Por Nodo de Derechos Humanos @nodho
El informe del proyecto Cablebús, parcialmente presentado por el Gobierno del Estado y los ajustes anunciados —incluida la reducción del número de árboles a intervenir y las propuestas de integración de distintos tipos de movilidad— evidencian que la presión social, legal y mediática tuvo consecuencias reales sobre su planteamiento original. Estos cambios no surgieron de una voluntad de planeación participativa ni de un proceso serio de consulta, sino como respuesta a la amplia inconformidad pública y al escrutinio ciudadano. En ese sentido, los ajustes al proyecto representan un logro colectivo de una sociedad activa y preocupada por la defensa del medio ambiente, por las decisiones de cómo se construye la ciudad y por la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Estos logros se dan a pesar de la decisión de los tribunales de negar la suspensión definitiva del Cablebús, lo que además confirmó un patrón preocupante en la forma en que el Gobierno del Estado impulsa sus llamados proyectos “estratégicos” y en cómo éstos son evaluados —o dejados de evaluar— por las instancias encargadas de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.
Este proceso jurídico también deja profundas preocupaciones legales e institucionales. La primera es la coincidencia en la estructura argumentativa entre el informe previo presentado por el Gobierno del Estado durante el juicio de amparo y el escrito en el que el Tribunal Colegiado niega la suspensión. Esta reiteración de razonamientos plantea serias dudas sobre la independencia entre los poderes Ejecutivo y Judicial, los cuales deberían actuar como contrapesos, no como instancias que parecen articularse para imponer proyectos de alto impacto socioambiental. La Secretaría de Infraestructura interpuso una queja al Tribunal Colegiado de Circuito expresando agravios contra la admisión de la demanda que interpusimos, lo que exhibe que Secretarías, Juzgados y Tribunales están efectuando acciones legales al unísono en respuesta a los objetivos y tiempos del Gobierno del Estado. Del mismo modo queremos hacer notar que la audiencia incidental se llevó a cabo el 9 de abril sin que conociéramos sobre el informe previo de SEMARNAT federal al que tuvimos acceso al día siguiente de celebrada la audiencia, lo que refleja la sistemática operación anómala en torno a la demanda de amparo que interpusimos. Es claro que se oponen a que las y los habitantes busquen las vías legales para ampararse cuando no han sido capaces de argumentar con seriedad su propio proyecto y han tenido que improvisar reiteradamente.
Otra preocupación grave es el acuerdo de simplificación de trámites ambientales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Puebla del 25 de febrero de este año. Medida que abre la puerta a una oleada de proyectos de desarrollo económico abusivos y disfrazados de sustentabilidad, que podrán avanzar con estudios incompletos, acelerados y sin una evaluación rigurosa de sus impactos acumulativos, en una entidad con severos conflictos socioambientales. Esta medida de simplificación revela una tendencia de desregular la legislación de las evaluaciones ambientales eliminando requisitos para hacer más cómodo a las empresas todo el trámite, lo que es muestra de una tendencia que, contrario a lo que se dice en el discurso, es antiecológica y desconoce y viola múltiples tratados internacionales. Esta política representa un retroceso inaceptable en la garantía del derecho a un medio ambiente sano.
El Cablebús no es un caso aislado, sino parte de una política de desarrollo que simula ser sustentable, pero que en los hechos no surge de necesidades reales discutidas con la población, y arrastra costos socioambientales superiores a sus beneficios públicos. El lavado verde es una constante, ya que el patrón se repite en otros proyectos recientes del gobierno estatal, como el megabasurero, mal llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, de San José Chiapa, cuestionado por sus graves riesgos ambientales y sociales, o el proyecto de desarrollo turístico en la Reserva Estatal Flor del Bosque, que incrementará de manera significativa la presión antropogénica sobre un Área Natural Protegida que ya se encuentra altamente amenazada por la expansión urbana y que es un espacio fundamental para la recarga hídrica.
La presentación de unas cuantas diapositivas, la negativa de la suspensión definitiva o las promesas de no talar árboles no agotan la discusión pública ni la responsabilidad del Estado. Por el contrario, confirma la necesidad de mantener una vigilancia y defensa colectiva, fortalecer la organización social y denunciar un modelo de desarrollo que prioriza intereses económicos y políticos por encima del cuidado de nuestro hábitat común, las áreas verdes públicas y los ecosistemas urbanos de los que depende la vida de quienes habitamos Puebla.
Llamamos a todas las personas a continuar presentes, atentas y activas, para lograr el respeto, el ambiente y el territorio que merecemos.
Usuarixs y vecinxs del Parque Ecológico del Cerro de Amalucan y del Parque Juárez
Nodo de Derechos Humanos (NODHO)
Terraformar Librespacio Cultural
Seminario Permanente de Investigación “Entramados de lo común y formas de lo político” (ICSyH‑BUAP)
* Foto de portada: manifestación contra el cablebús en Puebla. Crédito: Marlene Martínez / Jengibre Audiovisual
