Entre masacres históricas y el terror moderno de los drones, cientos de familias en la sierra de Sinaloa han sido arrancadas de sus raíces. Esta es la historia de una resistencia que se niega a morir entre las cenizas del abandono y la indiferencia oficial.
Este reportaje forma parte del proyecto «Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México»
por Yolanda Tenorio
Paula abandonó su casa una madrugada junto con sus hijas. Lo hizo contra su voluntad, con lo puesto y el corazón lleno de incertidumbre. No hubo tiempo para mirar atrás. Como ellas, cientos de familias en San Ignacio, Sinaloa, se han visto obligadas a dejar su hogar, no por elección, sino por pura supervivencia.
La sierra sur del estado en el municipio de San Ignacio, del estado de Sinaloa, pasó de ser la más poblada en la entidad a la que acumula alrededor de 72 pueblos fantasmas, por una serie de desplazamientos forzados provocados por la violencia sistemática que se ha instalado en la región por más de dos décadas.
San Ignacio es el cuarto municipio más extenso de Sinaloa, una región donde la sierra se impone frente a la costa. Colinda con el estado de Durango. Su vastedad territorial, 4,650 km², choca con su realidad demográfica: de acuerdo con el censo poblacional de 2020, es el segundo municipio menos poblado, con apenas 19,505 habitantes. Esta ausencia de gente no es casualidad, es el resultado de décadas de violencia.
La situación de violencia la comparte con los municipios sinaloenses que limitan con San Ignacio: Cosalá, Mazatlán y Elota.
Ajoya: El epicentro de la tragedia
Aunque el desplazamiento forzado en la sierra data de hace décadas, el punto de quiebre fue la “Masacre de Ajoya” en 2002. Aquel 10 de mayo, un grupo armado irrumpió en el festejo del Día de las Madres y abrió fuego. El saldo fue devastador: once muertos, entre ellos dos mujeres, un menor y dos policías estatales que no pudieron repeler el ataque. Ocho personas más quedaron heridas.
Ese episodio marcó el inicio de un éxodo masivo. La inseguridad desencadenó una ola de secuestros y asesinatos que obligó a las familias a vender su ganado —el mejor de la región— para pagar rescates de parientes que, en muchos casos, nunca regresaron. Muchos más huyeron y dejaron sus propiedades en el territorio.
Ajoya, que llegó a ser el principal productor ganadero del estado con una población de mil personas, y ferias que atraían a grupos como Los Cadetes de Linares, quedó sumida en el silencio. Durante 17 años, las casas de adobe y tejas se desplomaron bajo el peso del abandono.
Y aunque no existe un registro oficial en los archivos del Ayuntamiento de San Ignacio, los testimonios documentados de decenas de familias evidencian que en ese entonces fue casi nulo el apoyo por parte de las autoridades porque cada familia tuvo que salir adelante por sus propios medios. Tampoco existía la Ley para Prevenir, Atender y Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el estado de Sinaloa, ni estaba tipificado como delito el DFI.
Las rancherías y comunidades del municipio han desaparecido poco a poco. Algunas tenían muy pocos habitantes pero formaban parte importante del desarrollo ganadero y agrícola de la región.
En memoria a las personas que dieron vida a los pueblos deshabitados, se nombran en este trabajo, ya que varias fueron víctimas colaterales de ese fatídico 10 de mayo y cientos de familias que fueron desplazadas, ya no regresaron: El Huizache, El Espino, Agüines, Las Garcitas, Casas Viejas, Arroyo Mexteña, Chinacates, Panaltita, La Filosa, Agüines, La Cebolla, El Tocador, Los Frijolares, El Chilar, Bordontita, La Sierra, El Molino, Los Zapotitos, Caballo de abajo, Caballo de Arriba, El Pedroso, Huerta de los Campista, El Llano, El Pino, La Tauna, La Quebrada, Oso de Abajo, Oso de Arriba, Las Jarillas, La Berenjena, Rincón del Zapote, El Ciruelar, Las Palmas, El Candelero, y Duranguito de Ajoya, El Buey, El Pueblito, Pueblo Nuevo, La Sierrita, Sombreretillo, La hierbabuena, El Carrizo, La Chirimoya, Soledad, La Mora Mocha, El Espadañal, El Guasimal, y Río Verde, Guadalupito, Los Melones, El Campamento, El Broto, Extitán, La Maroma, El Aviador, La Bolsa, San Vicente, Rincón de las Calabazas, Limón de los Castañeda, La Cañita, El Amarillo, La Piedra, Los Hornitos, El rincón de Jocuixtita, La Vainilla, San Vicente, El Sabino, Mesa Verde, Las Parritas, La Ciénega, Jocuixtita y El Verano.
El abandono que vivió por 17 años la sindicatura de Ajoya, provocó que la mayoría de las viviendas construidas de adobe y tejas de barro, se desplomaran, hoy la realidad es otra. Fotos: Yolanda Tenorio
La zona serrana de San Juan se quedó con pueblos desolados en 2004. En el pueblo de Santa Apolonia habitaban 32 familias. Ese año mataron a un joven una tarde que se quedó en la memoria de los habitantes. Estaban sentados en banquetas y portales, después de limpiar las calles del pueblo y del camino porque al día siguiente llegaría un candidato a la alcaldía.
Los pobladores vieron cómo dos hombres con armas largas llegaron disparando, mataron un perro e impactaron algunas viviendas con las balas en busca de un hombre. Asesinaron a un joven. Al oscurecer, hombres y mujeres salieron de entre el monte y el comisario Alfonso García Chicas pidió apoyo a la Presidencia Municipal para sacar a las familias.
Las familias esperaron a las patrullas, sólo llevaron algunas de sus pertenencias en bolsas, maletas, cartones y costales, temerosos, dejaron sus casas. Después de casi 22 años nadie regresó. Los alcanzaron los pobladores de Pueblo Nuevo, una comunidad vecina, porque los gavilleros también llegaron a ese lugar y dieron muerte al comisionado.
La mayoría de esos pueblos radica en la cabecera municipal, han fundado colonias a las que han llegado más personas desplazadas de comunidades como El Pueblito, Pueblo Nuevo, La Sierrita.
“Fue algo muy triste tener que dejar atrás todo, toda una vida, ahí nacimos, ahí crecimos, ahí nacieron nuestros ancestros, y era doloroso ver como las personas lloraban, no querían abandonar sus casitas, sus animalitos, sus siembras, sus plantas, todo lo que habíamos construido con esfuerzo, y que nos fue arrebatado de golpe”, expresó García Chicas.
Santa Apolonia, donde fue construida la primera iglesia por los misioneros jesuitas a su paso por San Ignacio, hace más de 300 años, hoy es un pueblo fantasma. Fotos: Yolanda Tenorio
Sabino Estrada, quien habitaba en Pueblo Nuevo, señaló que tenía dos hectáreas de chile sembrado en Villa Unión, Mazatlán, cuando regresó de ese lugar y se disponía a ir al pueblo, fue alcanzado por una vecina que le dijo que a qué iba, que ya no había gente para allá.
“Entonces me llevó a donde estaba mi familia, las encontré con la misma ropa con la que se habían venido, todas percudidas, y pregunté por las dos mulas y ahí estaban amarradas, entonces me dispuse a ir al pueblo por la ropa y otras cosas, me traje las dos bestias cargadas con tres costales cada una y hasta dos catres, y me vine jalándolas, venían otras dos personas que se habían ido detrás de mí a pie, una de ellas traía una cubeta con trastes y se cansaba y le ayudaba en tramos, hicimos más de dos horas caminando”, recordó.
El mapa del olvido
La lista de comunidades que desaparecieron o quedaron reducidas a escombros es extensa. Sus nombres pasaron de ser centros de desarrollo agrícola a puntos en un mapa de ausencias.
Manuel Murillo, antiguo habitante de El Verano, recuerda con nostalgia que su pueblo llegó a tener más de 60 familias y escuelas de todos los niveles. “Éramos la comunidad más habitada de la zona, lo perdimos todo, pero no las ganas de luchar”, afirma desde su exilio en Mazatlán, desde 2006.
La familia Murillo vivía del ganado, la siembra de maíz y frijol, tenían una molienda de caña de azúcar. “Era la comunidad más habitada de la zona serrana de la sindicatura de Ajoya, lastimosamente tuvimos que salir todos, perdiendo nuestro patrimonio, pero no las ganas de seguir luchando”, expresó Manuel Murillo.
Producían piloncillo para consumo propio y para vender. Vivían sin carencias, tenían fruta del monte al alcance, arrayanes, guayabas, toronjas, naranjas, ciruelas, entre otras.
Voces de resiliencia: El caso de «Layita»
Eladia Murillo Martínez, conocida como Layita, es un ejemplo de la fuerza de los desplazados. Antes de la violencia, ella era el motor de su comunidad: atendía partos, brindaba primeros auxilios y administraba una tienda de abarrotes que surtía a toda la región.
“Yo tenía una tienda de abarrotes muy grande y surtida. Tenía refrigeradores de gas, plantas solares, vendía de todo, me iba a San Ignacio cada semana o quince días a surtirme en un comercio muy grande que ya no existe. Tenía una camioneta de tres toneladas y la cargaba. También iba a Mazatlán a traer frutas y verduras frescas, y a Guadalajara a comprar zapatos, ropa y chácharas. Ahí bajaban de otras rancherías de arriba, pero desgraciadamente todas esas ya quedaron solas”.
Recuerda sus días en El Verano: “Tenía mi televisión a color y Sky, se juntaba un ‘chamaquero’ a ver la tele y yo no daba abasto vendiendo”, recuerda. Tras el estallido de la violencia, Layita envió fuera a sus hijos de 4 y 6 años, en avioneta, y luego cargó lo que pudo en un camión rumbo a Sonora. Hoy, sus hijos son profesionistas y ella trabaja en una maquiladora, pero el recuerdo de su tierra aún le provoca lágrimas, como si fuera el primer día.
“Rrecuerdo que a todas horas venían por mi de los ranchos para que atendiera partos, vi nacer a cientos de niños y niñas, la gente me pagaba e iba haciendo mi ahorro, para cuando me casé ya tenía mi dinerito”, agrega. Sin embargo, sus ganas de salir adelante no murieron, ha luchado por sus hijos separada de su esposo.
Una cocina y una vivienda de la comunidad de El Verano, las cuales demuestran el abandono. Fotos: Yolanda Tenorio
El reinado del terror: “El Gato” y Gamboa Ruelas
La sombra de la violencia tiene nombres propios. La masacre de Ajoya fue atribuida a Ramón Alberto Gallardo Campista, alias El Gato, líder de Los Pintos y Los Gallardo. Él era originario de Caballo de Arriba, San Ignacio. Durante décadas, Gallardo sembró el terror mediante extorsiones y asesinatos, se movió como un fantasma por la sierra con sus cien gavilleros.
Vivió a salto de mata, entre la sierra de San Ignacio, Cosalá y Concordia, por eso le llamaban El Gato. Su historial delictivo que comenzó en la década de los 90, terminó en 2018, cuando su cuerpo fue hallado sin vida en la carretera federal México 15, en el crucero de Sinaloa, con un mensaje que recordaba el daño causado. Las autoridades nunca lo detuvieron.
Ramón Gallardo Campista alias el “Gato” tanto que te anduvimos buscando y no te encontrábamos, a cada chango se le llega su fecha y ahora te tocó a ti. Allí tienen al secuestrador que tanto daño causó a la gente, decía el mensaje que dejaron sobre su pecho.
Pero El Gato no estaba solo. El territorio también fue disputado por Librado Gamboa Ruelas, líder de la gavilla rival. Gamboa era temido incluso por sus propios hombres debido a su crueldad extrema. Su muerte en una emboscada en 2015 trajo un alivio momentáneo a la región, pero dejó tras de sí comunidades enteras, como La Caña y El Guayabo, vacías y vandalizadas.
Güilapa, otra ola de desplazamiento forzado
En Güilapa habitaban 20 familias. En 2013 se incrementó la violencia, la mitad huyó y dejó sus propiedades. En 2014 asesinaron a un joven que salió a buscar unas reses. Su madre salió a buscarlo al monte y lo encontró sin vida. Lo llevó a su casa en una carretilla, lo cubrió y esperó al amanecer en espera de las autoridades. Esos acontecimientos provocaron más desplazamientos.
En el 2017 salieron los últimos habitantes, cuando uno de los grupos que disputaba el territorio quemó una vivienda de Gallardo Campista, pero éste había huido. La gente permaneció en Ajoya, en casas abandonadas años anteriores, que se encontraban semi destruidas.
En 2019, al menos ocho familias retornaron al lugar, e incluso solicitaron un maestro de Conafe para sus hijos, hasta la fecha estas familias permanecen ahí.
La mayoría de las viviendas de Güilapa sufrieron robos al quedarse abandonadas por cuatro años, aún así algunas familias decidieron retornar, en la segunda imagen se puede apreciar a un maestro de Conafe, dando clases a los niños. Fotos: Yolanda Tenorio
En julio de 2013, en el Ejido California y anexos, ubicado en zona limítrofe de San Ignacio con el estado de Durango, un grupo de hombres armados obligó a sus habitantes a refugiarse entre el monte. Los gavilleros quemaron las casas de madera de las familias que se dedicaban al campo y a la actividad forestal.
Al día siguiente, adultos, mujeres y niños, se trasladaron hacía el ejido más cercano, Las Azoteas, donde se encuentra una pista de aterrizaje. Solicitaron apoyo al gobierno del estado de Sinaloa y los rescataron en helicópteros. Los trasladaron a la cabecera municipal y en enero del 2015, sólo regresaron cinco familias.
En 2014, las familias de Ciénega, cercana al otro poblado, tuvieron que salir, por el ataque de un grupo armado. Se llevaron a nueve hombres, los torturaron en una comunidad vecina. Uno huyó y llegó a la sindicatura de Ajoya para dar aviso. Asesinaron a los otros hombres.
Las autoridades tardaron tres días en localizar los cuerpos con el apoyo del sobreviviente.
El Ejido California y anexos fue desalojado por un gran grupo de gavilleros, en una de las imágenes se puede ver uno de los tres helicópteros participaban en el traslado de mujeres, niños y personas mayores. Fotos: Yolanda Tenorio
Ese mismo año, en junio de 2014, el Rincón del Chilar perdió su población. En el arroyo el Colorín, cercano al poblado, sujetos desconocidos asesinaron a dos hombres. Esa ocasión huyeron ocho familias hacia otros estados del país. Un año después regresaron por sus pertenencias, se quedaron a trabajar quince días y se volvieron a ir por el riesgo que existía aún.
Cinco años después, un integrante de una de las familias regresó para retomar la actividad ancestral, la molienda. Se instaló en Güasmillas, le apoyaron con semilla de caña para la siembra y los demás volvieron en abril del 2022. En 2024, algunas de las piezas de piloncillo las comercializaron en San Ignacio, y otras las llevaron a sus casas.
Algunas viviendas de El Rincón del Chilar apenas se sostienen en pie. La última molienda del 2024 se muestra en una de estas imágenes. Fotos: Yolanda Tenorio
El Guayabo, otro poblado de 21 familias se extinguió. En 2015 hubo una masacre de doce hombres, entre ellos se encontraban tres hermanos que pertenecían a Los Betos y Guayaberos. Señalaron como culpable a Librado Gamboa Ruelas, quien fue asesinado en una emboscada ese mismo año. Era originario de La Caña y se disputaba el territorio con El Gato.
Cuando lo asesinaron, San Ignacio tuvo momentos de alivio porque sembró terror en todo el territorio.
Así se encuentran todas las viviendas de El Guayabo, un pueblo que vivió una buena época, pero que fueron desplazados por la violencia. Fotos: Yolanda Tenorio
Y en febrero del 2016, trece personas fueron ejecutadas al margen del río Piaxtla a la altura de Los Brasiles, algunos eran familiares de Gamboa Ruelas, por lo que varias de las familias de La Caña que tenían parentesco con él, al verse amenazados, decidieron iniciar el éxodo. Esa ocasión, un grupo de mujeres acudieron ante el entonces alcalde Amado Loaiza Perales, a quien le solicitaron una unidad para trasladar sus pertenencias a Sonora, dicha petición fue concedida.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en ese poblado había 258 habitantes en 2010 y diez años después, sólo habitaban 52. Para 2024 se registraron más de cien personas y actualmente no hay nadie.
La Caña, comunidad serrana donde las 32 familias fueron desalojadas en contra de su voluntad. Fotos: Yolanda Tenorio
El 8 de mayo de 2017, los habitantes de la comunidad de El Sauz amanecieron con una lluvia de balas impactadas en bardas de la escuela primaria, que retumbaban entre las altas colinas tal como si fueran cohetes. Huyó todo el pueblo de manera paulatina, alrededor de 30 familias. Días después, quienes tenían ganado regresaron acompañados del Ejército mexicano para recuperarlo y venderlo en la cabecera municipal. Dos años después regresaron alrededor de quince familias.
El Sauz, una comunidad tranquila, enclavada en la zona serrana de San Ignacio, fue desalojada después de sufrir un atentado. Fotos: Yolanda Tenorio
El mismo año, el terror se apoderó de nuevo de Ajoya, cuando un grupo armado llegó en dos unidades para disparar sin sentido por las calles del pueblo. Luego de privaciones de la libertad y asesinatos, el 13 de noviembre huyeron otras 30 familias de la localidad de El Platanar, después de quedar en medio de un enfrentamiento en el pueblo en horario de clases. Sólo llevaron lo que traían puesto.
Ya eran pocas familias las que vivían ahí, porque en desplazamientos previos, otras personas se habían ido. En 2006 secuestraron al comisario Ignacio Vega y a su sobrino Abraham Vega. Al primero lo colgaron de un árbol y al sobrino lo dejaron libre. Años posteriores provocaron el desplazamiento de más pobladores de Campanillas.
En 2019, Ajoya comenzó a poblarse. Viven por lo menos 300 personas en Ajoya. Cuentan con escuelas de preescolar, primaria y telesecundaria, la mayoría de sus habitantes decidió reactivar la ganadería y la agricultura después de 17 años que estuvo en el olvido.
El 9 de septiembre de ese mismo año, la guerra estalló en Sinaloa, y dos días después en la zona serrana de San Ignacio. Al menos veinte familias fueron desalojadas con explosivos lanzados con drones de la comunidad minera de Contra Estaca. Los pobladores huyeron atemorizados hacia el monte.
Los ejidos de Pueblo Viejo y Las Azoteas fueron atacados también. Más de veinte familias se fueron al monte. La mayoría ha permanecido en casas de campaña, en cabañas de madera que ellos mismos han construido, y bajo techos improvisados de hule negro, en espera de regresar un día a sus comunidades.
De manera paralela, también dejaron su tierra más de 300 familias de las comunidades de Casa de Tejas, El Candelero, Rincón del Guayabito, La Lechuguilla, Las Sabilas, Los Brasiles, Tenchoquelite, Tepehuajes, La Caña, Los Platanos, Las Mulas, Las Lajas, El Cantón, Tolosa, El Chaco, y El Lodazal. Sólo las familias de esta última localidad han podido retornar.
El número de personas desaparecidas por el crimen organizado se desconoce, hay un subregistro, y la violencia sistemática ha arrebatado la tranquilidad a quienes habitan el municipio de San Ignacio.
Pueblo Nuevo, habitado por 35 familias que contaban con educación primaria y secundaria federales, tuvieron que huir de la violencia, dejando todo abandonado. Fotos: Yolanda Tenorio
La nueva guerra: Drones y explosivos
A pesar de los periodos de aparente calma, la violencia mutó. A partir de septiembre de 2024, la guerra entre facciones rivales como Los Chapos y La Mayiza introdujo tácticas de terror modernas. En comunidades como Contra Estaca, los pobladores fueron desalojados mediante explosivos lanzados desde drones.
Esto generó una nueva ola de desplazados. Familias de Casa de Tejas, El Candelero y Los Brasiles ahora viven en condiciones precarias en la cabecera municipal, habitando casas de campaña o refugios improvisados de hule negro.
La desgracia para las 32 familias de La Caña llegó de nueva cuenta el 18 de septiembre del 2024. Las familias dejaron el pueblo por un enfrentamiento entre grupos antagónicos. Fueron a vivir a la cabecera municipal, en donde varias mujeres comenzaron a hacer tamales, pan, empanadas, coricos, con sabor a leña. Esta ocasión no sólo era para consumo de sus familias sino para vender y sobrevivir.
En un intento por regresar, acompañados por personal de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), del gobierno estatal y elementos del Ejército y de la Policía Estatal, las familias de las localidades de La Caña, Tepehuajes, Los Brasiles y Tenchoquelite encontraron sus casas vandalizadas, les robaron todo lo de valor y lo demás, estaba destruido. Retornaron a la cabecera municipal de San Ignacio.
Paula, una mujer trabajadora, dijo que ya estaba impuesta a perder, pues ya habían sido desplazados en dos ocasiones anteriores. Esta vez, la tienda que tenían de Diconsa estaba bien surtida y tuvo que dejar todo. “Cuando llegué ya encontré muy poca mercancía, se habían llevado lo que podían comerse, por lo que me traje lo que quedó, entre estos unos anaqueles, allá se quedaron otros que no cupieron en la camioneta, gracias a Dios mi suegra quien ya vive sola, me dejó poner el negocio en su casa y vivir ahí mismo”.
Además, tuvo que pagar toda la mercancía que le robaron porque de otra manera, Diconsa no le seguiría surtiendo. Pero para ella, “la fuerza de la resiliencia, renació de las cenizas de la adversidad”.
Hoy, la mayoría de ellos radican en la cabecera municipal, en colonias que prácticamente ellos fundaron y a la que se han sumando más personas desplazadas de otras localidades.
Disparos la sacaron, pero Paula encontró la forma de salir adelante, lejos de su comunidad. Fotos: Yolanda Tenorio
La indiferencia institucional
El drama del desplazamiento se agrava por la falta de registros oficiales y apoyo gubernamental. Irma Yocelin Rodríguez, Directora de Bienestar Social de San Ignacio, señala que los censos de la Secretaría de Bienestar estatal (SEBIDES) han sido opacos y a menudo filtran a personas que no necesitan el apoyo, dejando fuera a las víctimas reales. Con los recientes cambios en el gabinete estatal, la ayuda prometida se ha estancado, dejando a cientos de familias desamparadas.
Informó que sólo 72 familias solicitaron apoyo en esa oficina. Estas fueron canalizadas al DIF municipal, donde recibieron únicamente despensas y leche.
Y aunque siempre se había tenido la idea de que los desplazamientos a causa del fenómeno de la violencia eran exclusivos de la zona serrana, la realidad ha sido otra, pues en la cabecera municipal, decenas de familias que estaban establecidas desde hace décadas, tuvieron que salir prácticamente huyendo.
Los asesinatos y desapariciones forzadas han sido un duro golpe en este municipio. La confrontación territorial entre las facciones criminales de Los Chapos y La Mayiza ha provocado un incremento alarmante de la violencia en Sinaloa, especialmente por la pugna por rutas de narcotráfico y territorios estratégicos.
Esta disputa ha tenido como consecuencia humanitaria directa el desplazamiento forzado de miles de familias, que ha transformado decenas de localidades de la sierra y la costa en «pueblos fantasma» en tan solo dieciséis meses. Los municipios más afectados por este éxodo, donde la ley del crimen organizado se ha impuesto ante la autoridad intermitente, son San Ignacio, Cosalá, Elota, Concordia y Culiacán.
Según estadísticas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES) en 2025 se reportaron 1,763 familias desplazadas, sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha señalado que hay una cifra negra de desplazamientos en todo Sinaloa, dejando en entredicho la cifra oficial.
El ayuntamiento de San Ignacio no tiene información sobre los últimos desplazamientos de septiembre de 2024. Sin embargo, los habitantes de La Caña, Contra Estaca, Pueblo Viejo, Las Azoteas, Casa de Tejas, El Candelero, Rincón del Guayabito, La Lechuguilla, Las Sabilas, Los Brasiles, Tenchoquelite, Tepehuajes, Los Platanos, Las Mulas, Las Lajas, El Cantón, Tolosa, El Chaco, Vado Hondo, San Juan, Los Humayes, Tacuitapa y El Capule, dan testimonio de que han sido despojados de sus tierras.
El resto de desplazados de las las localidades como Los Brasiles, Tenchoquelite, Tepehuajes, La Caña, Pueblo Viejo, Contra Estaca, Las Mulas y Los Platanos, sí fueron atendidos por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa. Levantaron un censo, les hicieron entrega apoyos en tres ocasiones. Aún así acusó que hubo personas que se filtraron en la lista y dejaron sin apoyo a otras más que sí estaban desplazadas.
Se estima que al menos 18 mil familias han abandonado sus hogares en Sinaloa debido a estas causas.
La herida abierta de San Ignacio
Perder el hogar no es solo perder un techo, es perder raíces y seguridad. En San Ignacio, la violencia ha trastocado incluso la cabecera municipal, donde la economía languidece y las desapariciones forzadas (más de 30 registradas desde septiembre de 2024) mantienen a la población en un estado de miedo constante.
Hoy, la cabecera languidece bajo el peso de un éxodo silencioso. La economía local, basada en la agricultura de temporal y el comercio minorista, se ha paralizado. Las tiendas han cerrado, los campos permanecen sin sembrar y las calles exhiben una desolación palpable. A este colapso económico se suma la amenaza más insidiosa: las desapariciones forzadas. Desde septiembre de 2024, se han registrado más de 30 casos documentados, sembrando un estado de miedo endémico que opera como un toque de queda no oficial. Cada automóvil que pasa, cada extraño que pregunta, se convierte en un recordatorio de la vulnerabilidad absoluta de la población.
El daño se extiende a las comunidades circundantes, dejando un rastro de pueblos fantasma. Localidades ancestrales, como Santa Apolonia, cuya relevancia histórica se remonta a la llegada de los jesuitas hace 300 años—cuando construyeron la primera iglesia de la región—, hoy no son más que ruinas silentes. Los techos colapsados y los muros erosionados por el tiempo y el abandono son habitados únicamente por el viento, que susurra historias de una vida borrada. Estas comunidades no solo perdieron a sus habitantes, perdieron su función social y su significado histórico.
Sin embargo, en medio de las cenizas del desplazamiento y la destrucción, persiste un núcleo inquebrantable de resistencia. Historias como la de Paula personifican esta resiliencia tenaz. Paula, una mujer mayor y pilar de su familia, ha sido desplazada de su tierra natal hasta tres veces, obligada a abandonar todo ante el avance de la violencia.
En uno de los asaltos a su pueblo, su pequeña tienda de abarrotes, el sostén de su vida, fue saqueada por completo. Pese a estas pérdidas acumuladas, Paula se negó a convertirse en una estadística de la tragedia. Hoy, se ha establecido en la cabecera municipal y sobrevive vendiendo pan artesanal que hornea cada madrugada. Con cada hogaza que amasa y vende, Paula reconstruye una pequeña porción de la seguridad perdida.
Paula es, en esencia, la metáfora viva de San Ignacio: un territorio y una comunidad que ha sido doblada, pero que se niega categóricamente a romperse. Su persistencia no es un acto de valentía heroica, sino la expresión cruda y profunda de una voluntad humana que se aferra a la vida y a la dignidad, un testimonio vivo de que, incluso ante la adversidad más brutal, la esperanza de la reconstrucción se niega a desaparecer.
“Promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo”.
