Una persona investigada, denunciada, imputada o incluso vinculada a proceso puede conservar sus derechos político-electorales y participar como candidata a un cargo de elección popular, siempre que no se encuentre en alguno de los supuestos de suspensión establecidos por la Constitución, explicó este viernes el Gobierno federal.
La aclaración se produjo después de que el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien reside en Estados Unidos y tiene órdenes de aprehensión vigentes en México, manifestara su intención de buscar la Presidencia de la República en 2030.
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó durante la conferencia matutina que la existencia de una investigación penal no basta para impedir una candidatura, debido al principio de presunción de inocencia.
Incluso una persona vinculada a proceso puede conservar sus derechos políticos si enfrenta el procedimiento en libertad.
El artículo 38 constitucional contempla distintos supuestos para suspender los derechos ciudadanos, entre ellos encontrarse en prisión preventiva, estar cumpliendo una sentencia privativa de libertad, tener suspendidos los derechos mediante sentencia, ser prófugo de la justicia o contar con sentencia firme por determinados delitos.
Una orden de aprehensión tampoco basta por sí sola
Zaldívar hizo otra distinción: tener una orden de aprehensión no significa automáticamente perder los derechos político-electorales.
Para actualizar el supuesto constitucional de prófugo de la justicia debe existir además evidencia de que la persona se sustrajo de la acción de las autoridades.
“La sola emisión de una orden de aprehensión no implica que se suspendan los derechos político-electorales. Se requiere, además, que la persona se sustraiga de la acción de la justicia”, explicó.
En el caso particular de Cabeza de Vaca, Zaldívar sostuvo que sí se encuentra en ese supuesto porque tiene orden de aprehensión, no ha comparecido ante el juez y permanece fuera del país.
“Si esta persona tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez y está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia”, afirmó. Bajo esas circunstancias, agregó, no podría ser candidato presidencial.
El Tribunal Electoral ya lo declaró inelegible en 2024
El caso no parte únicamente de la interpretación expuesta este viernes por el Gobierno.
En 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el registro de Cabeza de Vaca como candidato del PAN a diputado federal plurinominal, precisamente al considerar acreditadas las dos condiciones necesarias para ubicarlo como prófugo de la justicia: la existencia de órdenes de aprehensión vigentes y que se hubiera sustraído de la acción de las autoridades.
El Tribunal estableció entonces que esa condición era incompatible con el ejercicio pleno de sus derechos políticos y determinó que se encontraba en el supuesto previsto por el artículo 38, fracción V, de la Constitución.
Por ello, si su situación jurídica se mantiene en esas condiciones, la intención anunciada por el exgobernador de contender por la Presidencia en 2030 enfrentaría el mismo impedimento constitucional.
Cabeza de Vaca confirmó recientemente que pretende buscar la candidatura presidencial y aseguró que trabaja en una vía jurídica para hacerlo desde Estados Unidos.
