Este proyecto de datos, investigación y periodismo pone la lupa en algunas problemáticas alrededor de los procesos de urbanización e industrialización que están ocurriendo en el sur y sureste mexicano a través de dos megaproyectos que se encuentran conectados: el Tren Maya (TM) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Gestionados y administrados por las Fuerzas Armadas, ambos megaproyectos forman parte de un gran proyecto económico y político que busca transformar el entorno económico, social y ambiental de los territorios que impactarán, a través de la gestión de la tierra y los territorios, con el propósito de ejercer control sobre el patrimonio natural de la región, sobre los flujos migratorios y por consiguiente sobre las personas.
¿Quiénes son los mayores beneficiados?
Estos proyectos continúan colocando al centro la reproducción del capital; la ganancia de las grandes empresas (ahora también las empresas militares).
Éstas tienen asegurado el acceso a bienes naturales, energía, exenciones fiscales y una red de infraestructura que dinamice sus cadenas de suministro y logísticas; mientras las Fuerzas Armadas serán clave para garantizar sus operaciones, incluso si ello significa reprimir y criminalizar a las personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos.
Los beneficios no los obtendrán únicamente las empresas privadas que mostramos en nuestra investigación de 2020 “El tren de las élites. Empresas beneficiadas y proyectos energéticos en el sureste mexicano”, sino también las empresas militares que se han creado para gestionar y administrar las ganancias que se obtengan de operar estos y otros proyectos.
¿Cuáles son las problemáticas?
Todo lo anterior se encuentra blindado por el decreto que cataloga al TM y al CIIT como proyectos prioritarios y de seguridad nacional. Esto permite a las Fuerzas Armadas reservar la información (aún cuando se trata de información de interés para la ciudadanía), representando un retroceso significativo en la transparencia.
Que el Ejército y la Marina asuman el control y la administración de los proyectos ha generado preocupación nacional e internacional sobre el riesgo de abuso a los derechos humanos (especialmente considerando su historial en México), la falta de transparencia en los procesos, la falta de rendición de cuentas por parte de las fuerzas armadas, así como la agudización del riesgo de criminalización y represión hacia las personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos.
Los proyectos de esta magnitud y complejidad deben considerar desde su concepción la debida diligencia en materia de derechos humanos. Tras una revisión de los decretos de constitución de empresas de propiedad estatal que controlarán los proyectos como Tren Maya S.A. de C.V., no se advierten medidas específicas que hagan referencia a los derechos humanos.
Un llamado:
La seguridad nacional no puede ser utilizada como un mecanismo para suprimir los derechos de las personas.
La transparencia y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas debería aumentar, pues, continuar reservando información por cuestiones de seguridad nacional y manteniéndola oculta del escrutinio público genera las condiciones ideales para que los riesgos de corrupción, captura corporativa del Estado y abuso de los derechos humanos aumenten en México.
Para la elaboración de esta investigación se tomaron como fuentes los comunicados e informes de avance del gobierno federal, así como las bases de datos de los contratos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Compranet y los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De igual forma se hizo una revisión de los decretos y declaratorias de utilidad pública del Diario Oficial de la Federación (DOF) y de los informes anuales y estados financieros de las empresas que participan en estos proyectos.
Para mayor información contactar a:
Comunicación Externa, PODER
(+52) 55 5207 3392 || (+52) 55 3967 0574
Fuente: comunicacion@poderlatam.org
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