El Gobierno de Sonora formalizó un compromiso institucional de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual en los espacios laborales, mediante la firma de un pronunciamiento encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en el marco de la Comisión Permanente de Contralorías Estado-Municipios.
La medida busca fortalecer las acciones de prevención, atención y sanción de conductas de violencia sexual dentro de las dependencias estatales y municipales, así como reforzar las capacidades de los órganos internos de control de los 72 ayuntamientos de la entidad.
Durante el evento, el mandatario estatal señaló que la política de cero tolerancia deberá aplicarse sin excepciones, independientemente del nivel jerárquico de las personas involucradas. Añadió que el objetivo es consolidar una cultura institucional basada en el respeto a los derechos humanos y la erradicación de cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres.
Como parte de la estrategia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó las recientes reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, protección y sanción frente a casos de hostigamiento y acoso sexual.
Durante la jornada también se promovió la implementación del Protocolo Zona SALVA, una estrategia impulsada en Sonora para brindar atención inmediata y protección a mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo o violencia. El programa contempla la participación de establecimientos y espacios públicos identificados como puntos seguros de resguardo y canalización de apoyo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sonora ha mantenido en los últimos años acciones orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención y atención de la violencia de género, incluyendo programas de capacitación para servidores públicos y reformas normativas enfocadas en la protección de los derechos de las mujeres.
En la ceremonia participaron autoridades estatales, legisladores, representantes municipales y responsables de los órganos de control interno, quienes respaldaron el compromiso institucional para fortalecer entornos laborales libres de violencia y discriminación.
