Independientemente de quiénes sean los grupos criminales presentes en ciertas zonas de Guerrero, los acuerdos entre ellos y las autoridades municipales saltan a la vista.
Por: José Miguel Sánchez
Los acuerdos que existen entre los grupos criminales y autoridades de Guerrero son evidentes desde el momento en que no existe una estrategia real para contenerlos o frenarlos, coinciden organizaciones de derechos humanos ante los últimos hechos violentos ocurridos en la entidad.
En las zonas más violentas de Guerrero hay indicios que sugieren vínculos entre el poder político y grupos delictivos, porque, casualmente, ninguna operación policiaca funciona.
Por ejemplo, casos como el de Tierra Caliente, donde ocho de nueve alcaldes de la región son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente participar en un bloqueo carretero para exigir la salida de la institución. Esto ocurrió en abril, después de una operación policiaca donde fueron decomisados 12 vehículos de lujo y de colección propiedad de los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes locales de La Familia Michoacana.
Los ediles de los municipios de Tierra Caliente son señalados por los propios pobladores de tener relación con La Familia Michoacana, organización que desde hace más de una década tiene operaciones en ocho de los nueve municipios: Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa, Cutzamala de Pinzón, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
En Zirándaro, el noveno municipio de la región, son otros los acuerdos.
Esta organización criminal fija los precios de los productos de la canasta básica y de otros productos y servicios como la cerveza, el refresco, el transporte público y materiales de construcción.
La situación de alza de precios afecta de manera directa a los pobladores de la Tierra Caliente, quienes han denunciado el control que ejercen sobre ellos para que consuman en ciertos establecimientos.
“Ya hay zonas establecidas: si eres de una comunidad, no puedes ir a comprar a otra porque te pueden detener los armados y hasta multarte, o en el caso de la Coca-Cola, no puedes ingresar a la región con paquetes porque existe el riesgo de que esos grupos armados te la quiten, porque solo ellos pueden distribuirla”, mencionó un poblador.
Testimonios de pobladores, de quienes se omite su nombre por seguridad, aseguran que todo lo anterior no podría ser posible sin acuerdos, y esto se extiende a otros roles, por ejemplo, en los ayuntamientos, donde ciertos grupos tienen injerencia para trabajar junto a quien es el encargado de la seguridad pública.
“Aquí todos nos conocemos, sabes quién es quién y a qué se dedica y, de repente, alguien que andaba con esos grupos delictivos vemos que ya es policía o incluso comandante, y ¿qué puede hacer uno? Si la seguridad pública depende de ellos, no hay ni dónde denunciar”, señala otro ciudadano.
Las estrechas relaciones
Durante el pasado proceso electoral local de 2021, los candidatos ganadores que hoy son alcaldes fueron los únicos que hicieron campaña.
De siete partidos en la contienda, la alianza PRI-PRD y Morena lograron ganar los municipios de Tierra Caliente; no tuvieron competencia.
En Coyuca de Catalán, la única candidata opositora al reelecto alcalde Eusebio Echeverría Tabares era la morenista Francisca Baltazar Bravo, que a 10 días de comenzar la contienda declinó la candidatura porque, presuntamente, recibió amenazas de grupos delictivos. Todo esto fue documentado en su momento por la prensa local.
Los alcaldes que ganaron sin competencia fueron los que el 28 de abril bloquearon los accesos carreteros a la región, exigieron la salida de la FGE y la renuncia de la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Se trata de seis priistas que hoy gobiernan Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; Cutzamala de Pinzón, Mayte Arce Jaimes; Arcelia, Bulmaro Torres Berum; Tlapehuala, José Luis Antunes Goicochea, y Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega Hernández. Además del alcalde perredista Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, y la morenista Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa.
En Zirándaro, gobernado por la morenista Tania Pacheco Duarte, la radiografía institucional indica que existen operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En septiembre del 2020 fue filtrado un video donde se observa una cabalgata pública por las calles del pueblo, encabezada por hombres armados, algunos en camionetas blindadas.
Otras regiones
Iguala y Taxco son otros municipios en crisis por la inseguridad, donde han sido revelados nexos con autoridades municipales.
En Iguala, desde hace dos meses los hechos violentos alertan a la población. A mediados de junio, el alcalde priista David Gama Pérez ordenó el cierre del Palacio del Ayuntamiento y dejó a la población sin servicios porque comenzó a recibir amenazas mediante cartulinas y lonas en la ciudad por no “cumplir acuerdos”.
Las amenazas llegaron acompañadas de hechos violentos: en dos días asesinaron a un trabajador del ayuntamiento, hubo ataques armados a oficinas y comercios.
En octubre de 2021, días después de que Gama Pérez asumió la alcaldía, hombres armados dejaron abandonada una camioneta con cuatro individuos asesinados afuera de su casa de campaña.
Hasta ahora, el alcalde no se ha pronunciado sobre la inseguridad, y menos ha dejado claro cuáles serán sus acciones para frenarla.
Desde 2014, cuando 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos, Iguala es referencia de las relaciones de grupos criminales con políticos y miembros de corporaciones policiacas y militares.
En Iguala tienen operaciones los grupos criminales Los Tlacos y La Bandera, de acuerdo a un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El mismo contexto de inseguridad existe en el “pueblo mágico” de Taxco, donde a mediados de junio hubo cierre de negocios, suspensión del servicio del transporte, ataques a tortillerías, el asesinato de un empleado del gobierno municipal, la desaparición de ocho policías municipales y del director de Protección Civil y el hallazgo de una granada de fragmentación que un grupo dejó en las oficinas del ayuntamiento.
Y el caso más reciente y notorio fue el de la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, quien se vio envuelta en la polémica tras la difusión de imágenes de una reunión que sostuvo con uno de los presuntos líderes de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
La alcaldesa se ha negado a solicitar licencia del cargo, a pesar de que la FGR le ha solicitado declarar sobre estas reuniones y de que la dirigencia estatal de Morena le ha sugerido que colabore para esclarecer los presuntos nexos con grupos delincuenciales.
“Estoy curada de espanto”, dijo recientemente al ser cuestionada sobre la posible filtración de más evidencias de sus contactos con esos grupos.
Los Ardillos es un grupo que tiene operaciones en la zona Centro y Montaña de Guerrero y también tiene vínculos con el PRD, pues el diputado Bernardo Ortega Jiménez es hermano de Celso y Jorge Iván, líderes de Los Ardillos, cuyo padre —Celso Ortega Rosas— se ubica como fundador de dicha agrupación.
El diputado Bernardo Ortega niega alguna relación con sus hermanos y, en comunicado reciente, dijo que desde hace 15 años no los ve. Estos comunicados los emite cada que ocurren hechos de violencia en los municipios donde operan sus hermanos.
Este político ha ocupado cargos públicos y de representación popular en los municipios donde operan Los Ardillos desde 2002, cuando ganó la alcaldía de Quechultenango; actualmente, es su cuarto periodo como legislador local.
“Actúan como si no existiera un aparato de seguridad”
De acuerdo con pequeños comerciantes de la capital del estado, durante la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo hubo civiles armados que cobraron el derecho de piso a los locatarios acompañados de policías municipales.
Esta declaración la dio a conocer un empresario durante una reunión entre hoteleros y prestadores de servicios con el gabinete de seguridad.
Para el director de Tlachinollan, Abel Barrera, esta falta de gobernabilidad se debe a que los grupos criminales tienen como objetivo tener el control en las presidencias municipales, los negocios lícitos e ilícitos, así como del cobro de piso, las extorsiones y los secuestros.
“Por eso actúan como si no existiera un aparato de seguridad”, advierte.
También regulan el comercio, mantienen las extorsiones y los secuestros.
“Estos grupos criminales actúan como si no existiera un aparato de seguridad que ha sido creado expresamente para proteger a la población. Los policías y militares portan armas y están entrenados para contener y disuadir a grupos que ponen en riesgo la convivencia pacífica y atentan contra el orden y el Estado de derecho”, explica Barrera.
Para Tlachinollan, la violencia tiene un aumento desde hace cuatro sexenios, que va de Ernesto Zedillo hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
En el presente sexenio, apunta Barrera, el incremento de elementos de seguridad y la permanencia del Ejército en las calles ha sido notorio, pero esto no ha dado resultado.
“En nuestro estado, a pesar del incremento del número de elementos de la Guardia Nacional y del mismo Ejército, la proliferación de las organizaciones delictivas sigue al alza en las siete regiones”, comenta el activista de derechos humanos.
Para el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, otra organización que atiende casos de violencia en el estado, la situación es clara: hay una colusión entre criminales y autoridades electas en las urnas.
“Las presidencias municipales están coludidas con la delincuencia organizada, y depende del municipio: hay unos donde es el grupo criminal quien gobierna; entonces, eso nos pone en riesgo a todos los ciudadanos porque estamos sometidos, bajo un control que sin querer fue puesto sobre nosotros”, menciona la representante del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra.
La activista asegura que no existen planes y programas para contener la violencia, porque es el mismo Estado el que la genera, a través de los grupos criminales.
Guerrero encabeza las estadísticas de políticos asesinados
En las elecciones de 2018, Guerrero encabezó las listas nacionales de candidatos y políticos asesinados con 24 casos registrados por la prensa local, además desde las elecciones de 2015 hasta 2018 otros 17 políticos fueron víctimas de violencia.
Algunos de los casos de políticos asesinados entre 2017 y 2018 son los perredistas Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán; Roger Arellano Sotelo, exalcalde de Acapetlahuaya; Demetrio Saldívar Gómez, exsecretario general del PRD estatal; Elí Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca de Catalán, y Francisco Tecuchillo Neri, exalcalde de Zitlala.
Del PRI fueron asesinados el aspirante a la alcaldía de Atoyac, Adolfo Serna Nogueda, y el excandidato a la alcaldía de Eduardo Neri, Francisco Torres Rendón.
En 2021, el último proceso electoral, el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultora Etellekt arrojó que 23 políticos fueron asesinados.
Otro informe presentado a través del Atlas de Riesgo Electoral, elaborado por varias asociaciones civiles e instituciones electorales, contó hasta 45 actores políticos víctimas de la violencia, es decir, que sufrieron atentados y desapariciones o fueron asesinados.
El próximo año, 2024, en Guerrero se disputarán 81 alcaldías, 28 diputaciones locales y siete federales. El proceso inicia oficialmente el 7 de septiembre próximo, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero.
Con el reacomodo electoral y el antecedente de violencia en la entidad, hay una alta probabilidad de que el proceso electoral de 2024 tenga el mismo comportamiento.
Publicado originalmente en Amapola Periodismo
Imagen: Cromática agencia fotográfica y multimedia
