En lugar de alojarlos en casas hogar, asilos o lugares apropiados, los DIF de al menos nueve estados dejan a personas vulnerables en centros de rehabilitación para alcohol y drogas, también conocidos como anexos. Eso, aún cuando no tengan problemas de adicción. Incluso algunos DIF han dejado a personas en centros donde se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.
Por Elva Mendoza
Publicado originalmente en Quinto Elemento Lab
En un cuarto de la segunda planta de la casa, Chuy mira una película en la televisión. Alrededor de él hay decenas de cobijas tendidas en el piso donde dormirán en filas los 35 hombres que viven en este centro de rehabilitación de adicciones en Nezahualcóyotl, Estado de México. En cuanto dan las seis de la tarde, el encargado corta en seco la película, ordena despejar el área, colocar sillas y traer de la otra habitación una tribuna de madera.
“Mi nombre es Enrique y soy alcohólico drogadicto”, arranca un hombre de 36 años, el primero de la lista de oradores en la tercera junta del 12 de noviembre de 2022. “Para poder detener a ese monstruo que vive dentro de mí, debo estar dentro de una agrupación, compañeros”. Chuy se quedó en la puerta. Pasará el rato inclinado sobre una mesa, trazando círculos en una pequeña hoja de papel. (Ver video)
Foto: Bernardo de Niz
Él no se llama Chuy pero así le pusieron en otro centro de rehabilitación donde lo dejaron los funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hace cuatro años. En este otro lugar, al que llegó en 2022, lo llaman Pe-pe porque son las dos únicas sílabas que suele pronunciar.
Chuy no portaba identificación el día de 2019 cuando la policía municipal lo encontró descalzo y sucio en una parada de autobuses del Estado de México. Nadie acudió a recogerlo luego que la comisaría publicó una ficha con su foto y su descripción como una persona sordomuda de entre 30 y 35 años de edad.
No es la única persona que el DIF ha dejado en un centro de rehabilitación para personas con adicciones sin tener un problema de adicción. En 2021 dejó en el mismo lugar a Beto, un niño de 13 años que dormía en un mercado desde que murieron sus abuelos.
Los casos de Chuy y Beto no son excepcionales. Una investigación de Quinto Elemento Lab encontró que los Sistemas dif han encerrado a cientos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en estos sitios también conocidos como “anexos”. Aún cuando al interior de estos centros se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.
Una revisión a miles de documentos oficiales, búsquedas hemerográficas, y la conversación con víctimas y testigos permitió conocer que los Sistemas DIF de al menos nueve estados lo hacen. Eso, en lugar de integrarlos a una comunidad donde estén seguros y donde puedan desenvolverse, lo que contraviene leyes nacionales y tratados internacionales.
El Sistema DIF nacional no atendió a repetidas solicitudes de entrevista.
Una vista al anexo donde vive Chuy, una tarde de noviembre de 2022. Los DIF pagan a centros como este entre mil 900 y 15 mil pesos al mes por persona alojada | Foto: Bernardo de Niz
Sin libertad de salir nunca a la calle, las personas pueden permanecer años en estos lugares. Como Janeth que, llevada por el dif, rebotó de un anexo a otro en Michoacán desde los 12 años y hasta que cumplió los 17. O como Anselmo, que pasó sus últimos años en el anexo donde ahora se encuentra Chuy. El dif lo llevó en 2018 con 84 años y la mitad del cuerpo paralizado. Murió ahí tres años después.
Da clic para saber más sobre este caso.
Quinto Elemento Lab encontró evidencia de que esto ha ocurrido en Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, Colima, San Luis Potosí, Tabasco y el Estado de México.
Los dif pagan a los centros de rehabilitación desde mil 900 y hasta 15 mil pesos al mes por persona alojada, según la revisión de cientos de convenios del dif con centros de rehabilitación. Estos documentos, llamados técnicamente Convenios de Coordinación o Concertación, son la vía para formalizar el envío de población a estos lugares.
De 2015 a 2022, los dif de nueve estados firmaron convenios por poco más de 31.6 millones de pesos con centros para el tratamiento de adicciones, encontró Quinto Elemento Lab.
Los dif son los organismos de gobierno encargados de proteger a personas menores de edad y a quienes están en condición vulnerable. A sus manos llegan víctimas de violencia, abuso, orfandad o abandono. Tras casi 40 entrevistas, visitas a centros para personas con adicciones en cuatro estados y la revisión de expedientes, esta investigación documentó que el dif con frecuencia, en lugar de ponerlos a salvo, los expone a mayores riesgos.
“¿Por qué los llevan a anexos si hay casas hogar? (..) Nunca he entendido”, dijo Janeth, que pasó cinco años en anexos en Michoacán. “Al anexo llegan muchas personas muy mal y los que son de dif tienen que ver eso. En un anexo se habla de muchas cosas que uno a lo mejor no ha vivido o no sabe”.
A menudo los anexos son vistos como un centro de asistencia social más, pero los centros para adicciones cuentan con dinámicas distintas a las de una casa hogar, un albergue, un asilo u orfanato.
Alejandro no había consumido drogas ni alcohol pero el dif Ciudad de México lo dejó en el centro de rehabilitación Fundación Jóvenes Tlatilco en 2022, cuando tenía 17 años. Él cree que fue un castigo por haber defendido del maltrato a otros niños en la casa hogar donde vivía con su hermano de ocho años.
Dice Alejandro que en Jóvenes Tlatilco, él y otros niños y adolescentes llevados por el dif convivían las 24 horas con adultos en recuperación y eran obligados a presenciar hasta 12 juntas diarias de Alcohólicos Anónimos. “Un niño de ocho o doce años no está para escuchar esas cosas”, dijo. “Fue bastante difícil, la verdad, tolerarlo todo, bastante difícil el hecho de estar ahí”.
Alejandro fracasó en su primer intento por escapar del anexo, a quince días de haber llegado. Los encargados lo golpearon, lo encobijaron y amarraron de pies y manos como escarmiento, narró una tarde, en una calle céntrica de la capital. En un segundo intento, a los dos meses de su ingreso, logró fugarse.
“Las dependencias envían a la gente a donde haya lugar”, explicó Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International (dri), organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. No hay algún parámetro para que el dif decida a dónde llevar a las personas, lo que permite actos arbitrarios. “El sistema es un gran hoyo negro”, añadió.
Cárceles privadas
Hay centros autorizados por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (conadic) bien montados y seguros, incluso algunos aptos para adolescentes, pero la mayoría opera en la clandestinidad, en condiciones de hacinamiento y miseria. Parten de la idea de que las personas “valoren lo que tienen afuera”, como describió el encargado de otro centro de rehabilitación en Nezahualcóyotl.
En el precario salón de unos siete metros de largo por cuatro metros de ancho, donde se realizan todas las actividades, sientan a los 55 varones alojados ahí y los hacen permanecer durante horas en sillas de plástico solo viendo a la pared con la consigna de no hablar, no dormir y no leer. “Los días son muy lentos y no avanzan”, dijo Santiago un joven internado ahí años atrás.
Los 55 varones alojados en este centro en Estado de México permanecen durante horas sentados, con la consigna de no hablar, no dormir y no leer | Fotografía: Bernardo de Niz
La conadic estima que hay alrededor de 2 mil 280 centros que ofrecen servicios contra las adicciones y solo 247 cumplen con la normatividad. Acaso una docena ofrece tratamiento médico profesional. “Hay muchos que valen la pena y muchos otros que, francamente, no deberían de existir”, dijo en entrevista el titular de conadic, Gady Zabicky Sirot.
Hoy día, prácticamente cualquier persona puede abrir un centro de tratamiento “y esto de alguna manera es lo que nos trae hasta el problemón que tenemos”, dijo Zabicky. “(Hay) lugares donde sabemos que se cometen violaciones a los derechos humanos y a las leyes mexicanas, ataques sexuales, alguna golpiza o simplemente personas que están internadas en contra de su voluntad. Técnicamente eso en México es un secuestro, una privación ilegal de la libertad”.
Santiago contó que es común que en el anexo de Nezahualcóyotl sirvan de comer verduras en agua sin más acompañamiento, sobras de panadería, tortillas frías y roídas, plátanos maduros, bofe de res. Los apresuran para ir a dormir, despertar, comer e ir al baño y para asearse les dan tres o cuatro cuadritos de papel o recortes de periódico. Sin privacidad, ni agua corriente, los hacen bañarse en grupo.
—¿Hoy qué les van a preparar de comer?—
—Zanahorias. Hoy comen zanahorias. Llegan las zanahorias y sus tortillas—, detalló el encargado de ese anexo mientras en el patio hervían las rodajas anaranjadas.
Dos hombres internados en un anexo en Nezahualcóyotl, Estado de México, preparaban zanahorias. Sería el plato fuerte para la comida, una tarde de noviembre de 2022 | Fotografía: Bernardo de Niz
En julio de 2020 hubo un motín provocado por el estricto control, el hambre constante y la presión, dijo Santiago. En reacción, el administrador sumó varias hileras de tabiques a las ventanas –ya de por sí pequeñas–, además de barrotes, cadenas y candados extra para las puertas.
“(Los anexos) son cárceles privadas”, dijo Éder López, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario en Michoacán. Él y su familia fundaron y administraron once años el centro Despierta Hay una Solución, en Morelia, animados por su propia experiencia con un papá alcohólico aunque posteriormente lo cerraron debido a un motín.
En junio de 2020, hombres amotinados lanzaron cobijas a la calle, en Estado de México, para llamar la atención sobre los malos tratos en el anexo | Fotografía: cortesía.
En manos del dif
Quinto Elemento Lab no pudo conocer con exactitud cuántos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad física o mental están encerrados en un anexo por instrucciones del dif.
En parte porque mucha de la información que maneja el dif es confidencial —por tratar con víctimas, personas menores de 18 años y datos personales–. Pero también debido a la falta de transparencia de los Sistemas dif.
Los convenios que firman con estos establecimientos rara vez indican el número de personas que envían, su edad o condición o la duración que tendrá el alojamiento en los centros de rehabilitación.
Además, no todos los estados y municipios hacen públicos los convenios que han firmado con estos lugares. Incluso algunos dif en el Estado de México ni siquiera ponen por escrito la transferencia de personas que tienen bajo su resguardo.
El dif Nezahualcóyotl respondió que no celebra convenios “ya que la circunstancia del caso particular solo amerita el apoyo para su acogimiento residencial y no para actos jurídicos”. Lo mismo respondieron Ixtapaluca, San Felipe del Progreso, Jilotepec y Los Reyes La Paz.
Quinto Elemento Lab no encontró evidencia de algún convenio firmado entre el dif y el Centro de Rehabilitación y Recuperación de Alcoholismo y Drogadicción, Zona Uno, a las orillas de la ciudad a donde llevó en 2021, a Juan, un niño de 11 años de edad con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, alegando que no había espacio en las casas hogar. El niño fue rescatado por familiares. Tras 15 días en el anexo, Juan volvió a casa asustado.
Da clic para saber más sobre este caso.
En el único censo que se ha hecho en México acerca de personas alojadas en centros de asistencia social, en 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contó a 13 mil 549 personas menores de 19 años viviendo en centros de rehabilitación para alcoholismo y drogas. No es posible saber cuántos de ellos están bajo tutela del DIF.
Pero tan solo en Michoacán, la entonces nueva directora del dif estatal, Paula Edith Espinosa, informó que en 2021 habían encontrado en los anexos “a más de 100” personas no adictas de entre 7 y 17 años de edad, mezcladas con adultos. Los menores habían sido enviados por el dif en administraciones anteriores.
En Morelos, el 3 de septiembre de 2020, el dif envió a 13 adolescentes que tenía alojados en una casa hogar y los trasladó al Sistema Integral para Adicciones Nueva Integración, un centro de rehabilitación en Jiutepec. En el interior de este lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó tortura y humillaciones; la Comisión Estatal de Derechos Humanos alista desde entonces una recomendación.
Un letrero apunta al anexo a las afueras de Aguascalientes, donde el DIF dejó a un niño de 11 años en 2021 | Fotografía: Mónica Cerbón
Al alcance de todos
No sólo el dif envía a población vulnerable a estos establecimientos. En muchos lugares de México, los anexos son la alternativa disponible para las familias de personas con algún problema de conducta o alguna discapacidad física o mental. Esto, ante la ausencia de políticas y la falta de sitios públicos para dar atención especializada.
“Hay personas que llegan ahí porque tienen problemas de salud mental no relacionados con sustancias. Y esto sucede porque no hay ninguna otra opción. Hay quienes agarran a alguien porque está teniendo alguna conducta que no agrada a la familia y lo quieren corregir a palazos, que no es lo adecuado. También hay personas que viven en condición de calle. Obviamente se necesita una respuesta distinta, de bienestar por parte del Estado”, dijo Gady Zabicky, el titular de conadic.
Sigue leyendo el reportaje en el sitio de Quinto Elemento Lab
- ¿No qué no? ¡Sí se fue! Alcalde deja Morena y llega al gabinete de Sheinbaum
- Más allá de las políticas hidráulicas está la recuperación de los ríos
- Por una Humanidad Viva
- Inauguran en Hermosillo los Juegos Deportivos Estatales Escolares 2025-2026
- Cinco años de resistir: El caso de Kenia Hernández y la batalla contra la fabricación de delitos
