Ante el rechazo expresado por el Gobierno de México hacia la histórica decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, señalamos:
- Respaldamos plenamente el informe del CED. La descalificación de los hallazgos técnicos no altera la realidad de una impunidad superior al 98% en los casos de desaparición.
- El rechazo del Estado a la asistencia internacional es una omisión que posterga el derecho irrenunciable de las familias a la verdad y a la justicia.
La descalificación no es una estrategia de Estado. Es preocupante que la respuesta oficial califique de tendencioso y falto de rigor un informe técnico como el que presenta hoy el CED. Denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que México, en su aspiración democrática, no debería tomar. La soberanía se ejerce cumpliendo los tratados, no desacreditando las recomendaciones de los organismos de los cuales México es parte voluntaria.
El Estado argumenta la existencia de nuevos marcos legales e instituciones como prueba de progreso. Sin embargo, es fundamental recordar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) establece que la voluntad no se mide por los marcos normativos creados, sino por la interrupción de las violaciones a derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia. Mientras la cifra de personas desaparecidas continúa en aumento y la impunidad en dichos casos supere el 99%, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente. Además, es importante recordar que el CED no ignora los esfuerzos por parte del Gobierno Federal, sino que señala que estos no han logrado revertir la crisis estructural.
El rechazo del Estado a la observación sobre la participación de agentes oficiales en las desapariciones ignora la documentación de miles de familias, colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil. La responsabilidad internacional del Estado no solo surge por la acción directa, sino por la aquiescencia: cuando las autoridades conocen el riesgo y omiten proteger a la población, o cuando la estructura estatal es incapaz de investigar al crimen organizado, se configura una falta grave a los deberes de debida diligencia.
El Estado mexicano ha fallado sistemáticamente en la implementación de herramientas básicas, como el Banco Nacional de Datos Forenses. La acumulación de más de 83,000 cuerpos y restos de personas sin identificar en las instituciones forenses del país es la prueba irrefutable de que la respuesta institucional está colapsada. Calificar de “falto de rigor” el diagnóstico del CED frente a esta tragedia es una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al esfuerzo de las familias que buscan con sus propias manos.
Hacemos un llamado enérgico al Gobierno de México para que:
- Abandone la actitud defensiva y reconozca la magnitud de la crisis que el CED ha elevado a la Asamblea General de la ONU.
- Acepte la asistencia técnica internacional propuesta, reconociendo que las capacidades nacionales han sido superadas.
- Establezca un diálogo genuino con las familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos para generar estrategias y construcción de propuestas para atender la desaparición de personas en México.
La disputa por el diagnóstico sólo prolonga la impunidad y la agonía de las familias. El Estado debe entender que la opinión del CED no es un ataque, sino una oportunidad para detener una de las crisis humanitarias más dolorosas de nuestra historia reciente.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
Data Cívica
Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Justicia Pro Persona
Programa de Derechos Humanos Ibero CDMX
Publicado originalmente en: https://fundar.org.mx/postura-ante-respuesta-mexico-ced/
