Foto: CSIM
El 2025 fue un «año crítico» para los pueblos y comunidades indígenas, con ataques a la autonomía, violaciones a los derechos humanos y presupuestos «insuficientes», a lo que se suman «la exclusión histórica, la pobreza centenaria y la discriminación sistémica», denunció el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).
En el caso de los pueblos de Michoacán, el CSIM señaló que «prevalece una ola de ataques y desinformación hacia los autogobiernos», así como una falta de reconocimiento a la libre autodeterminación. Por ejemplo, recordó que el ayuntamiento de Salvador Escalante «continúa sin respetar» la autonomía de Opopeo y sus Encargaturas del Orden, además de que ha creado grupos de choque. Por su parte, el ayuntamiento de Quiroga «persiste en desconocer e impugnar el autogobierno de la comunidad indígena de El Calvario, cuando tuvo todo un año para hacerlo, pero es hasta ahora que presenta sendos amparos», mientras que el ayuntamiento de Erongarícuaro litigó dos recursos de reclamación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de que la comunidad de Jarácuaro sea Sujeto de Derecho Público.
«En síntesis, los ayuntamientos mantienen un doble discurso, por un lado dicen apoyar a las comunidades, pero en la práctica atacan jurídica y políticamente las autonomías», criticó el Consejo, que añadió a su denuncia «la discriminación presupuestal» reflejada en la asignación de sólo 0.03 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2026, para la atención de las 500 comunidades originarias en la entidad.
«Se destinó un capital de 30 millones 688 mil pesos, lo que representa el 0.03 por ciento de total del presupuesto y que utilizan para pagar los altos salarios, insumos y rentas de una burocracia indígena domesticada, pero que es totalmente insuficiente para atender a las 500 comunidades que existen en nuestro estado, recibiendo más presupuesto el Zoológico Benito Juárez con 81 millones», acusaron las comunidades del CSIM.
Además de los ataques a la autonomía y la falta de atención a las comunidades en Michoacán, el Consejo denunció la «crisis de los derechos humanos» que atraviesa la entidad, especialmente para los defensores comunitarios que protegen los bosques y los territorios.
Recordó el caso de la defensora Roxana Valentín Cárdenas, de la comunidad de San Andrés Tzirondaro, que fue asesinada durante una manifestación pacífica durante el 46 aniversario de la defensa del territorio de Santa Fe de la Laguna y a la fecha «existe una impunidad total por su injusto asesinato». De igual forma, la defensora de los bosques y la cultura p’urhépecha María Cruz Paz Zamora continúa encarcelada por un delito que no cometió.
«El Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes defienden el territorio y la madre naturaleza», subrayó el CSIM, que concluyó su balance del año con la exigencia de justicia, territorio y autonomía para los pueblos originarios.
A continuación el comunicado completo:
Cierre de año critico para los pueblos indígenas con ataques a la autonomía, violaciones a los derechos humanos y presupuestos insuficientes
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
Comunidades indígenas y afrodescendientes de #Michoacán a 22 de diciembre de 2025.
El fin de año para los pueblos y comunidades indígenas culmina con una situación compleja, un cierre de año critico que mantiene al menos tres frentes: ataques a la autonomía, violaciones a los derechos humanos y presupuestos insuficientes, a lo cual, se suma como agravantes la exclusión histórica, la pobreza centenaria y la discriminación sistémica.
En lo referente a la autonomía, prevalece una ola de ataques y desinformación hacia los autogobiernos, el Ayuntamiento de #SalvadorEscalante continúa sin respetar la libre autodeterminación de Opopeo y sus Encargaturas del Orden y creando grupos de choque, el Ayuntamiento de #Quiroga persiste en desconocer e impugnar el autogobierno de la comunidad indígena de El Calvario, cuando tuvo todo un año para hacerlo, pero es hasta ahora que presenta sendos amparos y el Ayuntamiento de #Erongarícuaro, litigó dos recursos de reclamación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación #SCJN en contra de que la comunidad de Jarácuaro sea Sujeto de Derecho Público. En síntesis, los ayuntamientos mantienen un doble discurso, por un lado dicen apoyar a las comunidades, pero en la práctica atacan jurídica y políticamente las autonomías.
En Michoacán hay una crisis de los derechos humanos, defender a tu comunidad o a los bosques, te cuesta la vida o la libertad, como es el caso de la compañera Roxana Valentín Cárdenas, originaria de la comunidad de San Andrés Tzirondaro y que fue asesinada durante una manifestación pacífica, durante el 46 aniversario de la defensa del territorio de Santa Fe de la Laguna, a la fecha, existe una impunidad total por su injusto asesinato, de igual forma, la compañera María Cruz Paz Zamora, defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida, continúa encarcelada por un delito que no cometió, el Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes defienden el territorio y la madre naturaleza.
En la entidad predomina también la discriminación presupuestal, en días pasados se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán 2026, donde para atender a las comunidades originarias a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se destinó un capital de 30 millones 688 mil pesos, lo que representa el 0.03 % de total del presupuesto y que utilizan para pagar los altos salarios, insumos y rentas de una burocracia indígena domesticada, pero que es totalmente insuficiente para atender a las 500 comunidades que existen en nuestro estado, recibiendo más presupuesto el Zoológico Benito Juárez con 81 millones.
Finalmente, en la actualidad se ejecutan simultáneamente 5 planes, el Plan Michoacán, el Plan Lázaro Cárdenas del Rio, el Plan de Justicia P’urhèpecha, el Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano y el Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí, Matlatzinca o Pirinda, sin embargo, a la fecha todos se han quedado en promesas, toda vez que al día de hoy, no hay obras de infraestructura de alto nivel construidas en las comunidades.
¡JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN
Publicado originalmente en http://Desinformemonos
