El proyecto Amigo LNG dispone de alrededor de 90 hectáreas terrestres y marítimas en Guaymas para construir una terminal que recibirá gas procedente de Texas y lo exportará hacia mercados asiáticos a través del golfo de California.
Los terrenos fueron facilitados mediante decisiones tomadas por los gobiernos de Sonora y de México, aunque ambos han ofrecido versiones distintas sobre su responsabilidad en el proyecto.
Una investigación de N+ Focus documentó que el 30 de septiembre de 2022 la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno de Sonora celebró un contrato de comodato con Amigo LNG para permitirle utilizar un terreno de 54 hectáreas en Guaymas.
El documento describe inicialmente un uso oneroso, que implicaría una contraprestación para el Estado; sin embargo, otra de sus cláusulas establece que el Gobierno de Sonora concede gratuitamente el uso y disfrute del inmueble.
La investigación señala que el contrato fue primero declarado inexistente ante solicitudes de transparencia y posteriormente reservado durante cinco años por las autoridades estatales.
El gobernador Alfonso Durazo negó que el terreno hubiera sido entregado a la empresa y sostuvo que una superficie de 114 hectáreas fue donada posteriormente a la Secretaría de Marina para la modernización del puerto.
Sin embargo, el contrato documentado por N+ fue firmado en 2022 directamente con Amigo LNG. Además, la Secretaría de Marina declaró a El País que, cuando recibió los terrenos en diciembre de 2025, el Gobierno de Sonora no le informó sobre el convenio previo con la compañía.
A las 54 hectáreas terrestres se suman otras 36.6 hectáreas de zona marítima en Bahía Catalina. Esa superficie fue cedida en abril de 2025 por la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas, organismo dependiente de la Secretaría de Marina, para la construcción y operación de la terminal.
En conjunto, las cesiones estatal y federal colocaron a disposición del proyecto alrededor de 90 hectáreas de tierra y mar.
La controversia también alcanza a la autorización ambiental. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Manifestación de Impacto Ambiental había sido otorgada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los registros oficiales de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente muestran otra cronología: la evaluación fue presentada en noviembre de 2025 y autorizada el 13 de abril de 2026, durante la actual administración federal.
ASEA sostiene que la autorización fue emitida antes de las suspensiones judiciales concedidas en mayo dentro del juicio de amparo 352/2026. Debido a esas resoluciones, la autorización permanece suspendida mientras el Poder Judicial resuelve las impugnaciones relacionadas con la consulta pública y el acceso a la información.
Por lo tanto, el proyecto no está cancelado, pero tampoco puede considerarse libre de obstáculos judiciales.
Amigo LNG es propiedad de las empresas extranjeras LNG Alliance y Epsilon LNG. Su objetivo es recibir gas estadounidense mediante ductos transfronterizos, licuarlo en Guaymas y transportarlo en buques hacia Asia.
La inversión anunciada asciende a 6 mil 800 millones de dólares. De acuerdo con documentación presentada por la propia empresa en Estados Unidos, generaría 280 empleos directos en Guaymas y más de 700 en territorio estadounidense.
El proyecto calcula que la planta emitirá aproximadamente 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Organizaciones ambientales advierten, además, sobre el tránsito de buques metaneros en una región utilizada como ruta migratoria y hábitat por ballenas y otros mamíferos marinos.
