La reforma busca castigar la captación de personas por organizaciones criminales, incluso mediante falsas ofertas de empleo. Fue aprobada por unanimidad y enviada al Senado; todavía no entra en vigor.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.— La Cámara de Diputados aprobó una reforma para tipificar el reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales y establecer penas de hasta 25 años de prisión cuando se utilicen amenazas, violencia, intimidación o abuso de poder.
El dictamen recibió 419 votos a favor y ninguno en contra durante la sesión del martes 20 de octubre. Modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue turnado al Senado para continuar su proceso legislativo.
Uno de los cambios centrales es que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado forzado, independientemente de que los menores hayan manifestado su consentimiento para participar en actividades de grupos delictivos.
La disposición busca reconocer que las organizaciones criminales pueden aprovecharse de la edad, la vulnerabilidad económica, la falta de oportunidades o las condiciones de violencia que enfrentan las infancias.
Penas más severas por amenazas y violencia
El proyecto contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas con el propósito de integrarlas a organizaciones delictivas, mediante engaños o sin ellos.
Cuando se utilicen amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, las sanciones aumentarán a entre 15 y 25 años de cárcel, además de multas económicas.
También se contemplan agravantes cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, sean personas migrantes o sufran tortura, violencia sexual, privación de la libertad o tratos crueles.
Las sanciones podrán incrementarse cuando los responsables sean servidores públicos o personas que hayan pertenecido a corporaciones de seguridad o a las Fuerzas Armadas.
Reclutamiento mediante falsas ofertas de trabajo
La reforma también contempla la captación realizada a través de medios electrónicos, una modalidad que ha cobrado relevancia por la utilización de redes sociales y plataformas digitales para atraer a jóvenes mediante promesas de empleo.
Durante la discusión legislativa, el diputado panista Guillermo Anaya recordó que el Gobierno federal había identificado mil 800 cuentas y páginas utilizadas presuntamente para reclutar jóvenes, de las cuales 800 fueron inhabilitadas, según cifras presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los legisladores también señalaron que la ausencia de un delito específico ha dificultado investigar estos casos, pues con frecuencia se procesan mediante otras figuras penales, como corrupción de menores, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada.
La creación de un tipo penal específico permitiría investigar y sancionar directamente la captación de personas para actividades criminales, sin depender exclusivamente de otros delitos.
Miles de menores en riesgo
Durante el debate, legisladores citaron estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y UNICEF, según las cuales entre 145 mil y 255 mil niñas, niños y adolescentes podrían encontrarse en riesgo de reclutamiento o utilización por organizaciones delictivas.
Esta estimación corresponde a población en riesgo y no debe confundirse con una cifra de menores efectivamente reclutados.
El problema afecta especialmente a adolescentes expuestos a violencia, pobreza, exclusión social y presencia de organizaciones criminales, aunque el reclutamiento también puede ocurrir mediante amenazas directas o engaños.
Falta la aprobación del Senado
Aunque el dictamen obtuvo el respaldo unánime de la Cámara de Diputados, las nuevas sanciones todavía no pueden aplicarse, ya que el proyecto debe ser revisado por el Senado y completar el procedimiento legislativo correspondiente.
La propuesta también establece un plazo de 180 días naturales, a partir de su eventual entrada en vigor, para que los congresos estatales que tengan previsto este delito armonicen sus disposiciones.
La reforma representa un intento de cerrar vacíos legales frente al reclutamiento criminal. Sin embargo, su eventual aprobación no resolverá por sí sola las condiciones que permiten a los grupos delictivos captar a menores de edad.
La prevención, la protección de las víctimas y la investigación de las redes responsables serán fundamentales para que el cambio legal tenga consecuencias reales.
