La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que la administración de Donald Trump revoque el estatus legal temporal de más de 500.000 personas migrantes de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Este estatus, conocido como “parole” humanitario, fue otorgado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, permitiendo a los migrantes ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años con un patrocinador financiero y superando controles de seguridad.
La revocación del estatus legal temporal afecta a aproximadamente 532.000 personas que ya tenían permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos. La decisión de la Corte Suprema deja a estos migrantes expuestos a una posible deportación acelerada. Dos juezas de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, se opusieron a la decisión, argumentando que no se consideraron las “devastadoras consecuencias” de permitir que el gobierno ponga fin precipitadamente a las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de personas.
La administración de Trump argumenta que revocar el estatus de “parole” facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada. Por otro lado, los abogados de los migrantes sostienen que la cancelación abrupta del programa causaría un “inmenso sufrimiento humano innecesario” y separararía a las familias de sus seres queridos.
La decisión de la Corte Suprema ha generado preocupación entre defensores de derechos de los migrantes, quienes destacan que estos trabajadores han cubierto vacantes en sectores clave como la salud, la construcción y la manufactura. Los migrantes deberán buscar otras formas de protección legal para evitar la deportación.
