En la conferencia matutina presidencial, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer los nombres de los servidores públicos que firmaron los contratos por más de 700 millones de dólares (mdd) con empresas asentadas en Florida, y que son parte de “la trama corrupta de García Luna”.
A decir del funcionario, lo relevante es que se hicieron con las mismas empresas durante dos sexenios, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y ninguno de ellos cubrió los señalamientos legales en relación a hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional.
Gómez Álvarez mostró una relación de nombres de funcionarios y el montó de los contratos que firmaron, primero los del sexenio de Calderón.
Empezó mencionando a Sonia Vargas Terrero, “que inexplicablemente aún trabaja en la Judicatura”, dijo el funcionario. Ella firmó contratos por 71.6 mdd.
Le siguen Rodrigo Esparza Cristerna con 69.1 mdd, Humberto Martínez González con 37.8 mdd y Facundo Rosas Rosas con 25.8 mdd. También están en la lista Luis Cárdenas Palomino, José Roberto Cardoso y Eduardo Gómez García.
En el caso del sexenio de Peña Nieto, están Eugenio Ímaz Gispert, con 253 mdd, Eduardo Guerrero Durán con 88 mdd, y José Alberto Rodríguez Calderón, con 26.8 mdd. Con montos menores están Octavio Medina Estrada, Raúl Mata Soira, María Dolores Rojas Soto y Enrique Salinas Romero, todos con contratos firmados por 26.6 millones de pesos.
“Cada una de las cantidades es atribuible a cada persona que firmó el contrato, aunque hayan firmado más de una persona”, dijo Gómez. Todas las erogaciones se hicieron a un solo consorcio, Nunvav, que es un conglomerado de empresas dirigidas en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López.
Los primeros contratos cubren sistemas de rastreo y localización, localización de redes celulares, el sistema Safe City “que se instaló supuestamente en Ciudad Juárez, aunque no fue así”.
“Es un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 mdd, no es una cantidad menor. El gobierno mexicano ha acudido a los tribunales civiles de Florida, que es donde se encuentran estos bienes, para procurar que a través de un juicio civil sean restituidos a México. El juicio fue admitido y se llevará a cabo por una corte, aunque se ha detenido por una apelación presentada por los demandados”.
“Sostienen que el tribunal no tiene competencia, pero de acuerdo con la ley local sí tiene, para la demanda de restitución de bienes producto de actividades ilícitas que se llevaron a cabo en el extranjero pero que son realizadas, invertidas, lavadas en el estado de Florida. Son elementos nuevos de los sistemas de combate al lavado de dinero”, expuso el funcionario.
Indicó que las personas mencionadas forman parte de las denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República y están sujetas a una investigación.
“No es cualquier ilícito, estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción. Esperamos también que esta trama se abra en un juzgado penal mexicano, creo que ya debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo por parte del gobierno federal, a través de la UIF y de la Procuraduría Fiscal para que sea debidamente procesado”, culminó.
Redacción: Libera Radio.
