Por: Luis Enrique Ortiz
Los hechos, durante los cuales murieron al menos 11 personas por un incendio provocado en los primeros minutos del sábado 22 de julio, en San Luis Río Colorado, nos muestran con crudeza que no es un tema sólo de leyes escritas, sino de comportamiento moral el hecho de que las grandes tragedias se repitan por más que digamos “nunca más”.
Un marco de corrupción, negligencia e ineficiencia permitió la desgracia dado que sucedió en un local de venta clandestina de alcohol, sin salidas de emergencia, que permitía el acceso a menores y vendía alcohol adulterado, lo que hizo más violento el incendio mortal.
No hay evidencias de que se estuviesen consumiendo drogas o que sea un local de venta, pero si camina como pato, tiene cuerpo de pato y hace cuac, cuac, pues es pato.
Escrito está que no se debe permitir el funcionamiento de este tipo de antros, como también impreso y sancionado por las mayorías legislativas que los lugares de concentraciones humanas deben contar con medidas de seguridad como salidas de emergencia, extintores, tomas de agua y en este caso hasta seguridad pública, por ser un lugar de venta y consumo de alcohol, incluso haciendo abstracción del hecho que de no tenía las licencias respectivas, incluyendo la de uso de suelo.
El municipio tiene responsabilidad, desde el alcalde hasta Protección Civil, la Tesorería y el jefe de policía.
El Gobierno tiene responsabilidad desde la dirección de Alcoholes hasta Protección Civil y si fuese el caso de que se traficase con algo -siendo frontera- también son responsables las autoridades federales.
Fueron decisiones humanas las que permitieron la operación de un lugar con todas las características descritas, a quien nadie pudo evitar el ingreso de un tipo intoxicado al menos con alcohol, que fue simplemente sacado del lugar por violencia de género, en lugar de ser puesto a disposición de una autoridad.
Todo inicia con el permiso de la Dirección de Alcoholes para trabajar sin permio y de las autoridades municipales, para hacer lo propio.
¿A poco nadie se dio cuenta? El hubiera no existe, pero si el lugar hubiese sido clausurado (como marca la ley) por no tener ningún permiso, ni cumplir medidas de seguridad, es decir si las autoridades “hubieran” hecho su trabajo, esto “no debió pasar”, aún suponiendo sin conceder la teoría del asesino solitario y que en esto nada tuvo que ver el crimen organizado.
Van a rodar cabezas, sin duda. Pero ¿rodarán las que deben hacerlo o como siempre el hilo se romperá por lo más delgado?
El actual gobierno del estado no sólo lucha contra problemas heredados de suma complejidad y que difícilmente pueden ser resueltos en dos o tres años, incluso en un sexenio, de eso no hay duda, en especial los relacionados con la seguridad, la deuda estatal y las restricciones presupuestarias que provocan finanzas públicas ahorcadas por decisiones pasadas y presentes.
Lo cierto es que, en menos de un tercio de su mandato, la administración de Alfonso Durazo Montaño ha tenido que enfrentar varios escándalos de corrupción como el llamado “libro gate”, que provocó la dimisión de la directora del Cecytes o los fondos perdidos, de la SEDESSON, que debieron ser regresados por aplicación fraudulenta.
Pero eso, en realidad, no era nada, nada comparado con algo que provocó que once personas muriesen horneadas, mientras se asfixiaban lentamente.
Ahora es la Dirección de Alcoholes, donde si bien no se ha demostrado corrupción, al menos negligencia sí hay, como la hubo en el caso de transporte público o los cambios que provocaron movimientos en la Secretaría de Turismo.
Sin embargo, los castigos ejemplares al parecer no lo fueron para todos quienes trabajan para el titular del Ejecutivo.
El manotazo del gobernador deber ser tal, que no quede lugar a dudas de que va en serio la lucha contra todo tipo de corrupción y debe pasar de las simples destituciones, enroques o congelamiento de algunos servidores públicos, al tambo por negligencia criminal y lo que resulte.
Pero no sólo la lumbre le debe llegar a sus cercanos colaboradores, sino a aquellos alcaldes que les gusta nadar de muertito mientras la muerte incrementa sus olores por todos sus municipios.
Y no me refiero a las mantarrayas que murieron en Huatabampo por una mala estrategia para incrementar el turismo local a la playa de Huatabampito.
El tema de los desaparecidos es ya una crisis de derechos humanos en la mayoría de los estados del país, Sonora no es ajeno, al contrario, ocupa los primeros lugares en localización de tumbas clandestinas, aparecen por todos lados, la mayoría en zonas rurales o al menos ligeramente alejadas de las ciudades.
Pero encontrar una tumba clandestina en medio de una ciudad, aún no se convierte en algo común, supongo que ello se debe a la dificultad de enterrar 7, 10 ó 15 cuerpos en el patio de una casa de interés social y que nadie se de cuenta. Es el caso de lo sucedido hace apenas una semana en la colonia Nueva Palmira de Ciudad Obregón.
¿Cómo? ¿el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, nunca supo que el Beer House operaba en la total clandestinidad, pero a la vista de todos? Eso es tan creíble como que el respectivo de Cajeme, de nombre Javier Lamarque Cano, no se haya dado cuenta nunca de que el olor a muerto -que se acentúa en verano- delataba la existencia de una enorme fosa clandestina en una de las zonas más pobladas de Ciudad Obregón donde se encontraron al menos 8 cuerpos en avanzado estado de descomposición.
¿No hay vigilancia policiaca de ningún tipo en esa zona? ¿no la hubo nunca cerca del antro incendiado en SRLC?
Ambos munícipes, entre otros, o no recorren sus ciudades o sus sub alternos les están mintiendo en los informes o son tan malos que tampoco se dan cuenta de nada.
Se debe sacudir el árbol con mucha fuerza, antes que las manzanas malas echen a perder a todas las demás, que aún se pueden salvar y al parecer aún son mayoría.
Publicado originalmente en: https://www.facebook.com/luisenrique.ortiz1
Imagen principal: Santos González Yescas, alcalde reelecto de San Luis Río Colorado, foto de Sin Embargo MX.
