Luis Enrique Ortiz
La Fiscalía de Sonora mejor tiró la toalla, luego de malabarear con el caso Waldo´s durante tres meses de mucho ruido y pocas nueces, le lanzó la papa caliente a su similar federal, heredando un caso tan mal armado que nadie está en la cárcel, pese a haberse girado orden de aprehensión contra 25 personas y haber detenido a siete presuntos implicados.
El abogado de lo sonorenses, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quebró su promesa de no impunidad y ahora habrá que leer de nuevo las conclusiones del ministerio público y pues los culpables, mientras tanto libres, hasta que la Fiscalía General de la República (FGR), le entienda al galimatías ilegible de la autoridad producto del cual hay procesos penales contra 25 personas.
La mayoría son servidores públicos estatales y municipales, cuyos nombres fueron filtrados el mismo 24 de diciembre y ninguno ha desmentido pertenecer al selecto grupo de personas -con diferentes grados de responsabilidad- que permitieron operar a una tienda que legalmente no debería haber estado abierta al público y cuya negligencia costó la vida a 24 personas y causó lesiones a al menos una docena más.
Vaya, ni siquiera alguno de los dueños está pagando con cárcel por incurrir en prácticas y violaciones legales que mataron a 25 personas, esto a pesar de que el propio fiscal estatal y hasta la presidenta, Claudia Sheinbaum, los señalaron como los principales responsables de la tragedia, nada nuevo hasta aquí.
El elemento de fresca aparición es que al parecer finalmente se va a investigar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal vez el cómplice mayor por las muertes que enlutaron de nuevo al Hermosillo del nunca más.
Hoy el caso sigue en la etapa del duelo y la negación, sin ningún resultado firme que se parezca a un acto de mínima justicia. Prácticamente la investigación ha empezado de nuevo. La pelota está en la cancha del fiscal federal, Francisco Sergio Méndez.
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