En portada: Mujeres Otomí integrantes del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán durante protestas en la CDMX para denunciar el saqueo de agua en la comunidad indígena de Querétaro.
El Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, organización del pueblo Otomí para la defensa del agua en el municipio de Amealco, Querétaro, denuncia la estrategia de criminalización contra Esteban Mondragón, uno de sus integrantes. El defensor indígena enfrenta acusaciones penales que, argumenta el Concejo, son consecuencia directa de los abusos cometidos por autoridades gubernamentales, una entidad financiera local y particulares. La organización Otomí sostiene que estas acciones tienen como objetivo debilitar la estructura organizativa indígena que se encuentra en la lucha por la recuperación de sus pozos comunitarios de agua.
En entrevista para Avispa Mídia, Mondragón, integrante de la coordinación del Concejo, afirma que las acciones en su contra buscan intimidarlo por su participación en la defensa del agua y el territorio. “Me están queriendo sembrar delitos para intimidar y para que deje esta lucha”, señala el campesino sobre el acoso de autoridades de la Fiscalía de Querétaro, donde el pasado jueves (12) se apersonó para conocer sobre una carpeta de investigación en su contra por el delito de amenazas contra el abogado Mauricio Ramírez Pérez quien, acorde a denuncias de la organización Otomí, está “ligado al poder político, económico y sistema de injusticia en Amealco”.
Acorde a denuncias del Concejo, la criminalización de Mondragón no es un caso aislado. Durante el año 2025 registraron el empleo de multas administrativas, detenciones arbitrarias y decomiso de bienes materiales contra varios miembros de la organización Otomí, por lo que el defensor asevera que existe un patrón de hostigamiento contra quienes participan en la defensa del agua en el territorio indígena.
Según comunicados de la organización Otomí, el conflicto actual de Mondragón deriva de un proceso de endeudamiento con la “Caja Solidaria Campesina Santa María Amealco”, institución denunciada por la comunidad por llevar a cabo prácticas usureras. El defensor indígena relata que el 1 de diciembre del 2025 le fueron embargadas herramientas de trabajo con las que realiza sus labores para producir maíz, frijoles y avena, principalmente para autoconsumo. Dicha sanción, destaca el Concejo, fue impulsada por el abogado privado Mauricio Ramírez Pérez quien, durante la gestión municipal previa a cargo de René Mejía Montoya, entre los años 2021 y 2024, ocupó el cargo de Director Jurídico del ayuntamiento de Amealco.
Mondragón relata que previamente solicitó un préstamo por 50 mil pesos a la caja financiera, pero tras retrasarse en tres pagos, la deuda se disparó sin ningún fundamento legal hasta cerca de 300 mil pesos, un monto imposible de pagar para el campesino quien presenció, indefenso, el embargo de un tractor y otros materiales indispensables para realizar su labor, “y aún así dijeron que no cubría la deuda”, lamenta.
Ante esta situación, el 27 de febrero pasado, Mondragón junto a otros miembros del Concejo Otomí realizaron una protesta pacífica contra la institución de ahorro y crédito por lo que consideran prácticas abusivas contra los campesinos indígenas. Acorde a la organización indígena durante la manifestación representantes legales de la empresa amenazaron a los inconformes con presentar denuncias penales en su contra.
Una semana después, el 9 de marzo, el defensor Otomí fue detenido arbitrariamente tras salir de una reunión con autoridades agrarias efectuada en el municipio de Tequisquiapan, a 70 km de su comunidad. Mondragón relata que al salir del lugar con rumbo a su hogar, una patrulla municipal ya le esperaba. Según su testimonio, la detención se prolongó por más de una hora con el pretexto de una infracción vial, por lo que posteriormente una grúa retiró su vehículo particular.
Durante la detención, Mondragón comenzó a documentar lo ocurrido. “Saqué mi cuaderno, tomé nota y grabé lo que estaba pasando y eso no les gustó para nada”, argumenta debido a que consideró un abuso la infracción que le fue fijada por un monto de más de 4 mil pesos, aunado a la multa para recuperar su auto la cual le informaron asciende a casi 10 mil pesos. “Soy una persona de campo, a veces gano 100 o 150 pesos al día. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Para mí esto es un robo”, denuncia.
Persecución
Tres días después, el pasado jueves (12), el defensor Otomí acudió a la Fiscalía de Querétaro ubicada en el municipio de Amealco tras recibir un citatorio para comparecer por una denuncia en su contra por el delito de amenazas contra el abogado Mauricio Ramírez Pérez. Pese a que exigió transparencia en el proceso, Mondragón denuncia que las autoridades no le permitieron revisar los detalles de la carpeta de investigación. “Exigí ver mi expediente y sacar copia, pero me lo negaron”, relata sobre las irregularidades del proceso penal en su contra.
Mientras el defensor se encontraba dialogando con funcionarios de la Fiscalía, miembros del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán que le acompañaron realizaron una protesta en las inmediaciones de la institución. Según denunciaron mediante redes sociales, los trabajadores de la Fiscalía insistieron en que Mondragón rindiera declaración a pesar de negarle el conocimiento del expediente en su contra.
Además, denuncian, también buscaron forzarle para aceptar un abogado de oficio, así como la asistencia de un traductor de la lengua hñähñu, designado por el Estado, lo que acorde al Concejo le colocaba en estado de indefensión frente a la acusación penal en un contexto de “leyes racistas y todo un aparato de poder que lo acusa, con lujo de prepotencia y racismo”
En redes sociales, durante la protesta dentro de la Fiscalía, el Concejo denunció que el acusador, el abogado Mauricio Ramírez Pérez, accedió libremente a la fiscalía, lo que consideran evidencia de un conflicto de interés entre la financiera y autoridades judiciales para perjudicar al defensor Otomí.
Para la organización indígena, la criminalización del defensor ocurre en el contexto de la defensa del agua en Santiago Mexquititlán, comunidad Otomí donde miembros del Concejo defienden la gestión comunitaria del pozo de agua ubicado en el Barrio Cuarto, que abastece del líquido a parte de la población. Dicho pozo fue construido por la población local en la década de los 70s, pero desde el año 2019, a través de reuniones con la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA), la población Otomí fue informada de la extracción de agua mediante camiones cisterna quienes no contaban con la autorización de la comunidad. Desde entonces, su principal demanda es expulsar a la CEA para retomar el control del pozo y su sistema de agua potable.
Por esa razón, la comunidad Otomí se manifestó contra el robo del líquido y fue en el año 2021 cuando detuvieron la extracción de agua que se realizaba por medio de pipas. Organizaron un campamento para detener el saqueo. Un año después, durante 2022, el gobierno estatal impulsó una política que, según el Concejo, favorece la gestión del agua por empresas lo que buscaba la privatización del agua, por lo que la población Otomí se unió a organizaciones estatales en la defensa del agua. “Nos reprimieron con granaderos y encarcelaron a compañeros”, recuerda el defensor quien destaca que, pese a la violencia del Estado, la organización indígena consiguió frenar el robo de agua de su territorio.
El Concejo sostiene que la lucha se mantiene activa, a pesar de la violencia en su contra, mediante procesos legales y movilización comunitaria para exigir la restitución del pozo y el reconocimiento de sus derechos para la gestión comunitaria del agua. En este contexto de denuncias de criminalización, el Concejo Indígena de Gobierno convocó a un encuentro en defensa del agua a realizarse el próximo 22 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Agua.
El evento se realizará en el pozo comunitario del Barrio Cuarto, punto central de la defensa del agua en la comunidad Otomí. “El 22 de marzo vamos a tener un evento en el pozo que defendimos. Vendrán compañeros de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Querétaro”, explicó Mondragón. La organización señala que el encuentro busca fortalecer redes de solidaridad entre comunidades en defensa del agua y el territorio, así como denunciar la criminalización contra los defensores indígenas.
Publicado originalmente en: https://avispa.org/es/defensa-del-agua-en-queretaro-bajo-acecho-denuncian-criminalizacion-de-defensor-otomi/
