En carta dirigida a la Secretaría de Economía y al Secretario de Relaciones Exteriores, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, piden a gobierno de México se oponga a las normas de propiedad intelectual que impiden a países de menores ingresos fabricar pruebas y tratamientos del COVID-19.
Martes 6 de diciembre del 2022
- La Comisión de Derechos Humanos de Kenia y 100 organizaciones feministas, de salud y de acceso a los medicamentos; así como personas académicas, expertas en género, salud y comercio de todo el mundo denuncian que la reciente posición de México perjudica la respuesta regional al COVID-19.
- En una carta dirigida a la Secretaria de Economía y al Secretario de Relaciones Exteriores, piden al gobierno de México que se oponga a las normas de propiedad intelectual que impiden a países de menores ingresos fabricar pruebas y tratamientos del COVID-19.
- Hasta la fecha, México sólo ha sido capaz de adquirir 300 mil cajas para todo el país, lo que hace que el medicamento sea extremadamente inaccesible.
El gobierno de México corre el riesgo de perjudicar la lucha de América Latina contra el COVID-19 al socavar una propuesta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para permitir que los países de ingresos bajos y medios produzcan tratamientos y pruebas genéricas más baratas, advierten organizaciones de la sociedad civil.
En una carta entregada el lunes 5 de diciembre, dirigida a la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, y al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la Comisión de Derechos Humanos de Kenia y 100 organizaciones de la sociedad civil, personas académicas, expertas en género, salud y comercio han pedido al gobierno de México que se oponga a las normas de propiedad intelectual que impiden a los países de menores ingresos fabricar las pruebas y tratamientos del COVID-19.
América Latina ha sido la región con la más alta tasa de mortalidad por COVID-19 del mundo: 254 por cada 100,000 personas, el doble de la media mundial de 120.3 muertes por cada 100,000 personas. Pero la pandemia no se acabó; y los reportes más recientes de la Organización Mundial de la Salud confirman crecimientos significativos en las tasas de infección y también de muertes por COVID-19 alrededor del mundo.
Activistas de Latinoamérica piden que los tratamientos y las pruebas se incluyan en el acuerdo llevado a cabo en la OMC sobre las vacunas COVID-19 a principios de este año. Esto permitiría que países de la región, con capacidad de producción de esas tecnologías, puedan hacerlo inmediatamente.
Anteriormente, el gobierno de México apoyó la exención de las normas de propiedad intelectual para las vacunas COVID-19. El 28 de marzo de 2022, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, firmó una declaración en la que no sólo apoya la medida, sino que reitera la necesidad de una exención integral en lo que respecta también al tratamiento y el diagnóstico.
En junio, la OMC aceptó una propuesta mucho más limitada para facilitar la producción de genéricos, comprometiéndose a decidir si se incluyen los tratamientos y las pruebas antes del 17 de diciembre. México sorprendió a sus aliados latinoamericanos al cuestionar la necesidad de actuar sobre los tratamientos, poniéndose del lado de países ricos como Suiza en las negociaciones, las cuales están previstas para este martes, 6 de diciembre, 11 días antes de la fecha límite.
En la actualidad, los países desarrollados representan el 76% del total de los acuerdos de suministro de antivirales conocidos. Los acuerdos entre Merck y el Medicines Patent Pool (MPP) para la producción de genéricos de Molnupiravir excluyen el suministro a casi el 80% de la población latinoamericana y caribeña, dejando fuera a países como Argentina, Chile, Colombia y República Dominicana. Del mismo modo, el acuerdo de Pfizer con el MPP para el Paxlovid excluye del suministro al 47% de la población mundial, incluyendo la mayor parte de América Latina.
Lo anterior también impacta negativamente en México a nivel nacional, al beneficiar a las grandes farmacéuticas a costa de la transparencia y la promoción del derecho humano a la salud. Esto queda claro en el acuerdo de México con Pfizer para acceder al Paxlovid. Hasta la fecha, la Secretaría de Salud de México sólo ha sido capaz de adquirir 300 mil cajas para todo el país, lo que hace que el medicamento sea extremadamente inaccesible, mientras que la sociedad civil, los pacientes y el público en general han permanecido en la oscuridad respecto a las condiciones del acuerdo.
Las organizaciones de la sociedad civil acusan al gobierno de contradecir su propia Política Exterior Feminista, al negar cómo el COVID-19 y los obstáculos en el acceso afectan más a las mujeres, y de actuar unilateralmente y en contra de los intereses de su propia región.
Julieta Lamberti, directora de investigación de PODER menciona que “México es uno de los muchos países de renta media que se enfrenta a precios altísimos de los tratamientos y pruebas de COVID-19, ya que no podemos acceder a los genéricos. En México nuestra salud depende de lo que las farmacéuticas decidan. Aunque México ha firmado un acuerdo para obtener el Paxlovid de Pfizer, no sabemos sus condiciones y el medicamento es muy poco accesible“.
CARTA:
Las organizaciones firmantes de la carta esperan que el gobierno de México escuche el llamado de la sociedad civil y tenga como prioridad la salud de su pueblo y del sur global.
5 de diciembre de 2022
Estimada Sra. Secretaria Raquel Buenrostro Sánchez (Secretaría de Economía de México) Estimado Sr. Canciller Marcelo Ebrard (Secretaría de Relaciones Exteriores de México)
Las organizaciones de la sociedad civil en México, y en todo el mundo, observan con atención y preocupación los recientes movimientos en la negociación para extender la Decisión Ministerial sobre el Acuerdo sobre los ADPIC a los productos terapéuticos y de diagnóstico, discutida en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El 1 de noviembre de 2022, México y Suiza presentaron una comunicación conjunta ante el Consejo de los ADPIC de la OMC, en la que se presentaban datos erróneos y sesgados, la gran mayoría procedentes de las grandes farmacéuticas, con el fin de desestimar la necesidad de la extensión de la Decisión Ministerial, y con ello continuar con un Acuerdo que se limita a vacunas y deja por fuera los productos terapéuticos y de diagnósticos. El papel de México en el retraso y el bloqueo de la extensión es preocupante y problemático, sobre todo teniendo en cuenta que un representante del gobierno mexicano había apoyado públicamente1 , el 28 de marzo de 2022, la propuesta original de exención de los ADPIC (adoptada el 17 de junio de 20220), destacando la necesidad de ampliar la capacidad de fabricación y aumentar el suministro de diagnósticos y productos terapéuticos en todo el Sur global.
La importancia de diagnósticos y terapias como herramientas críticas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 es indiscutible. La desigualdad en la disponibilidad oportuna y asequible de estas herramientas es ampliamente reconocida. En octubre, el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó específicamente las “persistentes desigualdades en cuanto a la terapéutica recomendada por la OMS”, que “han provocado muchas muertes por COVID-19 que de otro modo podrían haberse evitado”. El informe de ACT-Accelerator de septiembre de 2022 subrayó que “la pandemia no ha terminado y deben abordarse los problemas de acceso a la terapéutica y el diagnóstico del COVID-19”2. Añadió que los países en desarrollo siguen experimentando un acceso limitado, precios inasequibles y grandes retrasos, relacionados con la falta de disponibilidad de alternativas genéricas. El informe de ACT-A, así como el Comité de Emergencia, han subrayado con preocupación los retos que plantea la elevada concentración de la fabricación, y la necesidad de diversificar la producción a nivel local, a fin de abordar el problema del acceso desigual.
Nos sorprende que México se haya puesto del lado de países desarrollados como Suiza, que están interesados principalmente en permitir los beneficios de las grandes farmacéuticas3. Esto va en detrimento del acceso y la equidad de vacunas y tratamientos médicos para su propia región. América Latina tiene la tasa de mortalidad excesiva por COVID-19 más alta del mundo: 254,0 por cada 100.000 personas, el doble de la media mundial de 120,3 muertes por cada 100.000 personas. Esto se ha debido en gran medida y seguirá afectando a la falta de acceso a terapias asequibles. Hoy en día, los países desarrollados han conseguido hasta un 76% de las ofertas totales conocidas. Esto también repercute negativamente en México, ya que, a nivel
nacional, se beneficia a las grandes farmacéuticas a costa de la transparencia y la promoción del derecho humano a la salud del país4. Esto queda claro en el acuerdo de México con Pfizer para la producción de Paxlovid. Hasta la fecha, la Secretaría de Salud de México sólo ha sido
capaz de adquirir 300.000 tratamientos para todo el país, lo que hace que el medicamento sea extremadamente inaccesible para la mayoría de ciudadanos, mientras que la sociedad civil, los pacientes y el público en general han permanecido en la oscuridad respecto a las condiciones del acuerdo.
En su comunicación conjunta con Suiza, México argumenta que no hay demanda de la terapéutica del COVID-19. Este argumento erróneo no refleja la necesidad real, es decir, el número de personas infectadas en todo el mundo, especialmente aquellas con mayor riesgo de contraer complicaciones médicas graves de la enfermedad y tener que incurrir a la hospitalización. Dada la naturaleza del virus, es sólo cuestión de tiempo que las tasas de infección aumenten5. Un informe reciente ha concluido que la falta de demanda no representa la necesidad real de terapias, ya que los precios son inasequibles6 , y en muchos países se desconoce su existencia. Además, en ausencia de tratamientos asequibles ampliamente disponibles, los gobiernos no pueden poner en marcha estrategias de prueba y tratamiento.
México también argumenta que las licencias voluntarias (VL, por sus siglas en inglés) firmadas garantizarán el suministro y, por tanto, no es necesaria la ampliación de la exención. Sin embargo, estas licencias excluyen el suministro a muchos países en desarrollo y están sujetas a términos y condiciones que pueden retrasar o dificultar su acceso. La VL entre Merck y el Medicines Patent Pool (MPP) para la producción de Molnupiravir genérico excluye el suministro a casi el 80% de la población de América Latina y el Caribe, dejando fuera a países como Argentina, Chile, Colombia y la República Dominicana. Del mismo modo, laVL de Pfizer con el MPP para la combinación de nirmatrelvir+ritonavir (nombre comercial: paxlovid), excluye el suministro al 47% de la población mundial, incluyendo la mayor parte de América Latina. Mientras que algunos países excluidos tienen capacidad de fabricación y suficiente demanda de mercado, otros no tienen ni lo uno, ni lo otro. Esto significa que dependen de los países con capacidad de fabricación para el suministro. Una prórroga de la decisión del 17 de junio apoyaría la producción y exportación de suministros para hacer frente al COVID-19. Además, el medicamento Paxlovid cuesta 500 dólares por ciclo de tratamiento en algunos países desarrollados y más de 250 dólares en algunos países en desarrollo. Con una competencia genérica suficiente, facilitada por la prórroga, el coste de un tratamiento de 5 días puede ser tan bajo como 73 dólares7 .
En el caso del baricitinib -un tratamiento recomendado por la OMS para los pacientes con COVID-19 grave o crítico- no existe un VL similar del propietario de la patente del medicamento, Eli Lily. La empresa es actualmente titular de las patentes de baricitinib en más de 50 países en desarrollo, incluida la mayor parte de América Latina. Las patentes de baracitinib no empezarían a expirar hasta 2029, pero el monopolio de Eli Lilly podría ampliarse si se conceden patentes adicionales. En Estados Unidos, el baracitinib tiene un precio prohibitivo de 822,78 dólares por un tratamiento de 14 días. Algunos países en desarrollo pagan precios mucho más altos por la versión original: en Argentina, el tratamiento cuesta 886,48 dólares8. Sin embargo, cuando las patentes no son un obstáculo, las versiones genéricas de baricitinib están disponibles por unos 6 a 7 dólares por tratamiento9, es decir, casi 158 veces menos que el precio de Eli Lilly en los Estados Unidos.
Se sabe que la pandemia tiene efectos desproporcionadamente mayores que varían conforme al género de las personas, especialmente cuando se consideran otros factores como la raza, la etnia, clase, la situación migratoria, la orientación sexual, etc. Estos efectos se manifiestan en el aumento de la violencia doméstica, barreras de acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva, desempleo, falta de ingresos, endeudamiento, aumento de la carga de trabajo en los cuidados, cierre de escuelas y asesinato de personas trans y no conformes con el género. Sin los recursos y tecnologías necesarios para responder al virus en continua mutación, las mujeres -que constituyen la mayoría del personal sanitario de primera línea- seguirán viéndose perjudicadas por la pandemia. Las mujeres tienen más probabilidades de tener empleos con contratos laborales precarios, tienen menos acceso a equipos de protección personal, tienen más probabilidades de infectarse y, en última instancia, de morir. Por ejemplo, el 80% de los trabajadores sanitarios brasileños que murieron de COVID-19 eran mujeres. De ellas, el 47% eran mujeres negras y morenas, y el 66% no tenían contrato de trabajo. Los auxiliares y técnicos de enfermería (70%) tenían tasas de mortalidad más altas que las enfermeras (25%) y los médicos (5%) 10. Por tanto, nos parece contradictorio que México se posicione en contra de su propio compromiso con la igualdad de género y el bienestar, tal y como se recoge en su Política Exterior Feminista.11
El acceso equitativo al diagnóstico y al tratamiento son componentes esenciales del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como del derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Todos los Estados, incluido México, tienen el deber de cooperar y recurrir a la asistencia internacional para garantizar un acceso equitativo. Esto significa abstenerse de tomar medidas que obstruyan este objetivo. México tiene la obligación internacional de respetar el disfrute del derecho a la salud en otros países y de evitar la violación de este derecho oponiéndose a la ampliación de la Decisión del ADPIC para cubrir los diagnósticos y la terapéutica. De no hacerlo, contribuirá con la perjudicación de la protección de la salud pública mundial e impedirá la urgente recuperación económica del impacto de la pandemia del COVID-19.
Por ello, las organizaciones firmantes instan al gobierno mexicano a:
(I) Revisar su posición y apoyar la rápida extensión incondicional de la Decisión Ministerial sobre el Acuerdo sobre los ADPIC adoptada el 17 de junio de 2022 a la producción y el suministro de diagnósticos y tratamientos para la COVID-19;
(II) Apoyar el pleno uso de las flexibilidades existentes en el ADPIC, como las licencias obligatorias de patentes y las excepciones adecuadas a la protección de la información no divulgada, los derechos de autor y los diseños industriales.
Atentamente,
Sociedad Civil Mexicana
Accionario
Acciones Voluntárias sobre Educación en México A.C.
Agenda LGBT A.C.
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C.
Casa de las Muñecas Tiresias A.C.
Casa Tochan
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Centro Mujeres AC
Circuito de la Diversidad Sexual
Colectiva Ciudad y Género AC
Colectiva Feminista Eco Buap
El Caracol A.C.
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia
Fundacion Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual
Internacional Feminista
Luchadoras
Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, A.C.
My World México
Nosotrxs A.C.
Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER)
RAÍCES, Análisis de Género para le Desarrollo A.C.
Red de Médicas por el Derecho a Decidir
Sociedad Civil Internacional
Abolición de Lógicas de Castigo y Encierro (ALCE) ………………………………………………………………………………………………………. Colombia
Acción Internacional para la Salud ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Perú
Action Contre la Pauvreté (ACP) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Burundi
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) ………………………………………………………………………………… Malasia
Asociación CCEFIRO Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia, el Rechazo y el Olvido ……………………………. Perú
Asociación de Mujeres Gente Nueva (AMUGEN) ………………………………………………………………………………………………………. Guatemala
Association for the Promotion of Sustainable Development ……………………………………………………………………………………………… India
Association for Women’s Rights in Development (AWID) ………………………………………………………………………………………. Internacional
Association pour la Conservation et la Protection des Écosystèmes des Lacs et l’Agrlculture Durable ………………………………… RDC
Brazilian Interdisciplinary AIDS Association ………………………………………………………………………………………………………………………. Brasil
Campaign of Campaigns ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Internacional
Cancer Alliance ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Africa del Sur
Caribbean Feminist Network ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bahamas
Cellule Associative des Femmes Actives pour la Governance, les Droits Humains et le Bien-Être (CAFAGB) ……………….. Camerún
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIEDUR) …………………………………………………………………………………. Uruguay
Coalizione Italiana per le Libertà e Diritti civili (CILD) …………………………………………………………………………………………………………. Italia
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local …………………………………………………………………………………………………………….. El Salvador
Congregation of the Mission …………………………………………………………………………………………………………………………………. Internacional
Datasketch ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… América Latina
Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul ………………………………………………………………………………………………………. Internacional
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) ……………………………………………………………………………. Internacional
Disability People’s Forum Uganda ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Uganda
Drug Action Forum-Karnataka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. India
Echoes of Women in Africa Initiatives …………………………………………………………………………………………………………………………….. Nigeria
Equality Bahamas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Bahamas
ESCR-Net …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. EEUU
Fundación GEP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Argentina
Fundacion para el Estudio e Investigacion de la Mujer (FEIM) …………………………………………………………………………………….. Argentina
Gender Studies and Human Rights Documentation Centre ……………………………………………………………………………………………….. Gana
Global Humanitarian Progress Corporation GHP Corp ……………………………………………………………………………………………….. Colombia
Global Policy Forum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Internacional
Grupo de Incentivo à Vida (GIV) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Brasil
Grupo Solidariedade e Cida ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Brasil
Health Action International Asia Pacific ………………………………………………………………………………………………………………….. Asia-Pacífico
Health Global Access Project …………………………………………………………………………………………………………………………………. Internacional
Human Rights Research Documentation Centre (HURIC) ……………………………………………………………………………………………… Uganda
INNOVARTE ONG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Chile
Instituto Patrícia Galvão – Mídia e Direitos ……………………………………………………………………………………………………………………….. Brasil
International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion ………………………………………………………………………………… Internacional
International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP) ………………………………………………………………….. Internacional
IT for Change ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… India
Kasese Women’s Health Support Initiative …………………………………………………………………………………………………………………….. Uganda
Kenya Human Rights Commission ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Kenia
Men Stopping Violence, Inc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… EEUU
Misión Salud ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Colombia
Network Lobby for Catholic Social Justice ………………………………………………………………………………………………………………………… EEUU
Observatorio de Género y Equidad ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Chile
Oxfam LAC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… América Latina
Pakistan Fisherfolk Forum …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pakistán
Pakistan Fisherfolk Forum …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pakistán
Passionists International ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. EEUU
People’s Vaccine Alliance (PVA) ……………………………………………………………………………………………………………………………… Internacional
Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) ………………………………………………………………… Haiti
Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group (MTAAG+) ……………………………………………………………………………… Malasia
Promsex, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos ………………………………………………………. Perú
Rede nacional das pessoas que vivem com HIV e AIDS núcleo Pernambuco …………………………………………………………………….. Brasil
Servicio Desarollo Rural y Agrícola (SEDRA) ……………………………………………………………………………………………………………………… Chile
Sisters of Charity Federation …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. EEUU
Society for Alternative Media and Research …………………………………………………………………………………………………………………. Pakistán
South Feminist Futures …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Internacional
Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) …………………………………………… Africa del Sur
Synergia – Iniciativas por los Derechos Humanos ………………………………………………………………………………………………….. Internacional
The Jus Semper Global Alliance …………………………………………………………………………………………………………………………….. Internacional
The William Gomes Podcast ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Reino Unido
Third World Network (TWN) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Internacional
Transnational Institute ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Internacional
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) Latin America ……………………………………………………………………….. América Latina
Unlad Kabayan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Filipinas
Women and Media Collective ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Sri Lanka
Women Coalition Against Cancer (WOCACA) …………………………………………………………………………………………………………………… Malawi
Women Empowerment Against Poverty of Nepal (WEAPoN) …………………………………………………………………………………………….. Nepal
Womensway Foundation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Suriname
Notas
1- Véase la declaración firmada por Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Gobierno de México.
2 – Véase la página 2 del Informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Facilitación del Acelerador sobre Diagnósticos y Terapias.
3 – Véanse las páginas 8 y 12-14 del informe de la campaña FPV sobre la historia de la propiedad intelectual de Suiza y los intereses que sustentan su posición en la OMC.
4 – Véase el estudio de PODER sobre cómo las grandes farmacéuticas influyeron en las políticas de México relativas a la adquisición de vacunas.
5 – Según un reciente informe de Nature: “Las nuevas cepas de la variante Omicron del SARS-CoV-2 que evitan la inmunidad, los cambios de comportamiento y la disminución de la inmunidad significan que muchos países podrían ver pronto un gran número de infecciones por COVID-19 – y potencialmente de hospitalizaciones – dicen los científicos”.
6 – Entre los ejemplos de precios prohibitivos y desabastecimiento que dificultan el acceso se encuentran el precio de Roche para el tocilizumab, que oscila entre los 510 y los 3.383 dólares por tratamiento, a pesar de que casi toda la investigación del medicamento como tratamiento para la COVID-19 ha sido financiada por gobiernos y otras instituciones no industriales. El verdadero coste de producción podría ser de tan solo 56 dólares, según MSF; la licencia voluntaria de baracitinib de Eli Lilly a las empresas de genéricos indias que inhibe el suministro de versiones genéricas del medicamento (originalmente a 1.109 dólares pero con un precio de 7 dólares en su versión genérica) a cualquier otro país fuera de la India; la falta de suministro de tocilizumab en la India en mayo de 2021; y la petición no atendida del representante de la OMS para Somalia, el Dr. Mamunur Rahman Malik, que recibió diez veces menos cursos de paxlovid de Pfizer por falta de suministro.
7 – https://scholar.harvard.edu/files/melissabarber/files/estimated_cost-based_generic_prices_for_ nirmatrelvir_ritonavir_paxlovid.pdf
8 – https://scholar.harvard.edu/files/melissabarber/files/estimated_cost-based_generic_prices_for_baricitinib.pdf
9 – https://scholar.harvard.edu/files/melissabarber/files/estimated_cost-based_generic_prices_for_baricitinib.pdf
10- Vea este y otros ejemplos en países en desarrollo en el estudio del Servicio Público Internacional.
11- Véase la presentación de la Política Exterior Feminista de México.
Fuente: poderlatam.org
Imagen principal: marca.com
