Dos jóvenes de 16 años y una de 14 fueron señaladas por maltrato infantil y violación a la privacidad. Los hechos ocurrieron en una funeraria, donde una de ellas había quedado momentáneamente a cargo de la pequeña.
Hermosillo, Sonora, 17 de noviembre de 2026.— Tres adolescentes, dos de 16 años y una de 14, deberán comparecer ante un juez especializado el próximo 30 de noviembre por su probable participación en el caso de una niña a quien hicieron utilizar un cigarrillo electrónico y cuya exposición fue grabada y difundida en redes sociales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el caso fue judicializado por los delitos de maltrato infantil y violación a la privacidad, luego de identificar a las tres adolescentes presuntamente involucradas.
El fiscal general, Gustavo Rómulo Salas Chávez, reveló nuevos detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, que provocaron indignación pública tras la circulación de los videos.
De acuerdo con la investigación, todo sucedió en una funeraria, mientras los padres de la niña acompañaban a familiares durante un servicio fúnebre.
En ese contexto, una de las adolescentes recibió el encargo de cuidar momentáneamente a la pequeña. Sin embargo, presuntamente aprovechó la situación para acercarle un dispositivo de vapeo y hacer que lo utilizara.
Mientras una adolescente realizaba esa acción, otra grababa y una tercera participaba en los hechos. El video fue posteriormente difundido en plataformas digitales.
La niña había sido puesta bajo el cuidado de una persona que, lejos de protegerla, presuntamente la expuso a un riesgo innecesario y convirtió el episodio en contenido para redes sociales.
La conducta resulta especialmente grave por la vulnerabilidad de la víctima, incapaz por su edad de comprender los riesgos del dispositivo o de defenderse frente a quienes estaban a cargo de ella.
Tres adolescentes ante la justicia
Salas Chávez explicó que las investigaciones permitieron identificar a las probables participantes y presentar el caso ante la autoridad judicial especializada.
La audiencia inicial está programada para el 30 de noviembre, cuando las tres adolescentes deberán responder a las imputaciones por maltrato infantil y violación a la privacidad.
Este último delito está relacionado con la grabación y difusión de las imágenes de la pequeña.
El fiscal precisó que, debido a las características de los delitos atribuidos y a las disposiciones del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no procede automáticamente imponer internamiento preventivo.
La determinación de responsabilidades y las medidas correspondientes estarán a cargo del juez especializado.
La responsabilidad de cuidar a una niña
El caso también deja una reflexión que va más allá del proceso judicial: la responsabilidad que implica hacerse cargo de una niña pequeña, incluso durante unos minutos.
La edad de las presuntas responsables no convierte lo ocurrido en una simple travesura. Acercar un vapeador a una niña, grabar la acción y difundirla implica una cadena de decisiones que puso en riesgo su integridad y vulneró su privacidad.
También obliga a preguntarse qué educación y límites reciben adolescentes capaces de participar en una conducta de esta naturaleza, y hasta qué punto los adultos de su entorno están atentos a sus comportamientos.
En cuanto a los padres de la pequeña, la información revelada por la Fiscalía establece que habían confiado momentáneamente su cuidado a una de las adolescentes mientras participaban en un servicio fúnebre. No se ha informado que estuvieran presentes durante los hechos ni que conocieran lo ocurrido.
La niña permanece con sus padres
La FGJES informó que, como parte de la investigación, se realizaron entrevistas, se ordenaron estudios médicos y toxicológicos y se dio intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los resultados de esos estudios ni si la pequeña presentó alguna afectación a su salud.
El fiscal confirmó que la niña permanece bajo el cuidado de sus padres, mientras continúa el procedimiento judicial.
La judicialización representa un avance en el esclarecimiento del caso, pero todavía falta conocer la resolución de la autoridad especializada.
Lo ocurrido no puede reducirse a una ocurrencia adolescente ni a un video que se volvió viral. La integridad de una niña fue puesta en riesgo por quienes debían cuidarla, y su imagen terminó expuesta públicamente.
La responsabilidad de proteger a la infancia comienza mucho antes de que intervenga una fiscalía.






