Carlota “N”, de 74 años de edad, salió del penal de Chalco, Estado de México, para continuar su proceso en prisión domiciliaria, luego de que un juez autorizó el cambio de medida cautelar debido a su estado de salud, ya que padece diabetes tipo 2 e hipertensión.
La mujer se encuentra vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025 en una vivienda ubicada en la colonia Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco.
De acuerdo con las investigaciones, Carlota acudió junto con sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, a un domicilio del cual denunciaban haber sido despojados. En el lugar se registró una confrontación y posteriormente se realizó un ataque con arma de fuego contra las personas que ocupaban el inmueble, en el que dos hombres murieron y un adolescente resultó lesionado.
El caso se volvió viral luego de que la agresión fuera difundida en redes sociales, donde se observa que antes del ataque los tres familiares discutieron con los ocupantes del inmueble para que desalojaran la vivienda, pero estos se negaron a retirarse.
Por estos hechos también fueron detenidos los hijos de Carlota, quienes permanecen en prisión preventiva justificada y vinculados a proceso por los mismos delitos.
En el caso del despojo, ya fue sentenciado Víctor Eladio Torres Ortiz, quien reconoció su responsabilidad en ese delito en agravio de Carlota y su familia, por lo que fue condenado a seis años de prisión, además de ofrecer una disculpa pública y comprometerse a no volver a realizar actos similares.
La defensa de Carlota había solicitado desde mayo del año pasado que la mujer pudiera llevar su proceso en prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud, solicitud que finalmente fue autorizada por un juez, por lo que continuará el proceso penal bajo resguardo domiciliario y con brazalete electrónico.
El caso ha generado debate público, ya que involucra un conflicto por despojo de vivienda, un ataque armado con resultado de dos personas muertas y la discusión sobre si los hechos pueden considerarse o no como legítima defensa.
El proceso judicial continúa.
