Legisladores de diversas fuerzas políticas presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal, con el objetivo primordial de transparentar y dar mayor difusión a los estímulos fiscales que otorgan los ayuntamientos en la entidad.
La propuesta, impulsada de manera conjunta por los diputados David Figueroa Ortega (PVEM), Rebeca Silva Gallardo (NAS), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN), plantea modificar el artículo 30 y adicionar diversas disposiciones a la citada ley para establecer reglas mínimas de publicidad y certeza jurídica en beneficio de los contribuyentes.
Durante la exposición de motivos, se señaló que actualmente los municipios carecen de una regulación específica que los obligue a emitir reglas de carácter general sobre sus políticas fiscales. Esta omisión genera una falta de información accesible para la ciudadanía y abre espacios de discrecionalidad en la gestión de los recursos públicos, lo cual contraviene los principios de rendición de cuentas.
La reforma busca que beneficios ya existentes, tales como descuentos en el impuesto predial para adultos mayores y personas con discapacidad, programas de regularización de adeudos e incentivos para pequeños comercios, cuenten con lineamientos claros. Con esto, se pretende que cualquier ciudadano conozca con precisión los requisitos, porcentajes de apoyo y vigencia de los programas.
Un punto clave de la iniciativa es que los estímulos fiscales solo surtirán efectos legales una vez que sean publicados tanto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado como en los portales electrónicos oficiales de cada municipio. De este modo, se vinculan las prórrogas y pagos en parcialidades a bases generales previamente emitidas y justificadas social o económicamente.
El diputado David Figueroa Ortega destacó que la medida no solo fortalece la facultad constitucional de los ayuntamientos para determinar su política fiscal, sino que garantiza que los apoyos lleguen a los sectores vulnerables y a quienes atraviesan situaciones extraordinarias, como contingencias sanitarias o sequías, bajo un marco de estricta legalidad.
Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales para su análisis detallado y posterior dictaminación.
