Durante los últimos días de diciembre pasado, en el marco del 32 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las comunidades autónomas realizaron una serie de conversatorios en el semillero “De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores” efectuado en el CIDECI-Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Las reflexiones que convocaron a bases de apoyo del EZLN, pueblos y comunidades del Congreso Nacional Indígena (CNI), así como a pensadores críticos de México y otras partes del mundo, rondaron sobre la constante guerra por los territorios en el mundo y el avance de los megaproyectos, sobre todo en el sur-sureste del país que van acompañados de procesos como la militarización.
En ese espacio de reflexión, la abogada Bárbara Zamora, asesora del EZLN durante los Acuerdos de San Andrés Larráinzar durante 1996, alertó que las reformas constitucionales implementadas durante las últimas décadas son perjudiciales para los pueblos originarios.
En su participación, Zamora reflexionó sobre las transformaciones en las leyes que regulan materias como el derecho agrario; las industrias extractivas como la de hidrocarburos y minería; así como en la defensa de derechos por medio de la demanda de amparo, las cuales detalló que han sido utilizadas para justificar el despojo de los territorios y la explotación de los bienes naturales del país.
“A la Constitución se le han hecho cientos de reformas que en la apariencia otorgan derechos, pero que en el fondo tiene la finalidad de ejercer mayor poder y eliminar derechos que antes se habían otorgado. Que en este caso ya no serían derechos, sino dádivas que se dan o se quitan cuando así el poder lo desea”, sostuvo la litigante.
Para ello, Zamora ejemplificó lo sucedido con las reformas a la Ley Agraria, pues mientras prometía certeza jurídica a campesinos e indígenas, en su análisis sucedió lo contrario pues con dichas modificaciones se abrió las puertas de los territorios a empresas de toda índole, entre ellas, inmobiliarias, turisticas, mineras y petroleras.
La abogada ahondó en que, la posesión y reconocimiento legal de las tierras sigue siendo motivo de lucha y genera múltiples conflictos. Entre ellos, enunció la expropiación de tierras que muchas veces se realiza sin indemnización, pues con ello “significa que los proyectos de gobierno ya sean trenes, carreteras o desarrollos comerciales turísticos, tienen prioridades sobre el uso que les estén dando a sus tierras en los ejidos”.
Más grave aún, Zamora refirió que la mayor injerencia de las Fuerzas Armadas permitida por las modificaciones constitucionales durante los gobiernos de la autodenominada “Cuarta Transformación”, en que se le otorga la realización de labores de seguridad pública, “aumenta el riesgo de despojo”, esto debido a la construcción de cuarteles a lo largo y ancho del país, lo que conlleva a una mayor presencia militar en el cotidiando de las comunidades que erosiona el tejido social.
En ese tenor, alertó sobre la transformación más reciente a la demanda de amparo, cuyo objetivo prevía la defensa de derechos de los ciudadanos en contra de actos arbitrarios y abusivos de cualquier autoridad en los tres niveles de gobierno. De acuerdo a Zamora, ya desde una reforma en la materia, realizada en 2011 se había limitado la defensa agraria al derogar el capítulo que hacía referencia a ello.
No obstante, con las modificaciones mas recientes, la abogada sostiene que se privilegia el poder, el dinero y se anulan derechos, tal como sucedió con la construcción del llamado “tren maya”, momento en que ciudadanos presentaron amparos para detener las obras que afectaron selvas, fauna, cenotes y comunidades.
A pesar de la obtención de estas demandas, que implicaban la suspensión provisional de las obras, el gobierno de López Obrador mantuvo la construcción del megaproyecto, y posteriormente, ya en el gobierno de Sheinbaum se limitó, gracias a reformas constitucionales, el alcance de dicho mecanismo legal.
“Como consecuencia de esta reforma, ahora se invoca un supuesto interés social para que los actos arbitrarios de todo tipo de autoridades y de todos los niveles de gobierno no se puedan suspender y entonces se realicen y lo lleven adelante sin ningún problema”, alertó la abogada.
Tras días de conversación y reflexión, el encuentro de las comunidades zapatistas culminó con la celebración del 32 aniversario del levantamiento armado con un festejo en el Caracol de Oventik, en los Altos de Chiapas.
Pubicado originalmente en http://Avispa
