Por Rafael Trujano
Llegó el día 26 de septiembre de 2023 y las expectativas de que desde el gobierno, se diesen señales en el sentido de realizar ahora sí la entrega de la información que las fuerzas armadas retienen y que resulta clave para determinar con exactitud de quién se recibieron las órdenes, quienes las ejecutaron, los destinos eventuales y/o definitivos, a los que fueron trasladados los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores, etc., resultaron en profunda decepción tanto para las madres y padres de los estudiantes como para las miles de personas que vienen acompañando la lucha por la presentación con vida de quienes tuvieron el infortunio de verse enfrentados a un operativo coordinado de las fuerzas uniformadas de los tres niveles de gobierno en complicidad con la delincuencia organizada y el seguimiento puntual en todo momento, de la inteligencia militar.
Las investigaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizaron, demuestran y de ello dejaron constancia en su VI y último informe de actividades, el involucramiento del ejército en los hechos y junto con la marina, en el armado de la llamada verdad histórica.
Por la mañana, el palacio presidencial amaneció blindando con vallas pues más tarde, habrían de llegar hasta ahí miles de manifestantes encabezados por las madres y padres de los 43, reprobando las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que los primeros estaban haciendo politiquería y de que su intención es dañar el prestigio del ejército.
Ante las afirmaciones de la presidencia de que ya se ha entregado toda la información resguardada por las fuerzas castrenses, la respuesta del conjunto del movimiento solidario con Ayotzinapa ha sido de coraje y nuevo rechazo a lo que ahora se pretende construir como nuevo relato de lo que pasó la noche de Iguala y que, en el fondo, busca exonerar de responsabilidad a los altos funcionarios y mandos de entonces y de ahora.
Con una nueva verdad histórica se pretende sellar el crimen de estado, pero, desde abajo, la ciudadanía que no está dispuesta a ser engañada, ha salido a manifestarse en calles, plazas y diversos rincones del país con la exigencia de conocer toda la verdad y con esta, ubicar dónde están los 43, recuperarlos y aplicar en consecuencia, el peso de la justicia penal a todos los responsables involucrados y por supuesto, de la delincuencia organizada.
Esto no ha concluido, la información que proporciona el artículo de John Gibler (https://adondevanlosdesaparecidos.org/…/la-instruccion…/) publicado el 26 de septiembre pasado, da cuenta de las contradicciones, desencuentros e inconsistencias entre la información que ha venido proporcionando la Comisión presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ) que preside Alejandro Encinas, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) de la fiscalía general de la República (FGR), con las propias declaraciones presidenciales en las mañaneras.
Da cuenta también, del grado de manipulación de la investigación y de los intentos gubernamentales por cerrar el asunto en una reedición del llamado pacto del silencio que consagre impunidad y conforme una propia verdad histórica que simule atención a los reclamos pero, construida también sobre mentiras y pisoteo de derechos humanos.
A estas pretensiones, el movimiento de solidaridad con las madres y padres de Ayotzinapa e instituciones nacionales e internacionales, han respondido con la movilización, la denuncia y los exhortos diplomáticos.
La Ciudad de México, la de Cuernavaca, Mor., Morelia, Mich., Cd. Hidalgo Mich., Chilpancingo, Gro., Tuxtla Gutiérrez, Chis., Hecelchakán, Zac., Cd. Obregón, Son. y por supuesto Hermosillo, Son., fueron escenario de marchas, concentraciones y diversas actividades en que se reclamo la aparición con vida de los 43, esclarecer los hechos para acceder a la verdad y la aplicación de la justicia penal a los responsables de ese crimen de estado.
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