Hermosillo, Sonora, sábado 23 de mayo de 2026.- La reunión encabezada este viernes en Vícam Pueblo por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; y autoridades federales para dar seguimiento al Plan de Justicia Yaqui, estuvo marcada no solo por los anuncios oficiales, sino también por las tensiones internas entre sectores de la propia nación yoeme.
De acuerdo con el gobierno estatal, durante la jornada se reportaron avances en restitución territorial, infraestructura hídrica, acceso al agua, educación y asesoría jurídica intercultural para comunidades indígenas. Las autoridades señalaron que la inversión acumulada en el Plan de Justicia supera los 18 mil 356 millones de pesos y destacaron la restitución de más de 45 mil hectáreas al pueblo yaqui.
Entre los avances anunciados sobresale la restitución de más de 45 mil hectáreas a la etnia, incluido el quinto decreto correspondiente a 239 hectáreas del Rancho La Matanza, consolidado en Bahía de Lobos. También el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018, que son “acciones que buscan mejorar las condiciones de vida y fortalecer el desarrollo de las comunidades”.
El gobernador Durazo Montaño y el ministro Aguilar Ortiz inauguraron la casa del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), oficina que brindará asesoría jurídica intercultural para comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad, “con el objetivo de garantizar una defensa efectiva de los derechos humanos y promover un sistema de justicia más incluyente y equitativo”.
Sin embargo, versiones difundidas por integrantes de la tropa yoremia y sectores críticos del proceso señalaron que el encuentro evidenció nuevamente la división política existente dentro de algunos pueblos yaquis, particularmente en Vícam Pueblo, donde coincidieron dos representaciones contrapuestas que se asumen como autoridades tradicionales legítimas.
Según esos posicionamientos, durante la reunión ambos kobanaos o gobernadores tradicionales ocuparon la banca sagrada dentro de la ramada tradicional, en un hecho considerado inédito por asistentes. Las publicaciones señalan que uno de los grupos mantiene interlocución con instancias como el INPI y autoridades estatales, mientras otro sector acusa exclusión y falta de representación dentro del Plan de Justicia.
Los textos difundidos por integrantes inconformes también cuestionaron la ausencia de representantes tradicionales de otros pueblos como Tórim, Loma de Bácum y Cócorit, situación que, afirman, debilita la legitimidad de los acuerdos tomados conforme al sistema normativo interno de la tribu yaqui.
De acuerdo con esas versiones, la tensión aumentó cuando integrantes de la tropa comenzaron a plantear cuestionamientos relacionados con agua, territorio, proyectos productivos y presuntos manejos irregulares dentro de algunas iniciativas derivadas del Plan de Justicia. Posteriormente, el diálogo habría continuado fuera de la ramada tradicional y se trasladó a instalaciones de la Universidad del Pueblo Yaqui.
Medios nacionales y locales confirmaron que parte de las actividades oficiales se realizaron precisamente en la Universidad del Pueblo Yaqui, donde además fue inaugurada laa oficina del Instituto Federal de Defensoría Pública para brindar asesoría jurídica intercultural a comunidades indígenas.
La disputa por las representaciones tradicionales no es nueva dentro del territorio yaqui. Históricamente, distintos sectores de la tribu han mantenido diferencias sobre quiénes cuentan con legitimidad para negociar con los gobiernos federal y estatal, especialmente en temas relacionados con territorio, agua y administración de recursos derivados del Plan de Justicia.
Mientras el gobierno estatal sostiene que existe diálogo permanente con autoridades tradicionales para avanzar en la reparación histórica hacia el pueblo yaqui, grupos críticos insisten en que las instituciones han privilegiado interlocutores afines y debilitado mecanismos internos de deliberación comunitaria.
Redaccón: Libera Radio, con información del SECS y publciaciones en redes sociales.
