho de Loma Blanca, se mencionó que su hijastro fue asesinado en el lugar. Tenían al menos tres días desaparecidos cuando los encontraron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que detuvieron a un hombre que los cuidaba.

De acuerdo con pobladores del Valle, el hombre que sobrevivió se llama Arturo, es de San Agustín y se dedicaba a reparar electrodomésticos y también cruzaba migrantes de manera esporádica.

A Lorenzo Rodríguez le decían “El Topo”, vivía en Doctor Porfirio Parra. Lo asesinaron el 9 de abril de 2020. De acuerdo con pobladores del Valle, Lorenzo cruzaba migrantes a Estados Unidos, conocía bien los caminos. Para que llegaran al Valle les pedía que tomaran un servicio de transporte privado de alguna plataforma digital. Dicen los pobladores que a Lorenzo lo detuvieron policías ministeriales cerca del río, en El Porvenir, dicen que lo tuvieron detenido y que fueron ellos quienes lo entregaron al cártel para que lo mataran.

El 10 de abril, apenas un día después de que mataran a Lorenzo, se dio el hallazgo del cuerpo de Cristian Quintana, un conductor de DiDi que realizó un viaje a El Porvenir y desapareció. Su cadáver fue abandonado en Los Arenales, cuya entrada, en el sentido de oriente a poniente, queda unos metros antes del retén militar que se mantiene de manera permanente.

“Hablamos de un delito que no se está investigando, la desaparición por particulares o la privación ilegal de la libertad no se está investigando y mucho menos condenando”, dice la abogada Carla Palacios.

“No hay interés en atender al Valle, el Valle está cooptado no solo por el crimen organizado incluso también hasta por las propias autoridades”, dice Maricela Vázquez, una de las abogadas que acompaña casos de desaparición en el Valle desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Fiscalía General de la República, a través de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuentan con un análisis de contexto sobre lo que sucede en el Valle. Es decir, analizan los casos de manera aislada y hacen las búsquedas por particulares. Lo que implica un problema para entender el problema como parte de un modelo sistemático y con las mismas características en la mayoría de los casos, de acuerdo con Gabino Gómez.

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EL INICIO DE UNA GUERRA

Los pobladores del Valle recuerdan el inicio de un conflicto que trajo consigo decenas de homicidios, secuestros, desapariciones, tortura, el éxodo de por lo menos dos terceras partes de la población, casas como ruinas, y sobre todo mucho dolor.

Recuerdan el inicio porque fue muy claro. En él se mezcla una disputa entre el poder del narcotráfico, el poder político y el poder militar. 

De José Rodolfo Escajeda no se tenía ni una sola mención en medios de comunicación ni en listas de búsqueda por parte de ninguna autoridad hasta que el 3 de febrero de 2006, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, en una conferencia de prensa desde lo que era el Distrito Federal, se refirió a él como el narcotraficante más importante del Valle de Juárez, junto con su hermano Óscar Alonso Candelaria Escajeda y César Alonso Gándara Reyes.

Entonces Escajeda existió públicamente y pasó del anonimato a ser uno de los blancos más importantes para la Secretaría de la Defensa Nacional.

En enero de ese año el Sheriff del condado de Hudspeth, que colinda en México con el poblado de El Faro en el Valle de Juárez, denunció la incursión de un grupo de militares al lado estadounidense para rescatar una camioneta que quedó varada en el río Bravo y que estaba cargada con droga.

Las autoridades estadounidenses mostraron videos y fotografías de los hombres uniformados y armados así como de los vehículos Hummer que utilizaron para remolcar la camioneta atascada. Desde Estados Unidos se exigió una respuesta al Estado mexicano.

Por esa razón, la mañana del 3 de febrero el secretario de la Defensa Nacional dijo en conferencia de prensa que la investigación arrojó que no se trataba de elementos del Ejército sino de José Rodolfo Escajeda, alias “El Rikín” o “El Z1”; Óscar Alonso Candelaria Escajeda, alias “La Lala” y César Alonso Gándara Reyes, lugartenientes de los Carrillo Fuentes en el Valle, junto con sus colaboradores.

Dicen los pobladores del Valle, que el exalcalde de Guadalupe, Omar Amaya Núñez, denunció a los Escajeda y dio su ubicación al Ejército, debido al abuso y violencia que Rodolfo Escajeda ejerció sobre una de sus sobrinas, de apellido Amaya, con quien mantuvo una relación. Y que esto desató una venganza personal de Escajeda con la familia de Omar Amaya.

El 14 de junio de 2006 se montó un megaoperativo en el que participaron más de 300 agentes entre militares de la Sedena, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la DEA de Estados Unidos para dar con los hermanos Escajeda en sus viviendas del Valle. Sin embargo, las autoridades llegaron tarde ya que alguien habría avisado a los Escajeda a tiempo para que lograran escapar.

Tres meses después, el domingo 24 de septiembre de 2006, el ex alcalde de Guadalupe, Omar Amaya Núñez, de entonces 35 años, fue asesinado al interior de un restaurante de su propiedad  llamado La Herencia. Dos hombres entraron al lugar y le dieron nueve tiros con dos armas distintas. No había seguridad en el pueblo porque minutos antes se denunció el hallazgo de dos cuerpos en el río, a donde se trasladaron los agentes que estaban en el pueblo, lo que resultó falso. La versión oficial fue que asesinaron al exalcalde por resistirse a un asalto, aunque no hubo faltante en el dinero de la caja registradora.

Cinco meses después fue asesinado a tiros su padre, Apolonio Amaya Fierro, que también fue alcalde de Guadalupe, entre 1983 y 1986. Apolonio fue sorprendido a tiros en Ciudad Juárez cuando llegaba a una plaza comercial y un auto se detuvo junto a su camioneta, del que bajó un hombre que le disparó en al menos cinco ocasiones, se mencionó que pudo tratarse de un asalto.

El 20 de abril de 2008 asesinaron a su hermana, Agle Amaya, de 29 años, le dispararon en al menos cinco ocasiones y atinaron en dos, una en su espalda y otra en su abdomen cuando se trasladaba en su auto por la carretera Juárez-El Porvenir a la altura de Doctor Porfirio Parra, conocido como Caseta. Viajaba con su hija de siete meses que resultó ilesa.

El 18 de agosto de ese mismo año dos sujetos entraron a la tienda de abarrotes de María del Carmen Núñez Alvarado, madre de Omar Amaya, y la asesinaron junto con un empleado de nombre Rodrigo Escajeda. A ambos les dieron un tiro en la nuca. Se mencionó que pudo tratarse de un asalto.

La madrugada del miércoles 15 de septiembre de 2010 un comando armado incendió ocho viviendas en Guadalupe. Entre ellas la casa que perteneció a la familia de los ex alcaldes Amaya, que para ese punto habitaba nadie.

“No los agarraron, por eso vino el contraataque de ‘Rikín’ a la familia de Omar Amaya. Su mamá tenía una tienda muy cerca del Bachilleres, ahorita ya hasta la demolieron pero en aquellos tiempos ‘Rikín’ se vengó de toda la familia”, dice uno de los pobladores del Valle mientras otro, a su lado, asiente, en algún lugar de Ciudad Juárez, porque hablar de esto en el Valle, cuenta, sería sumamente riesgoso.

“Ahí empezó todo”.

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ÉRICK NO LLEGÓ A CASA

De los cinco casos de desaparición en el Valle que lleva el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte el de Érick Cuenca Mora es el único que no se relaciona con migración.

Érick tenía 18 años el 19 de octubre de 2017. Ese jueves estaba en su casa en San Agustín y no en su trabajo, en una agencia de autos en Ciudad Juárez, porque el día anterior fue con el médico para que le sacaran una uña enterrada en el pie que le causaba mucha molestia.

Sin embargo, cuando le llamaron alrededor de las 11:00 am para decirle que su novia, Guadalupe, estaba enferma, no se lo pensó mucho para salir de su casa, subir a su Ford F-150, modelo 94, rosa con blanco y placas nacionales EB75924, que tanto le gustaba, para tomar rumbo hacia Doctor Porfirio Parra, mejor conocido como Caseta.

Desde entonces no se ha visto ni a Érick, ni a su camioneta. 

Guadalupe fue entrevistada en por lo menos cuatro ocasiones por agentes del Ministerio Público. Ella mencionó que Érick no llegó a su casa, y que para ese punto ya habían terminado su relación dos semanas antes y desde entonces no lo veía.

El 9 de noviembre de 2019, la exnovia de Érick, Guadalupe Elvira Díaz López, fue encontrada muerta en un parque de San Isidro, fue estrangulada y su cuerpo abandonado enredado en una cobija en el cruce de Constitución y la carretera Juárez-El Porvenir.    

Se dijo que fue levantada por un grupo armado dos días antes en Caseta.

Aún no se da con los responsables de la desaparición de Érick, ni del feminicidio de Guadalupe.

Laura camina despacio por la Sierra del Valle, detrás del poblado de Juárez y Reforma hacia el sur, por una brecha larga que pasa el panteón, hay una casa, o lo que queda de una casa. El puro pie sin puertas ni ventanas, adentro quedan las marcas de disparos en la pared. Y a un lado lo que fue una alberca. Una ruina al pie de la sierra. El  rancho La Campana, uno de los puntos que dio Mauricio Luna, alias El Papacho, como una de las fosas clandestinas más grandes del Valle.

A ratos Laura se recarga sobre una varilla con la que pica el suelo, porque le duele la rodilla, recientemente operada. Lleva un sombrero de ala larga que la protege del sol, la playera blanca con la imagen del rostro de su hijo y de su hermano. Va rasgando el suelo, cansada y decepcionada. Son horas de esfuerzo bajo un sol abrasante y nada.

Parece que no pasa nada, en general.

Solo en la mente de Laura sucede la imagen de su hijo y su hermano todo el tiempo, incluso cuando duerme y los ve llegar a su casa, cansados y hambrientos.

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INVESTIGACIÓN: MARCO ANTONIO LÓPEZ
FOTOGRAFÍA Y VIDEO: ALICIA FERNÁNDEZ / GERARDO HERNÁNDEZ
GRÁFICAS: ADRIANA FAUDOA
PARTE 1 DE 2

LA COMPLICIDAD DEL ESTADO, EL ÚLTIMO RASTRO EN EL VALLE
PARTE 2 PRÓXIMAMENTE

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Este trabajo fue realizado por La Verdad con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.

Publicado en: https://laverdadjuarez.com/2022/08/29/desaparecer-en-el-valle-impunidad-y-silencio/