A finales de 2014, Mexicana de Aviación, que hasta entonces era la aerolínea más importante de América Latina, fue declarada en quiebra. Mientras eso sucedía, Gastón Azcárraga, su dueño, huyó a Estados Unidos, dejando a cientos de trabajadores en el completo desamparo.
Pero la caída de la empresa no ocurrió de la noche a la mañana. El origen de esta historia de fraude, corrupción y engaño se remonta a años antes, y en ella operó un personaje clave desde las sombras: Ricardo Salinas Pliego.
En 2007, Grupo Posadas, entonces propietario de Mexicana, dividió la empresa en dos bloques de sociedades. En el primero se concentraron los activos tangibles, como hangares, aviones y empleados. Paralelamente, se creó un bloque “fantasma” compuesto por cinco empresas de papel, sin bienes ni trabajadores, donde se ubicaron los activos intangibles: la marca Mexicana y los derechos de ruta. Entre estas empresas estaban Impulsora de Negocios Omega, Operadora de Servicios Empresariales Zeta, Gestiones y Servicios Operativos Kappa, Impulsora de Enlaces Industriales Delta e Impulsora Industrial Empresarial Beta.
En 2008, Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, adquirió este segundo bloque por 613 millones de pesos. Según la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), a partir de ese momento se implementó un complejo esquema para evadir obligaciones fiscales. Entre 2009 y 2012, Salinas y otros miembros de Grupo Salinas “rebotaban” la deuda original entre Elektra y otras empresas del grupo, declarándola repetidamente ante el Servicio de Administración Tributaria como “pérdida fiscal” por un monto que pasó de 14 mil 500 millones de pesos a 26 mil 600 millones, 43 veces el valor original.
En este entramado destacan figuras como Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo en el foxismo, y Salvador Rocha Díaz, abogado y exministro de la Suprema Corte, quien según los registros abrió puertas en tribunales a la red de maniobras fiscales de Salinas.
Para 2014, la situación legal de Mexicana era insostenible. La aerolínea operaba en concurso mercantil y finalmente fue declarada en quiebra por la jueza Edith Alarcón, dejando a cientos de trabajadores sin la liquidación que les correspondía.
En paralelo, en 2018, la Procuraduría General de la República se desistió de la orden de aprehensión contra Azcárraga, mientras que Ricardo Salinas Pliego permanece como uno de los mayores deudores fiscales de México, con más de 74 mil millones de pesos pendientes.
El caso Mexicana de Aviación es un ejemplo claro de cómo maniobras financieras, triangulaciones fiscales y complicidades políticas pueden derrumbar incluso a los gigantes de la industria.
