A más de once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un nuevo fallo judicial vuelve a colocar al Ejército Mexicano en el centro de la exigencia de verdad. Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) entregar información clave de inteligencia generada en 2014, que durante años ha sido reclamada por las familias de los estudiantes.
La resolución, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, establece que existen al menos 853 folios faltantes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia con sede en Iguala, Guerrero. Lejos de validar la versión oficial sobre su inexistencia, el juez consideró que la discontinuidad en los archivos es un indicio de que dichos documentos sí existen y deben ser entregados.
El fallo deriva de un amparo promovido por madres y padres de los estudiantes en 2023, quienes denunciaron la omisión de las autoridades militares para proporcionar la totalidad de los reportes de inteligencia. La demanda también señala el incumplimiento del decreto presidencial de 2018, que obligaba a todas las dependencias federales a colaborar sin reservas en el esclarecimiento del caso.
Durante años, las familias han insistido en que la información en poder del Ejército podría ser determinante para reconstruir lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Parte de esa sospecha se reforzó con el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que documentó la existencia de comunicaciones internas militares sobre el seguimiento a los estudiantes, aunque con expedientes incompletos.
La sentencia también retoma un punto clave: el derecho a la verdad no solo pertenece a las víctimas, sino a toda la sociedad. Bajo este principio, el juzgado determinó que la información no puede ser clasificada como reservada, al tratarse de un caso de graves violaciones a derechos humanos que exige total transparencia.
El contexto no es menor. La investigación del caso ha enfrentado múltiples obstáculos, entre ellos la falta de acceso a información militar y el debilitamiento de instancias como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ). Incluso organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre la falta de cooperación institucional como un factor que ha frenado avances.
Este nuevo fallo judicial representa, para las familias, un paso más en una larga batalla legal para acceder a documentos que consideran fundamentales. Sin embargo, también evidencia que, más de una década después, el caso Ayotzinapa sigue marcado por la opacidad, la resistencia institucional y una verdad que aún no termina de salir a la luz.
Con información de: https://centroprodh.org.mx/2026/03/04/poder-judicial-rdena-sedena-entregar-documentos-faltantes-caso-ayotzinapa/
