Tanto Santa Tulita como otras comunidades de Guadalupe y Calvo, han sido azotadas por inseguridad y violencia, tala ilegal del bosque y la presencia permanente de personas armadas que recorren los caminos, la escucha frecuente de detonaciones de armas de fuego y el desplazamiento forzado de familiares y jóvenes que se ven amenazados de ser reclutados por grupos de la delincuencia organizada
Por Patricia Mayorga / Raíchali
Fotos Raúl F. Pérez Lira
Chihuahua.- Este año, fue la primera vez que Alicia, Efrén y Rosario (nombres cambiados para cuidar su integridad física) salieron de su tierra en Santa Tulita, para trabajar como jornaleras a otro municipio de Chihuahua.
Esta una de las rancherías del pueblo ódami de la comunidad de Mala Noche, municipio de Guadalupe y Calvo, en el llamado Triángulo Dorado, la sierra que está entre Chihuahua, Sinaloa y Durango. Habían luchado todo el año para resistir y evitar su desplazamiento, sin resultados. Allá ha arreciado la violencia con mayor fuerza a partir de 2021, con la transición del gobierno estatal.
En aquella región ha bajado el precio de la producción de amapola los últimos cinco años y, como consecuencia, la tala ilegal ha cobrado fuerza, de acuerdo con campesinos de aquel municipio. A partir de 2021, el desplazamiento forzado ha incrementado en la zona por la incursión de otro cartel que pelea el territorio al grupo local, de Sinaloa. Esa situación arrojó fuera de su tierra a pueblos completos. Hasta hace unas semanas, la gente de la comunidad de Mala Noche podía regresar de manera intermitente a sus casas.
Ante la imparable ola de desplazamientos de comunidades completas en el municipio de Guadalupe y Calvo, organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales, acompañadas por Brigadas Internacionales por la Paz (PBI) han realizado dos caravanas humanitarias en agosto y en noviembre de este año.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno están enteradas de la situación y de las acciones, pero nada ha sido suficiente para que el fin de semana pasado familias ódami completas dejaran sus tierras para salvar su vida. Seis personas han sido privadas de la libertad, sólo han aparecido dos.
Las caravanas han tenido como destino Santa Tulita, una ranchería que está en medio de la comunidad de Mala Noche, a unas 15 horas en vehículo de la capital de Chihuahua. A dicha comunidad pertenecen también las rancherías de Puerto de Ánimas, El Riyito y Puerto El Riyito. En esa región, la situación se ha precarizado más por las condiciones climatológicas pero principalmente por la violencia. Los habitantes habían resistido para impedir su desplazamiento, le habían apostado a denunciar para que las autoridades federales y estatales les garantizaran seguridad en medio de la marginación institucional acumulada por décadas.
La cohesión social de las rancherías es fuerte y visible. Las niñas y los niños tienen la libertad que les da la naturaleza para jugar entre pinos y un extenso terreno, crean entre la naturaleza y se divierten sin descanso. Han aprendido las labores del campo y toda la niñez participa en los juegos tradicionales, como la bola y ariweta, también danzan matachín como sus madres y padres.
Es una comunidad que se resiste a romperse, que ha buscado la manera de conservar su vida en paz para continuar cuidando el bosque que da vida a las zonas rurales ya las urbanas, que impide la tala inmoderada porque los árboles atraen el agua. Sin ellos, la sierra y Chihuahua se quedarán sin vida.
Durante las caravanas realizadas por autoridades y organizaciones, se documentó la situación de las familias recabando información sobre la atención relacionada con ayuda humanitaria, con la presentación de denuncias y con los operativos de seguridad realizados por diferentes instancias, para analizar las condiciones para el posible retorno de quienes salieron de la comunidad.
En las caravanas participaron alrededor de 250 personas, unas 70 eran niñas y niños. En asambleas comunitarias y diálogos con las organizaciones trataron temas como la situación de pueblos indígenas en el país, los derechos indígenas, la importancia el cuidado del bosque, entre otros.
Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Colectivo de Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria, la Parroquia de Baborigame Servicios y Asesorías para la Paz y Serapaz, constataron las graves violaciones a los derechos humanos en contra de la comunidad.
Por más de 40 años se ha solictado el reconocimiento legal del territorio ante Secretaría de Desarrollo Agraria, Territorial y Urbano (Sedatu), pero no lo ha conseguido, aún cuando la comunidad ganó un amparo en contra de esa dependencia por el retardo injustificado para emitir la declaración de terreno nacional para la posterior entrega a a sus habitantes.
Desde enero de este año, tanto organizaciones como las personas de Santa Tulita y de otras comunidades de Guadalupe y Calvo, han denunciado la inseguridad y violencia, así como la tala ilegal del bosque en este territorio y la presencia permanente de personas armadas que recorren los caminos, la escucha frecuente de detonaciones de armas de fuego y el desplazamiento forzado de familiares y jóvenes que se ven amenazados de ser reclutados por grupos de la delincuencia organizada.
En febrero acudió el Ejército a la comunidad, pero los talamontes se escondieron y cuando la autoridad se retiró la tala continuó durante al menos 5 meses más, denunciaron las organizaciones en un comunicado de prensa emitido este diciembre.
En el documento establecen que desde el mes de junio se dio el desplazamiento forzado de 58 personas de la comunidad de La Sierrita, que se encuentra a dos horas de Santa Tulita.
“Sabemos que, a partir de estos hechos, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la comunidad e hicieron presencia por media hora. Tenemos conocimiento de que un destacamento de militares estuvo durante 15 días del mes de julio en Santa Tulita, tiempo en el que las familias estuvieron tranquilas y en paz. También de que la Secretaria de Pueblos y Comunidades Indígenas llevó en el mes de julio despensas y semilla. Debido a la violencia en esta zona, la brigada médica de la Secretaria de Salud dejó de ir por tres meses y que efectivamente días antes de la jornada estuvieron consultando solo 4 horas, por lo que muchas personas no alcanzaron a ser atendidas”, señalaron las organizaciones de la caravana.
La exigencia entonces fue la garantía de seguridad para las familias, asistencia médica de calidad y con pertinencia cultural; alimentos mientras resuelven la emergencia alimentaria; la instalación de un sistema de agua potable en Puerto de Animas y las localidades que lo requieran y financiamiento para proyectos productivos y otras alternativas de sostenibilidad.
Logros de las caravanas e imprecisiones en cifras oficiales
De la primera a la segunda caravana hubo logros. Con la presencia esporádica de corporaciones federales y estatales lograron aminorar la tala ilegal. Sin embargo, las amenazas contra las comunidades indígenas ódami continuaron.
En agosto consultaron casi a 90 personas, la mayoría niñas y niños con desnutrición e infecciones en los ojos, así como enfermedades crónicas descontroladas por falta de medicamentos en adultos. Una enfermera profesional ódami consultó a los pacientes con el apoyo de una religiosa con experiencia en salud. Además entregaron despensas a cada familia y al cierre de la visita que duró dos días, bailaron matachines para agradecer y pedir salud, paz y la lluvia. Ese día llovió.
En el comunicado, las organizaciones advierten que aunque algunas personas de Santa Tulita y de Puerto de Ánimas entrarían al programa Sembrando Vida, no cuentan con sistema de agua potable.
“Quienes integramos la Jornada Civil por la Paz, manifestamos nuestra preocupación por la situación de vulnerabilidad que viven las familias, tanto en lo relacionado con la falta de seguridad, la falta de acceso al agua potable como en la falta de alimentos y la salud precaria de mujeres, hombres, personas jóvenes y niñez”.
En el lapso de la primera y la segunda caravana, autoridades de Salud y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal (CEAVE), estuvieron en la comunidad. La caravana del mes pasado concluyó con la entrega de alimentos, talleres, juegos tradicionales, baile y convivencia.
El propósito de las caravanas humanitarias fue impedir el desplazamiento de las rancherías de Mala Noche, incluída Santa Tulita. Lograron mayor presencia de autoridades, no de manera permanente porque el rezago es abismal.
Y es que Guadalupe y Calvo lidera las cifras de desplazamiento forzado registrado por la Fiscalía General del Estado, según la información obtenida por la Plataforma de Transparencia.
En los últimos ocho años, la dependencia estatal registra sólo 896 personas víctimas de desplazamiento forzado, pero no incluye comunidades de Urique por ejemplo, en donde se ha registrado esa problemática de acuerdo con datos hemerográficos.
Tampoco incluye otras comunidades de diferentes municipios ni los últimos desplazamientos de las comunidades de La Sierrita de Guadalupe y Calvo (alrededor de 50 personas dejaron su tierra para salvarse) ni de la Yerbabuena del municipio de Balleza, que salieron en septiembre pasado, después del asesinato de una defensora de territorio y de su hija.
De las 896 personas desplazadas en la entidad, la base de datos de FGE indica que 452 son de Guadalupe y Calvo. Sin embargo, registra 120 personas desplazadas de Atascaderos que indica que son de Huejotitán, pero esa comunidad está en Guadalupe y Calvo y, según la documentación hemerográfica, corresponden a este último municipio. Es decir, las cifras oficiales registran a 572 personas desplazadas de Guadalupe y Calvo, más el subregistro que podría triplicar la cifra.
Otro ejemplo de imprecisión en las cifras oficiales, es que registran el desplazamiento de la comunidad de El Manzano del municipio de Urique, entre los años 2016 y 2017, cuando fue en 2015. Del Monterde, municipio de Guazapares, reporta desplazamientos en 2018 y 2019, pero el caso público se registró en 2014. De este último caso sólo indica que fueron 7 personas desplazadas. Ambas comunidades han ganado amparos para exigir su protección y sus casos son conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De la cabecera de la sección de Baborigame hay registro de desplazamientos desde hace más de 15 años, pero las cifra de la FGE sólo reportan 16 entre 2019 y 2020.
Según las estadísticas oficiales, del total de desplazadas, 566 son personas mestizas, 254 del pueblo indígena ódami y 74 del ralámuli. Sin embargo, las estadísticas documentadas de investigaciones hemerográficas y de reporteo, la gran mayoría son ralámuli.
De las 572 personas desplazadas de Guadalupe y Calvo, 320 son mujeres, según el registro oficial y 262 hombres. El grupo poblacional desplazado más numeroso es de niñez entre cero y 11 años, con 185. Han sido desplazados 72 de ese municipio; además son 137 personas entre 18 y 29 años; entre 30 y 44 son 81 personas; entre 45 y 59 años se reportan 64 en dicho municipio y mayores de 60 años son 33. Hay otras 10 más sin datos de edad.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Chihuahua, la cual depende de la FGE, ha recopilado otros datos.
Esta tiene dos listas en las cuales registra a víctimas de desplazamiento forzado, incluso antes de que fuera tipificado como delito. La primera es el padrón de víctimas, en el cual la CEAVE registra a las personas en primera instancia para poder otorgar asistencia inmediata, y la cual cuenta con las mismas 896 personas en condición de desplazamiento forzado interno que tiene la FGE. La otra lista es el Registro Estatal de Víctimas, en la cual aparecen 62 personas del municipio de Uruachi desplazadas entre 2015 y 2016, y 22 del municipio de Guazapares en 2016, correspondientes a los casos de El Manzano y Monterde, respectivamente.
Muchos esfuerzos, poca respuesta
En un oficio dirigido Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación federal y con copia a otras autoridades de seguridad estatal y federal, las organizaciones advirtieron que el problema escaló y anunció el inminente desplazamiento forzado de familias de Santa Tuilta y otras rancherías de Mala Noche.
“Durante todo el presente año se ha estado enviado información a las diversas autoridades de los tres niveles de gobierno acerca de la grave situación de inseguridad que se vive en la región de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, provocada por la tala criminal del bosque, las amenazas a la población, violaciones, etcétera”, reclaman.
Retoman los últimos desplazamientos de otras comunidades que han vaciado por la presencia de grupos delictivos.
Por esos hechos generaron las dos jornadas o caravanas por la paz y dos visitas de autoridades de gobierno del estado en los meses de agosto, septiembre y noviembre.
Sin embargo, los pasados 11 y 12 de diciembre, personas de la comunidad de Mala Noche se trasladaron a Baborigame y a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo por tarjetas de” Procampo”, y el 13 de diciembre, pobladores de Santa Tulita, Puerto de Animas y Puerto Riyito fueron interceptadas por un grupo delictivo cuando regresaban a sus casas. Las personas manifestaron su preocupación porque sus hijos se quedaron en sus casas y no podían regresar a verlos.
El 14 de diciembre, como respuesta a las organizaciones que denunciaron el hecho, elementos de la Guardia Nacional, Policía del Estado y policía Ministerial, acompañaron a varias personas a Santa Tulita para que regresaran a su comunidad con seguridad y se fueran de nuevo a Baborigame.
El viernes 15, un grupo armado asentados en la comunidad de Los Alisos llegó a la ranchería de Puerto de Animas y privó de la libertad a dos jóvenes por la fuerza: Emanuel Ángel Guevara Ayala de 15 años y Jesús Manuel Ayala Almanza de 13 años, cuando ellos se encontraban trabajando en el campo.
Posteriormente se conoció que había seis personas privadas de la libertad y sólo habían regresado a dos.
“Los habitantes de esa región viven constantemente con el temor de la llegada de los grupos armados y han tenido que dormir en el monte. Comentan que por la noche se escuchan disparos, incluso han visto la presencia de drones por encima de sus comunidades”, indican en otro comunicado las organizaciones, a las que se sumó Juan Manuel González Sandoval, obispo de la Diócesis de la Tarahumara; Gabriel Parga Terrazas, párroco de Baborigame; el jesuita Javier Ávila Aguirre, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.
El sábado 16 del presente mes, les informaron que circularon varias camionetas con personas armadas y eso les aumenta incluso el temor de quedarse en el monte como su único refugio. Una de las camionetas que circularon se encuentra ubicadas en la comunidad de Taunas y la otra en Puerto de Ánimas.
“El día de hoy se nos informa que dos jóvenes de Puerto Riyito fueron levantados por el grupo armado y desconocemos su paradero. Los grupos armados les acaban de advertir a los miembros de las comunidades mencionadas que tienen tres días para abandonar sus casas”, subrayan en el boletín de prensa.
El oficio fue enviado además a Rosa Icela Rodríguez Velásquez, secretaria de Seguridad y protección Ciudadana; Clara Luz Flores Carrales, Del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; César Jáuregui Moreno, fiscal General de Chihuahua; Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua y a Norma Ledezma Ortega, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua.
Asímismo exigen operativos permanentes y no esporádicos, la localización urgente de las personas privadas de la libertad y la instalación de una mesa de seguridad en Baborigame con autoridades, pobladores y asociaciones civiles.
Publicado originalmente en raichali.com/2023/12/19/santa-tulita-guadalupe-y-calvo-desplazamiento-chihuahua/
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