Tajamar es una muestra clara de la operatividad del Gobierno Federal para darle todas las ventajas a la iniciativa privada de continuar con su despojo, su privatización y su extracción de bienes naturales estratégicos.
Por: Jorge Tadeo Vargas.
En México existen más de doscientas leyes o reglamentos ambientales tanto a nivel municipal como estatal o federal; mismas regulaciones que terminan por contradecirse entre ellas cuando se trata de poder aplicar la ley ante algún caso de daño ambiental. Pongamos por ejemplo el tema de la incineración o coprocesamiento como la industria cementera llama a su proceso de usar combustible derivado de residuos como energía en la producción del cemento.
Los impactos que se dan a partir del uso de este combustible está ampliamente documentado a nivel global; sin embargo la ley general de cementos (ley federal) y la ley general de protección ambiental (también federal) permiten el uso de este combustible en las plantas cementeras con una regulación muy laxa o inexistente en algunos casos específicamente cuando se habla de la regulación a las Dioxinas y Furanos los cuales no son regulados y quedan a criterio de la industria si se presentan en el Registro de Emisiones Contaminante o no; entonces por lo que se puede hacer en relación a la prohibición del uso de residuos; principalmente peligrosos, industriales, biológico-infecciosos desde la municipalidad o del mismo Estado es muy poco o nada.
Por si esto fuera poco las modificaciones que se pretenden hacer a la Ley General de Residuos dejan abierta la posibilidad para que tanto las empresas cementeras como la industria de la incineración puedan usar los Residuos Sólidos Urbanos como materia prima para la producción de energía; es decir, las modificaciones a la ley no van encaminadas para la protección de las comunidades y/o de la naturaleza; al contrario, van hacia la socialización de los impactos en la salud ambiental y humana con una privatización de las ganancias económicas.
Aún más; las reformas estructurales impulsadas por la administración de Peña Nieto se suman a todas las reformas que han venido haciendo las anteriores administraciones federales a la constitución mexicana con el objetivo de legalizar el despojo y la privatización de los territorios, así como de los bienes comunes estratégicos. Y aunque presidentes como Calderón y Fox se encuentran entre los presidentes que más modificaciones o decretos a la constitución han hecho, Peña Nieto es probablemente el que ha actuado con más ventaja para que sus reformas estructurales vayan de la mano con las necesidades que tiene el modelo de producción-consumo para continuar con su hegemonía.
Estas reformas; muchas de ellas que en teoría son anti-constitucionales parten de la idea neoliberal de que la socialización de los costos socio-ambientales con la población; así como con la naturaleza permiten un mayor desarrollo económico para ese uno por ciento que mantiene el poder y que es el mismo que promueve dichas reformas; incluso es este uno por ciento el que impulsa leyes contradictorias que no permiten la plena autonomía de los municipios cuando se trata de defender los territorios desde la legalidad. Veamos el ejemplo de Tajamar en Cancún.
A pesar de que la información científica nos ha dicho la importancia de los humedales, no solo para un buen funcionamiento de los ecosistemas marinos; sino para la económica de los pescadores de la región; a sabiendas de lo difícil de que es la recuperación de una zona de manglar afectada y/o devastada; las Secretarias correspondientes dan los permisos necesarios para la construcción de un corredor turístico que afectaría de manera considerable no solo a una parte de todo el Humedal de Tajamar; sino a todo el; pues es un ecosistema interconectado que no puede pensarse en sus dinámicas poblacionales como si fueran partes desconectadas sin relación alguna.
Así y con toda la información de los impactos tan severos que este proyecto dejaría no solo en Tajamar; sino en toda la bio-región que comprende ese corredor ecosistémico que va desde Cancún hasta Quintana Roo, el gobierno federal no solo da los permisos para que se cometa este ecocidio; sino que por medio del organismo descentralizado FONATUR invierte millones de dólares desde la administración de Calderón hasta la actual para que se lleve a cabo. Tajamar es una muestra clara de la operatividad del Gobierno Federal para darle todas las ventajas a la iniciativa privada de continuar con su despojo, su privatización y su extracción de bienes naturales estratégicos.
Gracias a una fuerte presión social el proyecto ha sido cancelado; aunque eso no quiere decir que no aparezca en los próximos años con otro nombre y nuevos inversionistas; sin embargo, el daño ya está hecho. Los impactos generados se irán presentando en los próximos años y estos van desde una baja en la pesca de la región, cambios en la temperatura del agua por lo que afectara también a los arrecifes coralinos, aumento en la intensidad en la que lleguen los huracanes a la costa, con lo que se aumenta el riesgo para las poblaciones más vulnerables, es decir los más pobres y una baja en el turismo cada vez que llegue un huracán. Esto es parte de los impactos que se irán resistiendo en los próximos años en la región que incluso con un buen plan de remediación y recuperación del manglar dañado; este no tendrá resultados positivos sino a largo plazo.
Tajamar es un ejemplo tangible de la política del despojo que tiene como fundamento las leyes mexicanas para llevarlo a cabo; sin embargo no es el único que podemos mencionar, la ley minera, la ley de hidrocarburos que hablan de que el subsuelo es propiedad de la nación por lo tanto pueden hacer con él lo que mejor les plazca y lo hacen obviando que arriba del subsuelo existe una serie de dinámicas socio-ambientales que se ven afectadas; las mismas reformas estructurales que no solo legalizan les despojo de los territorios; sino que crean una serie de mecanismos donde la defensa de estos territorios por parte de sus legítimos dueños se convierte en una ilegalidad con la que los activistas comunitarios; los pobladores que defienden su legítimo derecho se convierten en criminales donde la violencia del Estado y de la misma iniciativa privada es justificable en su marco de derecho; dejando los Derechos Humanos como mero parapeto discursivo.
Este año el Gobierno Federal tiene como objetivo reforzar las reformas estructurales con una serie de modificaciones a leyes federales que le permitirán continuar con la privatización de los bienes estratégicos. La primera se refiere a la Ley General de Residuos donde estos pasan a ser materia prima en vez de residuos y así abrir la puerta a los proyectos de incineración para la producción de energía o permitir que la industria cementera pueda continuar haciéndolo sin problemas legales por parte de las comunidades que tendrán en la resistencia y la presión social la única opción de lucha contra los impactos que ya están generando y que aumentarán.
Esta ley también contempla convertir a los rellenos sanitarios en centros de producción de CDRs donde no solo entraran los RSU; sino también los residuos industriales, peligrosos, etc., etc. Esto desde un discurso socialmente amigable y ambientalmente responsable donde incluso usan de manera irresponsable términos y conceptos como el de Basura Cero; una idea que muchos activistas a lo largo del mundo vienen trabajando y que no tiene nada que ver con la idea que propone el Gobierno Federal.
Otra modificación es a la Ley de Aguas Nacionales; una ley estratégica que desde el año pasado se está intentando pasar por el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados. En marzo del 2015 la presión social consiguió detenerla gracias a un cabildeo intenso con los Diputados y Senadores y una gran campaña mediática; este año todo indica que la estrategia del Estado cambiara para no dar oportunidad de que se trabaje en la misma línea. ¿Qué implica la modificación a la Ley de Aguas Nacionales? Bueno; primero es una ley que se hizo en la década de los noventa con una modificación a inicios de este siglo. Segundo esta ley que juega con el concepto de Derecho Humano al agua apuesta por bajar los estándares internacionales de ese mismo derecho con el claro propósito de privatizar los Organismos Operadores de Agua Potable; es decir, si por ley el Estado debe de proveer cierta cantidad de agua, el resto, obviamente será proporcionado por la Iniciativa Privada. De igual forma al quedar explicito este Derecho Humano al Agua los excedentes pueden ser usados por la industria; desde esa lógica perversa que tiene el sistema, de que es para el desarrollo y el progreso del país. Haciendo una ley tan explícita se abren las puertas para la explotación de las Cuencas, de los ríos, de las aguas subterráneas beneficiando incluso a otra industria como la energética con un apoyo indirecto para la construcción de hidroeléctricas, para la explotación del fracking entre muchas otras actividades que permiten la hegemonía del modelo de producción-consumo.
Estas contradicciones entre las leyes, las modificaciones que se hacen a la constitución y las leyes nacionales, las reformas estructurales terminan siendo las herramientas que el Estado utiliza no solo para poner en marcha sus planes de privatización de los Bienes Comunes Estratégicos; sino que también permiten que la violencia hacia los defensores de los territorios, los activistas pro Derechos Humanos se agrave llegando incluso a presentarse un aumento en la criminalización de la protesta con sus correspondientes presos y asesinados. En México se vive un estado de emergencia ante esta situación que ya es imposible negarlo. El aumento de la violación de los Derechos Humanos básicos está presente en cada uno de los mega proyectos que se presentan como la panacea del sistema; los cuales están insertos en todas las reformas estructurales que legitiman el despojo de los territorios, permiten la privatización de los Bienes Comunes Estratégicos; fortaleciendo al sistema neoliberal y su capitalismo salvaje.
Mientras que la legalización del despojo continua las resistencias ante el también avanzan, se organizan y buscan las formas de continuar con la lucha. No es que el sistema lo tenga tan fácil; existen en todo el mundo resistencias locales que con todo en contra están buscando como revertir desde la legitimidad este robo a descampado que cuenta con toda la legalidad que el capitalismo salvaje les da. Las resistencias comunitarias; la búsqueda de nuevas formas de convivencia comienza a convertirse en realidades que ante un modelo de producción-consumo que intenta deshumanizarnos; despojarnos de lo que es nuestro; de acabar con la naturaleza en beneficio de su desarrollo solo queda; eso resistir en la construcción de ese nuevo mundo que cada día es más necesario, aunque su posibilidad no esté a la vuelta de la esquina.
