La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Guadalajara su más reciente informe sobre desapariciones en México, documento en el que advierte que el país enfrenta una crisis humanitaria marcada por impunidad, fallas estructurales en las investigaciones y una emergencia forense.
La presentación se realizó en Casa ITESO Madero con la participación de representantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez y de integrantes de la CIDH, entre ellas la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi y la relatora para México Andrea Pochak.
Durante el evento se expuso que México acumula más de 128 mil personas desaparecidas y alrededor de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo oficial, cifras que fueron calificadas como una de las expresiones más graves de violencia en el continente.
El informe recopila testimonios de familiares, colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y autoridades, además de integrar hallazgos acumulados durante casi dos décadas y experiencias derivadas del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.
La CIDH señaló que el fenómeno de las desapariciones en México ha evolucionado desde casos vinculados directamente al Estado hacia un escenario dominado por grupos criminales, muchas veces con tolerancia o complicidad de autoridades.
El documento también advierte riesgos específicos para migrantes, periodistas, mujeres, población LGBTIQ+ y menores reclutados por grupos criminales.
Entre los principales problemas detectados se encuentran investigaciones deficientes, alta rotación de personal en fiscalías, descoordinación entre niveles de gobierno y fallas en la aplicación de protocolos de búsqueda inmediata.
Uno de los puntos centrales del informe es el reconocimiento del “derecho a buscar”, concepto que plantea que las familias deben participar activamente en las estrategias de búsqueda y recibir protección integral por parte del Estado.
La CIDH emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, entre ellas fortalecer fiscalías especializadas, homologar sistemas de identificación forense, mejorar la atención a víctimas y reforzar mecanismos de prevención y búsqueda.
Además, el organismo anunció que implementará un mecanismo de monitoreo para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones con participación de organizaciones y familiares de personas desaparecidas.
