La solución a la crisis por fentanilo (droga equivalente a la heropina pero más barata) que está atravesando Estados Unidos es que su presidente Joe Biden use su autoridad para utilizar a su ejército contra los cárteles de droga en México.
Así lo propuso William Barr, quien en el gobierno de Donald Trump fingió como fiscal de Estados Unidos.
La propuesta presentada el pasado 12 de enero de este año, viene también de dos representantes republicanos, Michael Waltz del estado de Florida y Dan Crenshaw de Texas.
“Los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que quería ir a por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento”, escribió Barr en un artículo publicado en The Wall Street Journal.
Además en su artículo, el exfiscal acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de “facilitador” de los cárteles mexicanos.
“Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”.
Dijo que su país (EU) no puede tolerar a los que llamó “narcoterroristas” que trabajan desde México pues estos inundan a Estados Unidos con su producción de drogas mortales.
Por su parte, la administración del presidente Joe Biden no se opone a la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos como terroristas, justo como lo proponer el procurador general de Justicia, Merrick Garland, quien en una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado le hizo segunda a la queja de Administración Federal Antidrogas (DEA) misma que argumenta que México debe incrementar la cooperación en la lucha contra los cárteles.
De aprobar la designación de “terroristas” u “Organizaciones Terroristas Extranjeras” a los cárteles de México, las agencias de Estados Unidos obtendrían mayor autoridad sobre los activos, se les podría negar la entrada a su país y presuntamente aplicaría castigos más severos a quienes apoyen a quienes conforman esas células delictivas.
