Días de revuelta, días de combate
POR JORGE TADEO VARGAS
En el 2013, la empresa de origen alemán Proman por medio de su filial Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) presentó su proyecto para la producción de 2,200 toneladas métricas de amoniaco anhidro al día, aproximadamente 800,000 toneladas anuales Amoniaco que incluye en su totalidad una planta de desalinización de agua, ductos de transporte, tanques de almacenamiento y la planta petroquímica. El total de la inversión del proyecto es de 1,631 millones de dólares, aunque se proyecta que una vez que el proyecto comience a operar – si esto sucede – tendrá 5,600 millones de dólares adicionales. El financiamiento proviene de bancos y fondos de Europa, principalmente del banco alemán KfW IPEX-Bank y con el apoyo de fondos suizos.
Estos son los datos de un proyecto que desde el inicio ha sido rechazado por las comunidades que se verán afectadas desde una perspectiva socio-ecológica y que, aunque el gobierno federal insiste en que este fue aprobado mediante una consulta pública, está fue amañada para que el resultado favoreciera a la empresa ¿Cómo fue amañada? El gobierno incluyó en la consulta a comunidades que no están dentro del área de impacto directo a las que se les vendió la idea de un mayor desarrollo, ocultando los impactos directos en la bahía.
Esta no es la primera consulta pública amañada qué el gobierno federal lleva a cabo, al contrario si revisamos con detenimiento, cada consulta podremos encontrar que no se llevan a cabo con una base científica que respalde los proyectos, que las comunidades no tienen toda la información y lo más preocupante, no toman en cuenta el principio precautorio, un principio que debe regir cualquier proyecto que pueda tener un grave impactos socio-ecológico. Sin esto no se puede pensar que la consulta tenga validez, como ha ocurrido en específico con este proyecto, donde las comunidades muestran una negativa desde hace trece años al proyecto, mismo que en este momento, ha dejado una emergencia ecológica grave con la pérdida de más de 26 hectáreas de manglar para la construcción de la plancha de concreta inicial del proyecto.
Más allá de que esto ya es una violación a la ley general de vida silvestre que en su artículo sesenta prohíbe la destrucción, relleno, corte o tala de manglares, así como la realización de obras y actividades que afecten su flujo hidrológico, si a esto le sumamos que es un sitio RAMSAR también esta violando acuerdos de protección internacional. Solo con esto el proyecto es ilegal y por lo tanto se debe cancelar y hacer un proyecto de recuperación de las 26 hectáreas de manglar destruidas.
Si esto no fuera suficiente, el proyecto también viola el Convenio 169 de la OIT que expresamente dice que debe de haber una consulta a los pueblos indígenas y originarios, así como la protección integral al territorio de estos pueblos. Aquí puedo rescatar que la Suprema Corte de la Nación ordenó esta consulta, pero el gobierno federal hizo caso omiso, por lo que – de nuevo – es un atenuante para la cancelación del proyecto.
¿Cuáles son los impactos socio-ecológicos que el proyecta dejará en la región de llevarse a cabo? El primero tiene que ver con la actividad primaria de las comunidades que viven en la Bahía de Ohuira que es la pesca, principalmente artesanal o familiar; los estudios científicos advierten que la operación de la planta y las descargas térmicas destruirían miles de larvas de camarón de forma anual (el equivalente estimado a más de 500 toneladas de producto adulto).
Esto arruinaría la economía y subsistencia de miles de familias de pescadores locales, por lo que el colapso pesquero es un hecho, que dejará a cientos de familias sin empleo. Por otro lado el daño a la biodiversidad es – hasta ahora – incalculable pues la bahía es hogar de especies protegidas, aves playeras, tortugas y fauna marinas emblemática, como el delfín silvestre “El Pechocho”, un ícono del turismo local que vive confinado naturalmente en el área de afectación.
Si bien el turismo es una práctica que tampoco es de mi agrado, es una actividad menos ecocida que la propia planta. En términos de justicia climática el proyecto es una contradicción con el discurso del gobierno y sus planes contra el cambio climático pues por cada tonelada de amoniaco producida a partir de combustibles fósiles (gas), se liberan aproximadamente 1.1 toneladas de dióxido de carbono y por último el patrimonio del pueblo Mayo/Yoreme ve violentada su territorio ancestral, sus lugares sagrados ceremoniales y altera su cosmovisión y relación de respeto con el mar.
En cuanto al tema de las emergencias socio-ecológicas, uno de los mayores riesgos de esta planta por las propias propiedades químicas del amoníaco – el amoníaco es un gas incoloro, pero sumamente tóxico, corrosivo, inflamable y potencialmente explosivo bajo ciertas condiciones de presión y temperatura – son varias y de diversa índole, siendo el riesgo de fugas el que tiene mayor probabilidades de ocurrir y que de ocurrir, como bien lo indica el propio estudio de Riesgo Ambiental presentado por GPO, se admite que una fuga de amoniaco de tan solo 5 minutos transformaría toda la Bahía de Ohuira en una zona de peligro mortal inmediato para la salud humana.
Se sabe que las propias nubes tóxicas pueden dependiendo de las condiciones del viento, un fallo catastrófico en los tanques de almacenamiento de la planta podría generar una densa nube tóxica que se desplazaría en un radio de hasta 45 kilómetros, poniendo en grave riesgo a la población urbana de Los Mochis y comunidades ejidales circunvecinas, con lo que el riesgo aumenta.
Ahora bien, ¿cuál es la utilidad del amoniaco y porque debe ser un proyecto prioritario para el país, pero más específicamente para las comunidades que están viviendo el riesgo de perder su patrimonio biocultural? El amoniaco tiene tres usos a nivel global: el primero es como fertilizante en la agroindustria. Para esta actividad se destina el ochenta por ciento de su uso, por lo que aquí debemos de cuestionar seriamente la necesidad de este químico, cuando tenemos más que claro que uno de los principales problemas socioambientales se relaciona con la agroindustria en general y el uso de agroquímicos en particular. El uso del amoniaco en la agricultura debe ser prohibido si queremos encaminarnos a otro tipo de agricultura.
El siguiente uso es en la industria química y manufacturera, principalmente para la fabricación de plásticos, textiles como en nailon – más plástico – explosivos y la industria farmacéutica, de nuevo, igual que en la agroindustria hay que revisar cuales es la pertinencia de este químico actualmente y si sus impactos positivos compensan en algo los negativos, en lo personal, no lo hacen, el daño es mucho mayor al beneficio, tanto a corto, como mediano y largo plazo.
Por último y en una pequeña cantidad se usa como refrigerante en zonas industriales, algo – de nuevo – a evaluar si sus beneficios son mayores a los prejuicios. El uso en refrigerantes es menor al dos por ciento.
A todas luces este proyecto es un sinsentido que no cumple ni con las leyes nacionales, ni con los acuerdos internacionales, mucho menos con un principio precautorio, mismo que deja más que claro que los riesgos de perder el patrimonio biocultural, un ecosistema entero como la Bahía de Ohuira, aumenta el desequilibrio ecosistémico en el Golfo de California y que por si fuera poco las mismas comunidades rechazan de forma categórica y absoluta, con información científica que les da la razón.
La Bahía de Ohuira – cuyo nombre en lengua Yoreme significa Lugar de Encanto o Tierra Sagrada – es un ecosistema, además de ser el territorio ancestral de comunidades que hoy se defienden bajo una premisa tan simple como absoluta: el progreso que destruye la naturaleza y desplaza a su gente, no es progreso; es despojo. Condenar a toda la región a vivir bajo la sombra perpetua de un riesgo químico catastrófico, solo para privatizar las ganancias y socializar las tragedias, es la peor de las ideas.
Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City
Profesor, traductor, escritor, exactivista, anarquista y panadero.
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