Han pasado 8 meses, desde agosto de 2022, cuando se presentó ante el congreso de Oaxaca una iniciativa ciudadana respaldada por una treintena de colectivos, defensores y periodistas con la finalidad de reforzar las garantías de seguridad en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y libertad de expresión.
Reunidos en las instalaciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), los defensores y comunicadores dijeron que la “Iniciativa Ciudadana Hacia un nuevo sistema de protección a personas defensoras y periodistas”, propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, con el fin de desalentar esas conductas.
De acuerdo a una investigación del Colectivo EDUCA A.C, el estado de Oaxaca, el mayor peligro para personas defensoras son las autoridades locales. La mayoría de ataques se registró en las regiones Costa y Mixteca. La violencia está alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales (emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno).
Esta iniciativa también busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, el Código Penal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
También incluye disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.
Yesica Sánchez, directora de la colectiva feminista Consorcio para la Equidad Oaxaca dijo que lo que se busca es que esta iniciativa presentada en agosto del 2022 salga “de la congeladora”, porque parece no importarle a las y los diputados, y mucho menos al gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.
“Lo que se busca es generar procesos de vinculación, debido a que el tema de impunidad está fuertemente, se solapa a los funcionarios y funcionarias, y eso no podemos permitirlo”, dijo.
Por su parte, el periodista oaxaqueño, Pedro Matías recalcó que es una situación preocupante lo que se vive en esta entidad sureña, pues los agravios a fe defensores y periodistas han ido en aumento.
“Interesa mucho que el congreso apruebe esta iniciativa, porque nosotros ya no queremos más boletines de condena ni esquelas, y como dice la compañera Soledad Jarquín, tampoco queremos dinero para comprar la caja de nuestros compañeros asesinados, lo que perdimos es que esta iniciativa se apruebe”.
Dijo que tanto la cámara de diputados como el propio gobernador, tienen la oportunidad de demostrar que son un cambio al aprobar esta iniciativa, que como todos sabemos en Oaxaca, es él quién da ordenes en el congreso.
Asimismo, Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para Una Educación Alternativa (EDUCA) A.C., explicó que esta iniciativa propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, con el fin de desalentar esas conductas.
También se compartió que tan solo del año 2018 a la fecha, 184 periodistas han sido víctimas de agresiones.
Las organizaciones reafirmaron la urgencia y necesidad de transitar de estas reformas que puedan hacer frente a la grave realidad que vive Oaxaca, confiando en el compromiso de la 65 legislatura en la materia.
Cabe destacar que esta iniciativa de reformas legales es respaldada por el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal, Enrique Irazoque Palazuelos y por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Diana Manzo / Agencia de Noticias istmopress
