REDACCIÓN.-
En la sesión del martes 27, el Congreso de Sonora aprobó la convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas y avaló, con modificaciones, una propuesta para obligar a las y los regidores de los 72 municipios a presentar informes anuales de actividades y gestión.
La convocatoria contempla la selección de cinco integrantes del Consejo: tres representantes de familiares de personas desaparecidas, una persona especialista en la materia y una representante de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en este ámbito.
De acuerdo con lo aprobado, el registro de aspirantes comenzará el 28 de octubre y permanecerá abierto durante 30 días hábiles. La designación deberá someterse al Pleno a más tardar el 5 de febrero de 2027. Quienes resulten seleccionados ocuparán el cargo durante tres años, sin posibilidad de reelección.
En la misma sesión, el diputado Norberto Barraza Almazán presentó el dictamen que establece que las y los regidores deberán entregar, durante agosto y septiembre de cada año, un informe individual de actividades ante sus respectivos cabildos y difundirlo mediante los canales oficiales de sus ayuntamientos.
Además, legisladores de distintas bancadas presentaron iniciativas sobre el control de medicamentos, la transparencia institucional, la remuneración de prácticas profesionales y servicio social, la simplificación de licencias de alcoholes y la sustentabilidad de los materiales educativos.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela, de Morena, propuso crear un sistema digital para rastrear los medicamentos e insumos médicos del Isssteson desde su adquisición hasta su distribución, con el fin de detectar irregularidades y prevenir su desvío o comercialización ilegal.
Por su parte, el diputado David Figueroa Ortega, del PVEM, planteó ampliar las obligaciones de transparencia del Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
El legislador Jesús Manuel Scott Sánchez, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para establecer una remuneración mínima mensual equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes realicen prácticas profesionales o servicio social.
En materia económica, Omar Francisco del Valle Colosio, del PVEM, propuso simplificar los trámites para obtener licencias de bebidas alcohólicas y establecer alternativas de pago para micro, pequeñas y medianas empresas, sin eliminar la supervisión estatal.
Asimismo, César Adalberto Salazar López, de Nueva Alianza Sonora, propuso impulsar una reforma a la Ley General de Educación para incorporar criterios de sustentabilidad, reciclaje y economía circular en la producción y gestión de libros de texto gratuitos y otros materiales educativos.
Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia, Educación y Cultura, y Hacienda para su análisis y eventual dictaminación.
La Mesa Directiva convocó a la siguiente sesión ordinaria para el jueves 29 de octubre, a las 10:00 horas.
Con información de congresoson.gob.mx
