Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Amilcar Juárez (Archivo)
Yener de los Santos Matías, un reportero de una agencia informativa de Guerrero, estado al sur de México, denunció penalmente ante la Fiscalía local que su casa fue allanada a mediados de abril. Reportó el robo de tres cámaras fotográficas, una de video y una computadora. Los asaltantes no se llevaron más que su equipo de trabajo. Sus compañeros y él consideraron el hecho una clara amenaza resultado de su trabajo periodístico.
A un año de que concluya el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, las agresiones contra la prensa han aumentado hasta 85 por ciento con respecto del sexenio anterior de Enrique Peña, de acuerdo a mediciones de Artículo 19. Aunado a que prevén que sea el período con más asesinatos, tan sólo a la fecha van 37 desde que empezó su mandato en 2018, frente a 47 homicidios con el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Es difícil hacer periodismo, sobre todo a nivel local. Hay zonas llamadas de silencio, donde por seguridad no se informa de la actividad criminal y los nexos que hay con la clase política.
Los periodistas no sólo están expuestos a los riegos físicos de un territorio disputado por grupos criminales, donde prevalece la corrupción política y casi el 100 por ciento de crímenes sin resolver, incluidos los referentes a la libertad de expresión. En los últimos cinco meses, tan sólo en Chilpancingo, la capital de Guerrero, estado conocido a nivel mundial por la desaparición masiva de 43 estudiantes de magisterio en 2014, a tres reporteros les han robado en sus casas su equipo de trabajo a pesar de que había otros objetos de valor.
De los Santos reportó días previos al allanamiento, sobre el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero, ente autónomo que enfrenta varias denuncias públicas de corrupción y acoso sexual por parte de académicos. “Me llama la atención que sólo se llevaron mi equipo de trabajo donde tenía documentos importantes”, denunció.
Meses atrás, el 22 de agosto del 2022, fue asesinado a balazos cerca de su domicilio el periodista Fredid Román, quien tenía un medio independiente llamado La Realidad. Él reportaba, sobre todo, acerca de la política local. Su crimen ocurrió días después del asesinato de su hijo en El Ocotito, zona rural de Chilpancingo. Su homicidio sigue en la impunidad y la Fiscalía aún no logra determinar si tiene una relación directa con el trabajo que por casi 40 años había desempeñado como periodista.
Ser periodista en México es una actividad de alto riesgo. En su informe anual Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó al país en el primer lugar del ranking de mortalidad de profesionales de la información, por cuarto año consecutivo. Tan sólo en 2022, el año desde el 2000 más mortífero, ocurrieron 17 homicidios.
En promedio un comunicador gana al mes 400 euros. No hay empresa periodística que asuma gastos por seguros médicos, seguros de vida y que tenga en nómina formal a sus colaboradores. Además, están desapareciendo. Un claro ejemplo de precariedad laboral y cómo de a poco los medios han tenido que cerrar sus cortinas es la agencia Notimex.
Esta agencia, la más grande de América Latina mantuvo una huelga desde el 21 de febrero del 2020 y para este abril, el gobierno federal formalizó ante los trabajadores la propuesta de liquidación. Los periodistas denunciaron terrorismo laboral y despidos injustificados. Esto dejó sin fuente de trabajo a más de un centenar de compañeros.
Los crímenes de libertad de expresión tienen una correlación con la precariedad laboral. López Obrador, con su conferencia mañanera, según han denunciado varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa, no sólo ha criminalizado a colegas que intentan reportar desde las regiones, sino que ha bajado el costo político del quehacer periodístico. Matar a un periodista en México en términos de investigación, es como si no se matara a nadie.
Libertad de expresión en riesgo
Para Paula Saucedo Oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 las autoridades no están investigando de manera integral estos crímenes. La relación que tiene el contexto criminal con el trabajo periodístico y esto impone mayor vulnerabilidad. Pone como ejemplo, el caso de Tamaulipas, un estado del norte, frontera con Estados Unidos y donde en los últimos dos sexenios ni las organizaciones defensoras de derechos humanos pueden reportar qué crímenes ocurren y mucho menos los de libertad de expresión.
También hizo referencia al caso de Monitor Michoacán que sigue en la impunidad, donde fueron asesinados dos periodistas en 2022: el 31 de enero Roberto Toledo y el 15 de marzo, Armando Linares en Zitácuaro. Este es un estado al oeste de México, que colinda con Guerrero y tiene la mayor concentración de grupos de civiles armados.
“Asesinan a dos periodistas de este medio, el medio cierra. Ahí hay un silenciamiento y no se consideraron las amenazas previas a los asesinatos. Las condiciones en ese lugar les obligan a decir: no tendrías que hablar de esto”, explicó.
En este caso, desde el 2 de diciembre del 2021, dos meses antes del asesinato de Roberto Toledo, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera, compareció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Fiscalía General de la República (FGR). Denunció amenazas de muerte en su contra y del director, Armando Linares por parte del ex gobernador Silvano Aureoles.
Nadie les ayudó y a más de un año después las autoridades no quieren reconocer que este crimen tuvo relación con la labor periodística.
En medio de ello, familiares y colegas se han organizado para exigir alto a la impunidad y que las autoridades resuelvan estos asesinatos, amenazas e intimidaciones, porque al final, coinciden, quien pierde en todo esto, es la sociedad al quedarse sin información.
Publicado originalmente en amapolaperiodismo
