Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico investigado por la muerte de ocho personas que recibieron los llamados “sueros vitaminados” en una clínica privada de Hermosillo, se presentó este lunes ante la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ejecutó una orden de aprehensión en su contra y lo puso a disposición de un juez, quien deberá determinar su situación jurídica. El médico permanecía prófugo desde abril, cuando comenzaron las investigaciones por las afectaciones sufridas por once pacientes.
El saldo reconocido oficialmente es de ocho personas fallecidas, una que continúa hospitalizada y dos que lograron recuperarse. Esa cifra no corresponde a nuevas defunciones: fue establecida por las autoridades sanitarias desde abril, después de que inicialmente se informara de seis muertes.
De acuerdo con el fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, los abogados de Verduzco Soto se comunicaron con las autoridades para acordar su presentación. La Fiscalía sostiene que durante los meses de búsqueda realizó cateos, aseguramientos de propiedades y vehículos, así como acciones sobre sus recursos financieros.
La autoridad ministerial ha investigado el caso como probable homicidio culposo relacionado con una posible mala práctica médica. El fiscal indicó, sin embargo, que durante el proceso podrían determinarse otras conductas delictivas. Corresponderá al Ministerio Público presentar las pruebas y al Poder Judicial resolver si lo vincula a proceso.
Las investigaciones comenzaron después de que varios pacientes presentaran un rápido deterioro de salud tras recibir soluciones intravenosas en una clínica de Hermosillo. Autoridades sanitarias federales señalaron entonces que una posible contaminación bacteriana pudo haber provocado cuadros de sepsis, pero los dictámenes y la responsabilidad individual deberán establecerse judicialmente.
El establecimiento fue clausurado y las autoridades realizaron diligencias en Hermosillo y otros municipios donde el médico ofrecía sus servicios. También se anunció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera localizarlo.
La entrega abre finalmente la etapa judicial de un caso que no solamente exige esclarecer las ocho muertes y las afectaciones causadas a otros pacientes. También obliga a revisar cómo se supervisan las clínicas privadas, qué controles existen sobre la preparación de soluciones intravenosas y por qué tratamientos anunciados con beneficios extraordinarios pudieron ofrecerse hasta que ocurrió una tragedia.
Verduzco Soto debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.
