- Comunidades que llevan años defendiendo el agua, la salud y el ambiente pidieron al Estado mexicano pasar de los compromisos a reglas claras y obligatorias para las empresas.
- Lo hicieron el 8 de octubre en la SRE, ante representantes de la ONU, la Unión Europea, el Senado y cinco secretarías federales.
- PODER llamó a que el primer paso sea publicar e implementar la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas.
Ciudad de México, 19 de octubre de 2026
A diez años de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y a quince de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que México formaba parte, adoptara por consenso los Principios Rectores en esa materia, comunidades, organizaciones civiles, sindicatos, sector empresarial, organismos internacionales y autoridades revisaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los avances y pendientes en la protección de las personas y del ambiente frente a los impactos de la actividad empresarial.
El encuentro Reflexiones en torno a la agenda de empresas y derechos humanos en México incluyó un acto inaugural y dos mesas de diálogo: una sobre los avances y las brechas pendientes, y otra sobre las rutas para fortalecer esta agenda en el país.
Las voces de las comunidades de distintas partes del país estuvieron presentes en ambas mesas, en las que participaron también organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, de Economía y de Relaciones Exteriores.
La reunión ocurrió a casi dos meses del cierre de la consulta pública de la Política Nacional, que la Secretaría de Economía abrió en junio y cuya publicación sigue pendiente.
Varios de los casos que se escucharon en las mesas, el del Río Sonora y el del Río Santiago, los conflictos por parques eólicos en Oaxaca y el de la carretera en Xochicuautla, ya habían sido documentados por el Grupo de Trabajo de la ONU durante su visita de 2016.
Martín Valenzuela, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora, recordó que, a doce años del derrame de la mina buenavista del Cobre, de Grupo México, las familias del río siguen esperando una reparación integral. Señaló que las medidas anunciadas por las autoridades en salud, agua y saneamiento no han dado resultados suficientes y que la población no ha intervenido de forma efectiva en las decisiones que le afectan.
Alan Carmona, de Un Salto de Vida, habló de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, comunidades a orillas del Río Santiago, en una de las zonas de mayor concentración industrial del país. Expuso los efectos de la contaminación en la salud de las familias y las barreras institucionales que les impiden ejercer plenamente sus derechos: “No podemos seguir apostando a la voluntariedad de los mecanismos y menos cuando hay leyes y normas que se están violando y gente que está muriendo”.
Desde Oaxaca, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) expuso los conflictos en torno a los proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Desde el Estado de México se presentó la lucha de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla contra la construcción de una carretera en su territorio. Estos testimonios, junto con los de otras entidades, coincidieron en la urgencia de que las comunidades participen en las decisiones que les conciernen, y de que Quienes defienden sus derechos y el ambiente puedan hacerlo sin poner en riesgo su integridad y seguridad.
Para PODER, ese es el sentido de las reglas claras: que las comunidades no tengan que esperar a que haya daños para ser escuchadas. Durante su intervención, Elena Arengo, directora ejecutiva de PODER, reconoció avances en la incorporación
de estándares internacionales sobre conducta empresarial responsable. Advirtió, sin embargo, que persisten pendientes en la consulta a pueblos indígenas, el acceso a la justicia, la reparación de daños y las garantías para personas defensoras.
“El principal desafío actual es pasar de la voluntariedad a la obligatoriedad. Para nivelar el terreno de juego y proteger
verdaderamente a la población y al ecosistema se necesitan reglas claras para las empresas. Un primer paso en este sentido es la publicación y la implementación de manera definitiva de la Política Nacional de Empresas y Derechos Humanos de México. Este instrumento no debe quedar en una simple declaración de principios o un borrador”, señaló.
En la práctica, la debida diligencia implica que las empresas identifiquen sus riesgos, prevengan daños, los corrijan a tiempo y los reparen cuando ocurran, sin que eso dependa de la voluntad de cada una. Maia Campbell, representante adjunta de la ONU-DH en México, recordó que los Principios Rectores establecen el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el derecho de las personas afectadas a una reparación efectiva.
Por su parte, Fernanda Hopenhaym, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, destacó los progresos en políticas públicas y reformas, y llamó a cerrar las brechas de protección, fortalecer las instituciones y convertir los compromisos en medidas concretas.
México ya tiene la base para dar ese paso, pues está adherido a las Líneas Directrices de la OCDE y la propia Política Nacional incorpora la debida diligencia como eje transversal. Para PODER, publicarla e implementarla con mecanismos participativos de seguimiento permitiría a México liderar esta agenda en América Latina.
A juicio de la organización, las reglas claras también dan certeza: prevenir cuesta menos que reparar y reduce conflictos, retrasos y litigios, para las comunidades, para las empresas y para la inversión. Las mesas abordaron además los derechos laborales y la libertad sindical, los efectos de las nuevas tecnologías y la supervisión de las cadenas de suministro.
Los intercambios dejaron claro que el desarrollo económico no puede sostenerse a costa de los derechos de personas y comunidades, y que prevenir los abusos empresariales requiere obligaciones vinculantes, instituciones capaces de hacerlas cumplir y una sociedad con participación efectiva y segura en las decisiones que determinan su futuro
