La administración de Antonio Astiazarán recurrió a un convenio de concertación para entregar a Red Ambiental el manejo del relleno sanitario, apenas semanas después de que el Congreso estableciera nuevos controles para las concesiones municipales de largo plazo. El acuerdo promete ahorros y modernización, pero deja preguntas sobre su legalidad, la licitación que quedó en el camino y las obligaciones que heredarán las siguientes administraciones.

El negocio de la basura en Hermosillo acaba de cambiar de manos, aunque no precisamente mediante el procedimiento que originalmente había anunciado el Ayuntamiento.

Después de casi 30 años de operación a cargo de Técnicas Medioambientales de México (Tecmed), el relleno sanitario municipal quedó en manos de Red Ambiental, empresa que operará las instalaciones durante los próximos 20 años, de acuerdo con un convenio aprobado por el Cabildo la noche del miércoles 18 de noviembre.

La decisión tiene varios ingredientes que ameritan una revisión detenida: una concesión que arrastra una larga historia de conflictos, una licitación pública que aparentemente quedó desplazada, una reforma legislativa aprobada apenas cinco semanas antes y un cambio de figura jurídica que permite al Ayuntamiento sostener que no está otorgando una nueva concesión.

Y todo esto con una administración municipal que, al menos en el discurso, asegura haber conseguido mejores condiciones económicas para la ciudad.

La pregunta es si también consiguió mejores condiciones de transparencia y certeza jurídica. Porque ahorrar dinero siempre es buena noticia; comprometer los servicios públicos de una ciudad durante dos décadas sin despejar las dudas sobre el procedimiento es otra cosa.

Una concesión que nació en 1996 y terminó en los tribunales

Para entender el episodio actual hay que regresar al 18 de noviembre de 1996, cuando el Ayuntamiento de Hermosillo, encabezado entonces por Gastón González Guerra, otorgó a Tecmed la concesión para la operación, conservación, mantenimiento y explotación del relleno sanitario.

El contrato original tenía una vigencia de 20 años, por lo que debía concluir en 2016. Sin embargo, en 2008, durante la administración de Ernesto Gándara Camou, se autorizó una prórroga de diez años adicionales, extendiendo su vencimiento hasta el 18 de noviembre de 2026.

Entre las obligaciones originales de la empresa estaba la construcción de una planta de recepción de residuos y la instalación de equipos para clasificar, separar y almacenar materiales reciclables.

En 2019, el Ayuntamiento encabezado por Célida López contrató una auditoría para determinar si Tecmed estaba cumpliendo con sus compromisos. El estudio costó 453 mil pesos, pero sus resultados no fueron difundidos públicamente, de acuerdo con una investigación de Proyecto Puente publicada en enero de 2025.

El asunto escaló en 2020, cuando el Ayuntamiento inició formalmente el procedimiento para revocar la concesión. Entre los señalamientos estaban presuntas deficiencias en el confinamiento de los residuos y el incumplimiento de obligaciones ambientales.

El 8 de abril de 2021, el Cabildo aprobó la revocación con 18 votos a favor, uno en contra y una abstención. La empresa rechazó los señalamientos y defendió que realizaba correctamente sus actividades.

La resolución, sin embargo, abrió un prolongado conflicto jurídico. Tecmed recurrió a distintos procedimientos judiciales para defender sus derechos sobre la concesión, mientras el Ayuntamiento continuó con las acciones legales para sostener su decisión.

Los expedientes municipales registraron diversos amparos promovidos por la compañía, además de procedimientos civiles y administrativos relacionados con la controversia.

Entre los asuntos identificados en documentos públicos aparecen los juicios civiles 336/2021 y 515/2021, así como el juicio administrativo 1202/2021. También se documentaron numerosos amparos, algunos de ellos con cambios de número durante su tramitación.

El conflicto no fue menor: la relación entre ambas partes terminó marcada por desacuerdos sobre las obligaciones contractuales, el pago por la recepción de residuos y las condiciones de operación del relleno.

En 2025, trabajadores municipales denunciaron retrasos de hasta tres horas y media para descargar basura, mientras la empresa argumentaba que existían adeudos del Ayuntamiento. En marzo de 2026 volvieron a registrarse bloqueos y esperas de camiones recolectores, en medio de las diferencias por pagos pendientes.

Así que cuando el Ayuntamiento comenzó a preparar el relevo de Tecmed, no se trataba simplemente de buscar un nuevo proveedor. Había una relación contractual de tres décadas que terminaba con una considerable carga de litigios y cuentas todavía discutidas.Proyecto Puente+6

La licitación: veinte años más para el manejo de la basura

El siguiente capítulo comenzó antes de que venciera el contrato de Tecmed.

El Ayuntamiento publicó el 11 de septiembre de 2026 la convocatoria CP-DGSPM-TC-01-2026 para concesionar parcialmente el servicio público de manejo de residuos sólidos urbanos.

El procedimiento contemplaba las etapas de transferencia, trasvase, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, además del mantenimiento, ampliación, equipamiento y modernización de las instalaciones relacionadas con el servicio.

La duración prevista era de hasta 20 años.

Las bases tenían un costo de 60 mil pesos y exigían una garantía de seriedad de dos millones de pesos. El calendario contemplaba visitas a las instalaciones, una junta de aclaraciones el 6 de octubre, recepción y apertura de propuestas el 20 de octubre y fallo el 30 del mismo mes.

El 5 de octubre, el Ayuntamiento aprobó en Cabildo el dictamen relacionado con el procedimiento.

Desde entonces, organizaciones ambientalistas comenzaron a cuestionar la falta de información pública sobre las condiciones económicas y ambientales de la futura concesión.

Patricia Montes, integrante del Colectivo Ambientalista de Sonora, señaló que no se oponían a contratar especialistas para manejar el relleno, sino a entregar un servicio durante dos décadas sin que la ciudadanía pudiera conocer con claridad los compromisos de la empresa y las obligaciones que asumiría el municipio.

Uno de los puntos más cuestionados fue que para consultar las bases completas de la licitación había que pagar 60 mil pesos.

El colectivo también pidió conocer los estudios técnicos y financieros, las inversiones obligatorias, las tarifas, las garantías y las sanciones por incumplimiento.

La preocupación tenía fundamento en la experiencia anterior: Hermosillo estaba a punto de terminar una relación de 30 años que había derivado en litigios, restricciones operativas y cuestionamientos ambientales.Libera Radio+2

El Congreso pone un candado… y aparece otra puerta

Aquí es donde la historia adquiere un giro particularmente interesante.

El 13 de octubre, el Congreso de Sonora publicó el Decreto 146, mediante el cual reformó la Ley de Gobierno y Administración Municipal para establecer que las concesiones de servicios públicos municipales cuya vigencia rebase el periodo constitucional del Ayuntamiento requieren autorización previa del Poder Legislativo.

La modificación no se limitó a exigir una votación legislativa. Estableció también una serie de requisitos para evaluar la conveniencia de comprometer un servicio público durante varias administraciones.

Entre ellos figuran:

  • Dictámenes técnicos, financieros, legales y administrativos.
  • Convocatoria y constancias de publicación.
  • Análisis de costo-beneficio frente a otras modalidades de prestación del servicio.
  • Proyección del impacto en la hacienda municipal durante toda la vigencia.
  • Programa de inversiones y justificación del plazo.
  • Opinión de la Tesorería sobre la sostenibilidad financiera.

El Congreso tendría 30 días hábiles para resolver una vez recibido el expediente completo.

Pero hay un detalle especialmente importante: el artículo segundo transitorio del decreto establece que los procedimientos de concesión que estuvieran en trámite y en los que todavía no se hubiera expedido el documento correspondiente también quedarían sujetos a las nuevas disposiciones.

Es decir, la reforma entró en vigor el mismo día de su publicación, el 13 de octubre, y alcanzaba al procedimiento que Hermosillo ya tenía en marcha.CIPES+1

¿Fue una reforma con dedicatoria?

No existe evidencia documental suficiente para afirmar que el Congreso legisló expresamente contra Antonio Astiazarán o que el decreto estuviera dirigido exclusivamente al caso del relleno sanitario.

Sin embargo, el momento en que se aprobó y el tipo de operación que buscaba regular hacen difícil ignorar la coincidencia.

El Ayuntamiento ya había abierto un procedimiento para entregar durante 20 años el manejo de los residuos. El Congreso estableció nuevos controles para las concesiones de esa duración y, apenas unas semanas después, el municipio terminó recurriendo a una figura jurídica diferente.

El Poder Legislativo tiene facultades para regular las concesiones municipales y establecer controles sobre los compromisos que rebasan una administración. Lo que también tendría que explicar es por qué una reforma de semejante trascendencia se aprobó cuando ya existía un procedimiento en marcha, sin que aparentemente hubiera una coordinación suficiente con el Ayuntamiento para evitar que el asunto terminara convertido en una disputa sobre la interpretación de la ley.

Porque legislar para corregir problemas está bien. Hacerlo sin prever cómo se aplicará una reforma a procedimientos que ya están en curso puede terminar generando más problemas de los que pretendía resolver.

18 de noviembre: cambia la figura jurídica y se acaba la licitación

Llegamos al episodio más reciente.

La noche del miércoles 18 de noviembre, el Cabildo de Hermosillo celebró una sesión extraordinaria para aprobar la propuesta del alcalde Antonio Astiazarán de formalizar un convenio de concertación con Red Ambiental Cipres, S.A. de C.V., por un periodo de 20 años.

La diferencia no es solamente de nombre.

La Ley de Gobierno y Administración Municipal contempla dos modalidades distintas para que los particulares participen en la prestación de servicios públicos: la concesión y la concertación.

El artículo 286 establece expresamente que los convenios de concertación con particulares deben aprobarse por mayoría calificada del Ayuntamiento y contener las condiciones de prestación del servicio, las aportaciones de las partes, sus derechos y obligaciones, las tarifas y las formas de rescisión o extinción.

También establece que las tarifas deben ser aprobadas por el Congreso y que los convenios deben publicarse en el Boletín Oficial.

Por tanto, el convenio de concertación no es una figura inventada para esta ocasión ni una modalidad ilegal por sí misma.

El problema está en otra parte.

La reforma del 13 de octubre estableció la autorización legislativa previa para las concesiones que rebasen el periodo constitucional del Ayuntamiento, pero no incorporó expresamente esa misma exigencia para los convenios de concertación previstos en el artículo 286.

Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿puede una administración entregar a una empresa la operación de un servicio público durante 20 años, con obligaciones y contraprestaciones equivalentes a las de una concesión, simplemente denominando el instrumento convenio de concertación?

La diferencia jurídica entre ambas figuras existe. Lo que está por determinarse es si la operación aprobada por el Cabildo corresponde realmente a una concertación o si, por su objeto, alcance y condiciones, reúne las características sustanciales de una concesión.

No basta con ponerle otro nombre al documento para resolver esa discusión.

Además, hay un dato que complica todavía más el asunto: la reforma legislativa contemplaba expresamente los procedimientos de concesión que ya estaban en trámite. El Ayuntamiento había iniciado precisamente uno de ellos y todavía no había concluido con la adjudicación.

La secuencia es difícil de pasar por alto: se inicia una licitación para una concesión de 20 años, entra en vigor una reforma que exige autorización del Congreso para ese tipo de contratos y finalmente se aprueba un convenio de concertación con el mismo propósito y prácticamente el mismo horizonte temporal.

¿Una alternativa jurídica legítima o una manera de esquivar el candado legislativo?

La respuesta definitiva corresponde a una interpretación jurídica que deberá considerar el contenido íntegro del convenio y no solamente el título que le hayan colocado. Pero la coincidencia merece, cuando menos, una explicación pública mucho más amplia que la ofrecida hasta ahora.Congreso Sonora+3

¿Fue una sesión a puerta cerrada y con quórum a modo?

La sesión extraordinaria fue convocada el 17 de noviembre para celebrarse al día siguiente, a las 19:30 horas, en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal.

La información oficial del Ayuntamiento registra la asistencia de 21 integrantes y dos ausencias: los regidores Raymundo Lagarda Borbón y Blanca Lorena Colosio Altamirano.

Esto último merece una precisión: con 21 asistentes de un Ayuntamiento de 23 integrantes, no hay elementos para sostener que se hubiera integrado apenas el quórum mínimo necesario para sacar adelante el asunto. La ley establece como requisito la mitad más uno de sus integrantes.

Regidores de Morena y el PES han denunciado que la sesión se llevó a puerta cerrada, de manera atropellada y con visos de ilegalidad.

Lo que sí puede cuestionarse es la premura con la que se convocó para resolver un asunto que compromete el manejo de los residuos de la ciudad hasta 2046.

Y hay otro pendiente de transparencia: en el registro municipal consultado aparece la sesión número 36, pero todavía no está disponible el acta con el dictamen correspondiente.

Por tanto, para conocer con precisión el sentido de cada voto, las intervenciones, los argumentos jurídicos y las condiciones que se sometieron a consideración de los regidores, será necesario contar con el acta y el convenio íntegro.

No es un asunto menor. Una decisión de esta magnitud no debería quedar explicada únicamente mediante un boletín de prensa.transparenciaproactiva.hermosillo.gob.mx+2

¿Qué gana y qué compromete Hermosillo?

La administración municipal presentó el acuerdo como una operación favorable para las finanzas públicas.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, el pago mensual por el manejo y disposición final de los residuos pasará de 8 millones 340 mil pesos a 6 millones 800 mil pesos, ambas cantidades más IVA.

El ahorro anunciado

Pago mensual anterior

$8.34 M

Nuevo pago mensual

$6.80 M

Ahorro mensual

$1.54 M

Ahorro anual

$18.48 M

Proyección nominal durante 20 años, suponiendo que el ahorro mensual se mantenga sin ajustes.

$369.6 millones

Estimación aritmética, antes de IVA y sin considerar inflación, actualización de tarifas, variaciones en el volumen de residuos ni otras obligaciones contractuales.

La reducción representa un alivio inmediato para las finanzas municipales. Sin embargo, no debe confundirse el ahorro mensual anunciado con el costo total del convenio.

A 6.8 millones mensuales, el Ayuntamiento comprometería inicialmente 1,632 millones de pesos durante los 20 años, sin considerar IVA ni eventuales actualizaciones.

El punto fundamental es que no conocemos todavía la fórmula completa de actualización de pagos, las inversiones que deberá realizar Red Ambiental, las garantías que ofrecerá ni las penalizaciones por incumplimiento.

Tampoco se ha hecho público, en la información consultada, un análisis financiero integral que permita comparar cuánto costaría mantener el esquema actual, operar directamente el servicio o contratarlo bajo otras modalidades.

Hay otro aspecto relevante: el convenio contempla que las tarifas que pagarán empresas y usuarios por depositar residuos sean determinadas mediante la Ley de Ingresos del Municipio, con intervención del Congreso del Estado.

Esto significa que el Poder Legislativo conservará una participación en la definición de esos cobros, aunque la discusión sobre la autorización del convenio de largo plazo es distinta.

En otras palabras, el Ayuntamiento anuncia un ahorro, pero la ciudad todavía necesita conocer la letra pequeña de un compromiso que sobrevivirá a varias administraciones municipales.Uniradio Informa Sonora+2

¿Qué ofrece Red Ambiental que no tenía el esquema anterior?

La empresa seleccionada es Red Ambiental. Tiene operaciones en distintos municipios del país, entre ellos General Escobedo, San Nicolás de los Garza, General Zuazua y Santa Catarina, en Nuevo León; Cancún y Playa del Carmen, en Quintana Roo; San Luis Potosí y Mérida.

Su propuesta para Hermosillo contempla, de acuerdo con la información municipal, una serie de cambios operativos.

Uno de los principales es que el relleno sanitario recibirá residuos las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto busca eliminar los tiempos de espera de los camiones recolectores, que de acuerdo con los reportes llegaron a prolongarse hasta cuatro horas.

También se anunció la rehabilitación de la infraestructura, el mejoramiento de los caminos interiores y una mayor capacidad de respuesta para recibir los residuos.

Entre las novedades se mencionan dos aspectos que vale la pena destacar: el manejo y aprovechamiento de llantas y una mayor capacidad para procesar residuos vegetales.

Esto último abre la posibilidad de aprovechar materiales que tradicionalmente terminan confinados, en lugar de enviarlos directamente a las celdas del relleno.

La empresa también promociona un modelo denominado CIPRES (Centro Integral de Procesamiento de Residuos), que integra distintas actividades:

  • Diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios.
  • Control y tratamiento de lixiviados.
  • Captación y gestión de biogás.
  • Biotransformación y aprovechamiento de residuos orgánicos.
  • Procesos de trazabilidad y control ambiental.

En su planteamiento empresarial, la disposición final deja de ser la única actividad y se integra a un sistema que busca recuperar materiales y aprovechar los residuos.

Esto representa una diferencia conceptual importante respecto de un modelo centrado fundamentalmente en recibir toneladas, compactarlas y confinarlas.

Pero aquí conviene separar las posibilidades tecnológicas de las obligaciones efectivamente adquiridas.

En la información municipal sobre el convenio se mencionan las mejoras operativas, el aprovechamiento de llantas y el procesamiento de residuos vegetales. No se han detallado públicamente metas cuantificables de reciclaje, toneladas de materiales recuperados, generación de composta, captación de metano o producción de energía.

Es decir, Red Ambiental tiene una oferta tecnológica más amplia, pero falta conocer qué parte de ella quedó comprometida contractualmente para Hermosillo, cuánto costará y en qué plazos deberá ejecutarse.

No sería la primera vez que una ciudad escucha promesas de modernización ambiental y termina pagando durante años por un servicio que se mide principalmente en toneladas depositadas.

El antecedente de Tecmed: lo que Hermosillo no debería repetir

La salida de Tecmed abre una oportunidad que va mucho más allá de cambiar de operador.

Durante años, el esquema contractual mantuvo al Ayuntamiento atado a condiciones que dificultaron la implementación de políticas de separación y aprovechamiento de residuos.

Una investigación de Proyecto Puente documentó que el contrato original contemplaba obligaciones de separación y clasificación de materiales reciclables, así como un mínimo mensual de toneladas por depositar que, según ambientalistas, limitaba la posibilidad de reducir los residuos enviados al relleno.

En octubre de 2026, el especialista Héctor Montesinos, de la Universidad de Sonora, también señaló que Tecmed no había implementado sistemas de captación de biogás o metano, pese a las obligaciones ambientales aplicables, y que esa situación debía corregirse en el nuevo modelo.

Por eso, la discusión ambiental no debería agotarse en saber quién recibirá los camiones recolectores.

Hermosillo necesita un sistema que reduzca la cantidad de residuos que llegan al relleno, fomente la separación desde los hogares, recupere materiales reciclables, procese residuos orgánicos y permita aprovechar los gases generados por la descomposición.

La Ley General de Economía Circular, publicada en enero de 2026, refuerza precisamente la prioridad de reducir, reutilizar y valorizar los residuos antes de su disposición final.

El reto es que esos objetivos no se queden en una presentación comercial de la empresa o en los discursos de los funcionarios.

Las preguntas que siguen pendientes

La decisión del Cabildo ya está tomada, pero eso no significa que la discusión haya terminado.

Hay asuntos que el Ayuntamiento debe aclarar y documentos que deberían estar al alcance de la ciudadanía:

1. ¿Por qué se abandonó o sustituyó el procedimiento de licitación que contemplaba la convocatoria CP-DGSPM-TC-01-2026? ¿Qué empresas participaron y qué ocurrió con las propuestas recibidas?

2. ¿Cuál es el fundamento jurídico para considerar que un convenio de concertación de 20 años no está sujeto a la autorización legislativa establecida para las concesiones de largo plazo?

3. ¿Qué inversiones concretas realizará Red Ambiental, cuánto costarán y en qué plazos deberán estar terminadas?

4. ¿Qué mecanismos de supervisión tendrá el Ayuntamiento y cuáles serán las sanciones por incumplimientos?

5. ¿Qué pasará con los pasivos ambientales y las obligaciones pendientes de Tecmed?

6. ¿Cuáles serán las metas de separación, reciclaje, aprovechamiento de llantas y procesamiento de residuos vegetales?

7. ¿Qué fórmula se utilizará para actualizar los pagos durante las dos décadas del convenio y qué obligaciones financieras adicionales asumirá el municipio?

Son preguntas que no deberían incomodar a nadie. Se trata de recursos públicos y de un servicio que afecta diariamente a toda la población.

También corresponde al Congreso revisar las tarifas que le sean presentadas y, si se considera que el convenio representa en realidad una concesión, examinar la procedencia de la autorización prevista en el Decreto 146. Las instancias fiscalizadoras y jurisdiccionales podrán intervenir si se presentan elementos para cuestionar la legalidad del procedimiento.

El 19 de noviembre de 2026 comienza una nueva etapa para el relleno sanitario de Hermosillo. Tecmed deja las instalaciones después de tres décadas y Red Ambiental toma el relevo con la promesa de modernizar el servicio, reducir costos y aprovechar mejor los residuos.

La ciudad necesita que esa promesa se cumpla.

Pero también necesita saber por qué una licitación pública de 20 años terminó convertida en un convenio de concertación por el mismo plazo, justo después de que el Congreso estableciera nuevos controles para las concesiones de esa duración.

Si el cambio de figura es jurídicamente válido, el Ayuntamiento debería poder demostrarlo sin rodeos. Y si se trata de una operación que en los hechos equivale a una concesión, entonces el candado legislativo no debería convertirse en una puerta decorativa.

Porque la basura puede cambiar de manos, las empresas pueden cambiar de nombre y los políticos pueden cambiar de discurso. Lo que no debería cambiar es la obligación de rendir cuentas.

Documentos y antecedentes para consulta