Luis Enrique Ortiz

Si frente a las cámaras existen discrepancias en un tema tan sensible como el agua potable para las comunidades seris, el tecleador no se quiere imaginar cómo será operar un plan de justicia con tanta falta de coordinación entre servidores públicos estatales y federales, aunque ambos sean de la Cuatro T.

Viene a cuento porque el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó ayer con amplitud y transparencia, lo suficiente para que a todo mundo le quede claro que el acueducto de la Nación Seri, funcionará a cabalidad antes del 15 de agosto, con agua limpia, fresca y suficiente por muchos años para las comunidades de Punta Chueca y Desemboque del Río San Ignacio.

Se trata de una obra construida sobre un predio de 2 mil 100 hectáreas comprado por el Gobierno de México -a un pequeño propietario- con todo y sus derechos de agua, en 15 millones de pesos, explicó el mandatario estatal.

La línea de conducción es de 78.7 kilómetros, toda de tubería de 6 pulgadas, con origen en el rancho Coyote, pozo Santa Rosa, y destino en las únicas localidades seris del mundo, arriba mencionadas.

Los diferentes componentes de la obra, cuyo costo no se dio a conocer, como son equipamiento electrónico (solar) del pozo, correcta disposición de la tubería con la que se cuenta al 100%, incluyendo la potabilizadora de Punta Chueca, deberán estar listos antes de que termine el mes de julio, según dio a conocer Durazo Montaño, quien apuntó al 27 del presente para entregar la que sería la primera obra terminada del Plan de Justicia Seri, iniciado en febrero de 2022.

Durante un máximo de dos semanas, a partir de su entrada cabal en operación, la línea de conducción podría llevar agua turbia, como parte de un proceso natural en este tipo de obras, pero muy pronto el acueducto entregará un fluido claro y potable, concluyó al respecto Alfonso Durazo.

Sin embargo, después de haber escuchado el extenso informe, el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indios (INPI), Adelfo Regino Montes, afirmó que la obra detallada ya abastece a los pobladores de Desemboque.

Literalmente, fue la gota que derramó el vaso y estalló más el enojo de quienes habitan la referida localidad comcaác, ya que se acuerdo a varios testimonios obtenidos-por el asoleado tecleador por la mañana “in situ”- las familias y clanes completaban ese día un mes sin agua.

También existen reclamos porque de las 80 pangas con motor que entregó Conapesca, para fortalecer la economía e ingresos de la Nación Seri, sólo se entregaron 65 y de manera discrecional y ese reclamo no ha sido atendido, porque hay decenas de pescadores a los que el PJS no les ha hecho justicia y como dicen: “si no es pareja no es tal”.

Mismo caso que el programa de vivienda, donde fueron excluidas familias que desaprobaron al depuesto gobernador tradicional Joel Barnett Morales, empezando por el presidente del Consejo de Ancianos, Enrique Robles Barnett, máxima autoridad interna de todos los comcaác, incluso visto desde la legalidad yori.

Pero Regino Montes, no sólo falseó la realidad en el caso de agua, sino en el tema de las 2 mil 100 hectáreas del acueducto, al decir que ya forman parte del ejido Desemboque y su Anexo Punta Chueca, ya que el tecleador tiene al menos dos fuentes que dicen que ese proceso apenas dará inicio, lo que no lo convierte en mentira pero si en media verdad, sobre todo porque es un tema de largo trámite, tanto que tal vez le toque a Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta constitucional, encabezar el respectivo acto de formal restitución de agua y territorio.

Sheinbaum Pardo, se comprometió ayer en tierra seri a dar continuidad al plan respectivo, especialmente en materia carretera, pues ello incluiría la pavimentación del camino costero de Punta Chuca a Desemboque y sus 60 kilómetros con vados y puentes incluidos.

Pero, también incluye las obras comenzadas hace más de año y medio y no concluidas de la Calle 36 Norte que conduce a Puerto Libertad y pasa a 22 kilómetros de Desemboque, y la carretera de concreto que uniría a la localidad con la primera rúa en mención.

La primera debió ser terminada en diciembre pasado y de acuerdo a la diputada local, Celeste Taddei, el Gobierno de México, la federación depositó en marzo de 2023, los recursos necesarios para toda la obra, pero ayer se informó que le faltan al menos 97 km de reparacion y trabajo, para lo cual se necesitan otros 310 millones de pesos, esto dicho por Regino Montes.

La segunda fue rediseñada y ya no será en su totalidad de concreto y artesanal, como era el plan original, sólo se construyó poco menos de 1 km y para que sea terminada en su totalidad faltan 100 millones de pesos -añadió el director del INPI- y en 95% será ahora de asfalto y con un nuevo trazo.

No estaría mal revisar las demandas de la población seri con más empatía, seriedad y respeto a su autonomía, en especial por parte del titular del INPI a quien todos los días le brotan reclamos y no sólo de la Nación Comcaác.

“Como es el caso del Locutor de la etnia yaqui C Severiano Valenzuela Buitimea asignado por los autoridades tradicionales hace casi 30 años en la radio cultural de Etchojoa que en meses pasados fuera despedido injustamente y que el INPI no ha podido solucionar satisfactoriamente y que cuenta con el irrestricto respaldo de las autoridades tradicionales de la etnia mayo y yaqui y según el jurídico de INPI “que utilizó las instalaciones de la radio (en Etchojoa)para cuestiones políticas”,lo cuál sabemos es una salida infantil para su despido injustificado, lo cual está pendiente hasta el momento…”, según circula en redes sociales.

Regresando a con la gente de la arena, ya empezarán a circular pronto informaciones relacionadas con denuncias penales por el destino de algunos recursos del Plan de Justicia Seri.

La Fiscalía General de la República se ha hecho de la vista gorda en casos de violencia con armas de alto poder entre particulares en Punta Chueca.

Qué bien que continúe la justicia para una de las culturas más antiguas de lo que hoy es Sonora, pero no cabe duda de que se necesitarán cambios en la forma en que se ha hecho hasta ahora.

Debe haber garantía en el usos y destino honestos de los recursos correspondientes y aclarar al respecto, de un Plan que ha consumido hasta el momento alrededor de 700 millones de pesos de presupuesto público.

Fotos: Gobierno del Estado de Sonora.

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