El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para crear un nuevo modelo institucional de gestión integral de riesgos y protección civil, con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.
La propuesta surge tras una consulta pública realizada en distintas regiones de la entidad, en la que participaron ciudadanos, especialistas, académicos y representantes de organizaciones sociales para analizar las áreas de oportunidad del actual sistema de protección civil.
De acuerdo con el mandatario estatal, uno de los principales objetivos de la reforma es otorgar autonomía al organismo encargado de la gestión de riesgos y protección civil, con el propósito de que sus decisiones no dependan directamente del Gobierno del Estado.
“El objetivo es transparentar y otorgarle autonomía al órgano responsable del manejo de riesgos y protección civil en Sonora, es decir, que dependa de las y los ciudadanos y no del gobierno estatal”, señaló.
Los trabajos de consulta se desarrollaron mediante foros regionales realizados en las ciudades de Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y San Luis Río Colorado, además de un foro estatal de conclusiones.
Según información del Gobierno de Sonora, en estos encuentros participaron 656 personas, 33 ponentes y 41 organizaciones de los sectores público, privado y social, generando un total de 140 propuestas ciudadanas.
Las aportaciones fueron integradas en un informe público que servirá de base para la construcción del nuevo modelo institucional, el cual busca consolidar una estrategia preventiva de largo plazo y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.
El proceso contó además con la colaboración de instituciones académicas como la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y el Instituto Tecnológico de Nogales.
La iniciativa contempla reconocer la protección civil como un derecho humano, fortalecer las instituciones encargadas de la prevención y atención de riesgos, así como promover una mayor corresponsabilidad social en la construcción de comunidades más seguras y resilientes.
El anuncio ocurre a siete meses del incendio registrado en una sucursal de Waldos en Hermosillo, tragedia que reavivó el debate sobre las capacidades institucionales para prevenir riesgos y atender emergencias, y que motivó parte de las discusiones desarrolladas durante los foros regionales.
