Texto publicado en colaboración con el área de Difusión del Colegio de Sonora.
Por: Doctora María del Carmen Arellano Gálvez*
El pasado 16 de octubre se conmemoró el Día de la Alimentación bajo el eslogan de “Innovar hoy para nutrir mañana”, enfatizándose que si bien se han reducido algunas cifras sobre el hambre en el mundo, los resultados del Informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI 2026) evidencian los enormes retos para alcanzar el Objetivo Hambre Cero, segundo de las acciones prioritarias de la agenda global de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.
Algunos datos de este informe indican que, en 2025, el 7.8% de la población mundial tuvo hambre y el 25.8% se situó en una condición de inseguridad alimentaria moderada o grave. En América Latina y el Caribe se reportó que el 22.9% refiere estos mismos niveles de inseguridad alimentaria y es en esta región donde se registró el costo más elevado de una dieta saludable (4.91 dólares por persona al día), siendo las hortalizas las más costosas. Se enfatiza que no se ha acabado con la malnutrición materna e infantil, a lo que se suma un aumento de la obesidad en la edad adulta. Los datos en su conjunto lo que evidencian es que las desigualdades en el mundo se viven en los cuerpos y en la salud de poblaciones históricamente afectadas y que el acceso a una alimentación saludable se convierte en un lujo, por lo que el día a día se come lo que es más barato y que generalmente es de bajo contenido nutricional. El común denominador que atraviesa estas cifras es que son las mujeres que habitan en zonas rurales las más afectadas en su derecho a la alimentación.
Ahora bien, a partir de estos datos, centro ahora mi reflexión en un sector de la población que ha sido de mi interés académico y de incidencia social: personas que trabajan en los surcos de los campos agrícolas en México y que forman parte de la cadena agroalimentaria global. Son ellas y ellos quienes viven en sus cuerpos los efectos de las políticas que fracturan el derecho a la alimentación, y se desdibuja éste como un derecho esencial para vida y la dignidad humana. Poner el foco en este derecho necesario, nos permite situar con las cifras y más allá de ellas, las vidas de personas que día a día ven comprometida su alimentación.
Un ejemplo de esta situación se vive en el Poblado Miguel Alemán, zona rural con más más de 40,000 habitantes, incluso más grande que algunos municipios del estado. Es aquí donde hemos documentado las precariedades, pero también las resistencias frente a un modelo económico que viola sistemáticamente sus derechos humanos. Cada verano se repite una historia que se sirve en cada plato de los comedores comunitarios abarrotados por las infancias, personas adultas mayores y hombres y mujeres que no encuentran trabajo y con ello, sus posibilidades de comer se reducen a lo ofrecido en estos espacios.
Son los meses de junio y julio lo más difíciles, ya que el clima extremo del semidesierto reduce el trabajo en los campos. Pero este verano fue aún más complicado, ya que la temporada de cosecha de uva se adelantó tres semanas en abril, debido a las altas temperaturas registradas en los meses previos. Si bien esto trajo consecuencias económicas para los productores, los y las trabajadoras agrícolas vivieron esta escasez de trabajo desde mayo hasta septiembre, cuando empezó a reactivarse el trabajo en diversos cultivos. Durante estos meses, observamos no solo la inclemencia del clima, sino de las condiciones económicas y laborales que dificultaron tener un plato de comida en la mesa. Lo observamos en el aumento de personas asistentes a los comedores y en las estrategias de las cocineras para hacer rendir los alimentos. Lo observamos en la cantidad de personas esperando las camionetas para ir a los campos. Solo unas cuantas lograban trabajar y tener el ingreso diario, “saliendo y pagando”, como se le conoce. Algunos “tardeaban” con la intención de tener un ingreso antes de que la luz del sol se eclipsara.
Esta situación se relaciona con los efectos del cambio climático en los ciclos de cultivo y con ello, en las posibilidades de empleo para la población jornalera. Sin duda, todo este caldo de cultivo socioambiental nos invita a reflexionar sobre el modelo de trabajo agrícola global y nacional, así como de la política social que sigue dejando desprotegido a este sector poblacional y cuyo derecho a la alimentación (ni se diga de alimentación saludable) se ve comprometido cotidianamente.
Comer es un asunto de derechos y justicia social, de ahí que sea tema de interés a desarrollar en el Seminario Permanente sobre Población Jornalera, a realizarse el 19 de noviembre próximo, y en el cual se discutirá sobre justicia alimentaria y sobre el acompañamiento a trabajadoras agrícolas en la defensa de sus derechos, incluyendo el derecho a la alimentación.
*Profesora-investigadora del Centro de Estudios en Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora
