Informe Frayba
En Chiapas nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social. El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras.
A este ambiente se le suma también la remilitarización y un comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas. Paralelamente, los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general quedan en segundo plano tras catalogar a los proyectos de desarrollo o la construcción de infraestructura militar en los territorios como de seguridad nacional; al mismo tiempo se consolida al Ejército mexicano (EM), principal perpetrador de variados crímenes de lesa humanidad en la historia reciente de México, como un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario. Se apuesta a una continuidad de la guerra que beneficia a los poderes fácticos en México, un ascenso de la violencia generalizada y el aumento de la crisis de derechos humanos.
En este informe confirmamos que, de los fenómenos con mayor agudización en el estado, es el desplazamiento forzado interno. Sus dinámicas muestran formas particulares de violencia que involucran patrones de acción local y cotidiana vinculados al control territorial, en buena medida ejercido desde las estructuras comunitarias, por parte de grupos armados y sectores de la política regional que los dirigen y respaldan.
Hemos documentado, entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022, el desplazamiento forzado de al menos 16,755 personas. Del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2,000 personas (400 familias) que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales.
El periodo en que se enfoca el informe 2020-2022 está caracterizado también por una disputa abierta de la tierra recuperada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, lo que ejemplifica cómo está operando la contrainsurgencia hacia el proyecto zapatista; son diversas las agresiones y hostigamientos cometidos por parte de organizaciones corporativistas alineadas con el Estado; así como por una reconfiguración territorial a partir del proyecto, columna vertebral de la actual administración federal, Sembrando Vida.
Está marcado también por una crisis pandémica que hizo más notorio y profundizó el racismo estructural y la discriminación, al evidenciar la marginación, los altos índices de pobreza, la precariedad y la falta de acceso a servicios sanitarios básicos, al no existir cobertura en las zonas en que se encuentran.
Las condiciones actuales inducen a profundizar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, tierra y territorio, así como de periodistas y comunicadoras; lo que trae consigo un aumento de las agresiones, que constituyen un fenómeno constante y sistemático para silenciar las voces de denuncia, con actos como amenazas e intimidaciones, entre otros; y campañas de desprestigio. En la mayoría de los casos los perpetradores no son identificados, investigados, ni mucho menos castigados; la impunidad continúa en este gobierno de la “Cuarta Transformación”.
En el ámbito global, México es uno de los países con más asesinatos de personas defensoras y periodistas, y con mayor impunidad en este tipo de crímenes. Predomina la violencia estructural facilitada por las instituciones y las leyes, al no garantizar ni proteger los derechos humanos, por un sistema normativo que se aplica de forma discriminatoria y como estrategia represiva. Bajo estas circunstancias, las defensoras y defensores de derechos humanos están sujetos a una gran probabilidad de sufrir abusos y amenazas en el marco de sus actividades de defensa.
probabilidad de sufrir abusos y amenazas en el marco de sus actividades de defensa.
La falta de reconocimiento a la labor de las personas defensoras y periodistas sería uno de los patrones que se repiten en América Latina y llamarlos “delincuentes”, “terroristas”, “amenazas para la seguridad” o “extremistas” es un ejemplo claro de desprestigio de su trabajo y abona el terreno para su agresión. Esta situación se complica aún más, y es más grave, cuando son los propios funcionarios los que utilizan este tipo de lenguaje.
Este informe es un esfuerzo realizado, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), por llevar a cabo una radiografía de la situación actual con énfasis en el estado de Chiapas y con un corte temporal que va del año 2020 al 2022. Ha sido desarrollado a partir de la documentación y monitoreo de nuestros temas prioritarios, así como del caminar junto a casos y procesos en el estado de Chiapas; logra abonar elementos para la reflexión y análisis de las condiciones actuales de violencia y control territorial con el ánimo de abrir un diálogo que nutra las acciones necesarias para la transformación y construcción de acciones para la paz.
Publicado originalmente en frayba.org.mx
