La violencia obstétrica podría convertirse en un delito castigado con hasta seis años de prisión en Sonora, de aprobarse una iniciativa presentada este martes ante el Congreso estatal, durante una sesión en la que también se turnaron a comisiones propuestas relacionadas con salud mental, vivienda y prevención de rickettsiosis.
La iniciativa presentada por las diputadas Alejandra López Noriega y María Alicia Gaytán Sánchez propone modificar el Código Penal de Sonora para tipificar la violencia obstétrica y establecer penas de dos a seis años de prisión, multas de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y suspensión del ejercicio profesional de uno a cinco años.
La propuesta fue enviada a comisiones para su análisis, por lo que las sanciones planteadas todavía no forman parte de la legislación vigente y podrán ser modificadas durante el proceso legislativo.
En la misma sesión, el diputado David Figueroa Ortega, del PVEM, presentó cambios a la Ley de Salud Mental del Estado para establecer que los internamientos sean voluntarios, cuenten con consentimiento informado y se utilicen como último recurso terapéutico.
En situaciones de urgencia, la propuesta contempla atención inmediata y temporal. También plantea ampliar la Red Estatal de Salud Mental para incorporar instituciones públicas, sociales y privadas, además de transformar el actual Consejo Estatal de Salud Mental en el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones de Sonora.
Por otra parte, el diputado Rubén Refugio González Aguayo, del PT, propuso modificar el Código Civil para proteger a las personas que donan la vivienda en la que habitan.
La iniciativa plantea que, al realizar la donación, quede establecido si la persona conservará el usufructo vitalicio o el derecho de habitación. En caso de renunciar a ambas figuras, deberá quedar constancia de que conoce las consecuencias, incluida la posibilidad de perder el derecho a continuar viviendo en el inmueble.
Finalmente, los legisladores Iris Fernanda Sánchez Chiu y Emeterio Ochoa Bazúa, del PRI, presentaron una reforma a la Ley de Salud estatal para establecer medidas específicas de prevención, detección y atención de la rickettsiosis en escuelas de educación básica.
La propuesta contempla proporcionar información sobre las formas de transmisión, síntomas y medidas preventivas de la enfermedad, así como definir las acciones que deberán seguir las autoridades ante la detección de casos sospechosos en los planteles.
Las cuatro iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para continuar con su análisis legislativo. La próxima sesión ordinaria del Congreso fue programada para el jueves 24 de septiembre.
