Sonora y Sinaloa padecen tasas más altas de personas desaparecidas.

Por: Jesús Ibarra | jesusibarrablog

Para México Evalúa la estrategia de seguridad actual del Gobierno podría emplear una métrica más precisa, como el indicador integrado de violencia letal, que de 2024 a 2025 se redujo en 8.6%.

Entre 2015 y 2025, la violencia letal acumulada aumentó 68.2%; las desapariciones, 212.9%; y otros delitos contra la vida, 368%; lo que sugiere que el homicidio doloso no mide de forma precisa el problema de la violencia.
Sonora se ubica como la séptima entidad más violenta del país, al medir la violencia letal.
En 2025, Baja California (141.9), Sinaloa (131.1) y Morelos (117.4) registraron la tasa más alta de violencia letal por cada 100 mil habitantes.

Jesús Ibarra

HERMOSILLO.- Hay una´paradoja con los datos oficiales: ¿Cómo puede un país ser más violento si el homicidio baja? ¿Es Sonora hoy más pacífico si hay más personas desaparecidas?

La narrativa oficial del Gobierno Federal sostiene un éxito rotundo: una reducción del 40% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, desde la perspectiva técnica del think tank México Evalúa (ME), esta cifra aislada genera una ambivalencia.

Al controvertir los datos surge una contradicción estructural: mientras el indicador estrella del Gobierno desciende, México cierra el 2025 siendo un país drásticamente más violento que hace una década.

La reducción reciente se coloca como la principal métrica de éxito gubernamental para proyectar una imagen de pacificación. No obstante, existen señales de alerta en estados como Sinaloa y Sonora que sugieren una reducción artificial de las cifras.

La violencia no está desapareciendo; está mutando hacia categorías menos visibles como las desapariciones, lo que según ME exige una métrica integrada que capture la magnitud real de la crisis, como lo consigna en su estudio más reciente publicado el pasado lunes: “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”.

Tal indicador propuesto es denominado “violencia letal”, propuesto por ME para ofrecer un diagnóstico preciso y reducir los sesgos de subregistro o manipulación. Se calcula mediante la sumatoria de: homicidios dolosos, más feminicidios, más personas desaparecidas y no localizadas, más otros delitos que atentan contra la vida.

Esta métrica permitirá identificar que, aunque el indicador de violencia letal bajó un 8.6% en el último año, la trayectoria de largo plazo desmiente cualquier discurso de victoria definitiva sobre la criminalidad a nivel nacional y por regiones enteras.

Al respecto, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de ME, señaló: “Los datos muestran que México tiene realidades de violencia muy distintas según el territorio. Por ello son necesarios diagnósticos locales y por tipo de delito. Afinar la forma de medir la violencia es clave para diseñar políticas más efectivas.”

El análisis se realizó a partir de las bases de datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el Consejo Nacional de Población.

Evolución de la violencia letal 2015–2025

Al analizar la última década, queda claro que los descensos actuales son ajustes marginales sobre una base de letalidad históricamente alta. Una segunda lectura sobre estos datos permite ver más un matiz más profundo: el riesgo de morir violentamente en México ha crecido de forma sostenida a pesar de los cambios de administración.

Indicador	Variación 2015–2025	Impacto para el ciudadano
Violencia Letal (Total)	+68.2%	El entorno es estructuralmente más peligroso; la pacificación es un fenómeno coyuntural, no sistémico.
Desapariciones	+212.9%	Invisibilidad de la violencia; el crimen organizado utiliza el ocultamiento para evitar la acción estatal.
Otros delitos contra la vida	+368.3%	Evidencia de manipulación; se «limpian» las cifras de homicidio moviendo víctimas a categorías ambiguas.
Homicidio Doloso	+30.7%	La cifra acumulada sigue superando con creces los niveles de hace diez años, invalidando el éxito oficial.

Resulta imperativo destacar el comportamiento de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, que registra un aumento outlier (anómalo) del 368.3%.

En esta categoría se reportan acciones como «suicidios», pero sus trayectorias actuales muestran comportamientos sospechosos que sugieren una reclasificación intencionada para reducir artificialmente el homicidio doloso.

Esta distorsión se confirma al observar el homicidio culposo, por ejemplo en estados como Quintana Roo la tasa de muertes «accidentales» (52.2 por cada 100 mil habitantes) es casi cuatro veces superior a la de homicidios dolosos (13.8). Estadísticamente, es imposible que en un territorio con disputas criminales activas los accidentes superen de tal forma a los asesinatos, lo que apunta a un uso sistémico de esta categoría para absorber violencia letal mal clasificada.

Estas anomalías estadísticas, sin embargo, se manifiestan con intensidades distintas según la geografía del país, de norte a sur.

Geografía de la letalidad

Los promedios nacionales son imprecisos para el diseño de políticas públicas porque ocultan crisis locales extremas. En 2025, la violencia letal se concentra claramente en regiones donde el control criminal es absoluto:

Estados con mayor violencia letal (Tasa por cada 100k hab.): Baja California (141.9), Sinaloa (131.1) y Morelos (117.4).
Estados con menor violencia letal: Yucatán (10.5), Tlaxcala (13.3) y Coahuila (14.2).

Bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, un territorio entra en niveles de «violencia epidémica» cuando supera las 11 víctimas por cada 100,000 habitantes. En estados como Quintana Roo y Sonora, la situación municipal es alarmante:

Isla Mujeres, Q. Roo (204.3): El epicentro de la letalidad integrada en el país, mostrando una crisis que la narrativa turística no logra ocultar.
Cajeme, Sonora (170.4): Un territorio donde la violencia estructural del crimen organizado ha normalizado niveles epidémicos extremos.
Mazatlán, Sinaloa (140.5): Reflejo de la intensa disputa territorial entre facciones del Cártel de Sinaloa que se traduce en víctimas visibles e invisibles.

Mientras estas zonas sufren una violencia abierta, el resto del país experimenta un desplazamiento hacia la categoría más crítica de la letalidad: las desapariciones, donde localidades como Caborca y Nogales figuran entre los municipios más críticos en desapariciones, ocupando el segundo y cuarto lugar nacional, respectivamente, entre zonas metropolitanas centrales, que clasifica ME en estudio.

El Auge de las desapariciones

La violencia criminal no está desapareciendo; se está transformando para volverse menos costosa políticamente para los gobiernos, como establece en su estudio ME.

Sinaloa y Sonora ocupan los dos primeros lugares a nivel nacional en la tasa de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes:

Sinaloa (1er lugar): Registra una tasa de 29.9, lo que representa un incremento del 150% respecto al año 2015.
Sonora (2do lugar): Presenta una tasa de 26.3, con un aumento del 168% frente a 2015.

ME señala que en estos estados la desaparición no es un evento aislado, sino un mecanismo funcional del crimen organizado para ocultar asesinatos y distorsionar los registros oficiales de homicidio letal.

El uso de la desaparición como mecanismo de ocultamiento ha permitido que las cifras de homicidios bajen mientras el control territorial del crimen organizado se intensifica. El fenómeno alcanzó su máximo histórico en 2024 con 12,942 registros, y se ha triplicado (+212.9%) en la última década.

Existen tres razones por las que el auge de las desapariciones invalida la narrativa oficial de pacificación:

Mecanismo de ocultamiento ministerial: Si no hay cuerpo, no hay registro de homicidio. Esto genera un incentivo perverso para que las autoridades y criminales prefieran la desaparición sobre el asesinato.
Control territorial mediante la incertidumbre: La desaparición no es ausencia de violencia; es una forma sofisticada de control que utiliza el terror y la «cifra negra» para someter a comunidades enteras.
Invalidación de métricas de éxito: Una reducción en homicidios que ocurre en paralelo a un aumento en desapariciones no es paz, es simplemente una reubicación estadística de la muerte hacia lo invisible.

En su estudio ME señala que para transitar de este espejismo hacia una paz sostenible, México requiere soluciones que ataquen las fallas estructurales de sus instituciones.

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¿Hacia una pacificación real?

La evidencia estadística oficial procesada por ME demuestra que este problema no puede medirse solo con el dato duro del homicidio para los medios de comunicación, vertido cada martes en la conferencia matutina de Presidencia.

Lo que existe es una impunidad que asfixia al país en un 93.6%, las propuestas deben ser integrales y basadas en evidencia técnica.

Tres bases para una estrategia

Política criminal de estado: Es fundamental establecer mesas permanentes de colaboración entre el gobierno, la academia y la sociedad civil. Se requiere articular a policías y fiscalías para romper el ciclo de impunidad y asegurar que el sistema de justicia deje de ser un embudo que favorece al criminal.
Prevención basada en evidencia: Las intervenciones deben dejar de ser generales. Se necesitan evaluaciones independientes y diagnósticos locales para realizar intervenciones focalizadas en territorios vulnerables, atacando los factores de riesgo psicosociales y comunitarios que alimentan la violencia.
Dignificación y profesionalización policial: El fortalecimiento debe iniciar en lo local. Es urgente dotar a las policías municipales de capacidades operativas y esquemas de carrera policial que eliminen su precariedad laboral, convirtiéndolas en el primer dique de contención efectivo contra la violencia.

Mariana Campos, directora general de ME, agregó que en esta estrategia propuesta resultará muy importante intensificar el trabajo conjunto del Gobierno con la sociedad civil: “La seguridad pública es un ámbito en el que la colaboración entre Gobierno, academia, sociedad civil y sector privado puede contribuir a mejorar diagnósticos, fortalecer políticas y generar soluciones más sostenibles.”

México Evalúa concluye en su estudio que la imagen de éxito proyectada por el Gobierno Federal es, en gran medida, un espejismo estadístico. La reducción de homicidios, empañada por el aumento de desapariciones y reclasificaciones sospechosas, exige que la ciudadanía y los tomadores de decisiones cuestionen los datos oficiales.

Epicentros violentos en Sonora

En el estado de Sonora, se han identificado varios municipios que operan como focos rojos o nodos de violencia extrema, destacando Cajeme y Caborca por sus altos niveles de letalidad y desapariciones.

A continuación se detallan los municipios sonorenses más críticos según los indicadores de 2025, tomando en cuenta el indicador propuesta de violencia letal.

Cajeme se consolida como uno de los municipios más peligrosos de México, apareciendo en los primeros lugares de múltiples categorías: violencia letal agregada: Es el segundo municipio más violento del país con una tasa de 170.4 eventos por cada 100 mil habitantes.

En Homicidio doloso se situa en el segundo lugar nacional con una tasa de 81.0. Las fuentes usadas por ME en su estudio lo señalan como un caso de deterioro con aceleración reciente, registrando un aumento del 13% frente a 2024.

En el apartado de otros delitos contra la vida se ubica en el cuarto lugar nacional con una tasa de 55.8, mostrando un incremento del 63% respecto al año anterior.

Foco en desapariciones

El municipio de Caborca destaca por una dinámica de violencia que combina asesinatos con un alto índice de personas no localizadas, en este último indicador es el segundo municipio más crítico a nivel nacional en, con una tasa de 45.7 por cada 100 mil habitantes.

En la métrica de violencia letal, ME lo coloca en el lugar 18 del ranking nacional de municipios metropolitanos con mayor violencia letal (tasa de 116.4), lo que representa un aumento del 170% en comparación con las cifras de 2015.

Varios municipios de Sonora figuran en el «Top 20» nacional de personas desaparecidas y no localizadas, lo que sugiere que este fenómeno está extendido en corredores urbanos del estado.

Nogales, un importante corredor migratorio hacia Estados Unidos, ocupa el cuarto lugar nacional con una tasa de 33.9 por cada 100 mil habitantes.

Guaymas, un punto crítico para la labor que realizan diversos colectivos de mamás buscadoras, se ubica en la posición 16 con una tasa de 25.5.

Hermosillo, la capital del estado y principal centro poblacional, aparece en el lugar 18 con una tasa de 23.8 casos.

En resumen, la violencia en Sonora está fuertemente territorializada en estos municipios, los cuales forman parte de corredores de disputas del crimen organizado transnacional donde la violencia no es coyuntural, sino una dinámica estructural.

Sonora, con mayor violencia letal

La tasa de violencia letal para Sonora en 2025 es de 95.7 por cada 100 mil habitantes.

Esta métrica, propuesta por ME para ofrecer un diagnóstico más preciso, integra cinco categorías delictivas. En el caso específico de Sonora, la tasa de 95.7 se desglosa de la siguiente manera:

Homicidio doloso: 36.2.
Personas desaparecidas y no localizadas: 26.3 (el estado ocupa el segundo lugar nacional en esta categoría).
Otros delitos contra la vida: 25.4.
Homicidio culposo: 7.0.
Feminicidio: 0.8.
Ranking Nacional: Sonora se ubica como la séptima entidad más violenta del país bajo este indicador integrado.
Deterioro en la Década: Al comparar esta cifra con la de hace diez años, Sonora ha registrado un incremento del 92% en su tasa de violencia letal respecto a 2015.

Para descargar el estudio completo, el webinar y la presentación, pueden dar click en este enlace: https://mexicoevalua.org/propuestas-para-la-paz-analisis-de-los-datos-de-violencia-en-mexico/